La podredumbre de la corrupción llega a la Hacienda portuguesa

Esta semana la Policía Judicial portuguesa ha detenido a 15 funcionarios de la Autoridad Tributaria lusa, entre los cuales se encuentra un director adjunto de Finanzas y varios jefes de división de Hacienda, en el marco de la denominada ‘Operación Tax Free’ contra la corrupción dentro la administración fiscal del país.

Según la Fiscalía General de la República, los funcionarios detenidos formaban parte de una trama que manipulaba datos tributarios y proporcionaba información fiscal de terceras personas a cambio de cuantiosos sobornos. Se trataría, por tanto, de “actos de corrupción activa y pasiva”, uso indebido de información clasificada, y fraude informático.

La Fiscalía General indica que los detenidos eliminaban datos fiscales de las empresas implicadas en la trama para que pagaran menos impuestos y vendían información clasificada sobre competidores. En otros casos, manipulaban datos dentro del sistema informático de la Hacienda lusa para así emitir declaraciones de regularización fiscal o eliminar deudas pendientes de empresas determinadas. Según la Fiscalía, eso permitía que las firmas implicadas pudiesen presentarse a concursos públicos en los que la participación de empresas con deudas pendientes estuviera vetada.

Un grupo de abogados actuaban como intermediarios entre los empresarios y los técnicos de la administración pública. Servían de puentes para llevar a cabo las actividades ilícitas, que fuentes judiciales indican pueden haber costado varios millones de euros a las arcas públicas.

Aunque la operación supone un nuevo éxito para la Policía Judicial lusa, que en los últimos tiempos ha puesto especial énfasis en la lucha contra la corrupción, también subraya que el fraude ha logrado colarse incluso dentro de la entidad que está a cargo de destaparlo.

‘No es un país corrupto, pero sí corrompido’

Portugal figura en el número 28 del ranking de corrupción de la ONG Transparency International (TI), superado por países como Qatar, Uruguay y Dinamarca, que figura en el puesto número uno desde hace años; España está en el número 36 de la lista.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, João Pedro Batalha, director de Transparência e Integridade, la filial portuguesa de TI, considera que “Portugal no es un país corrupto, pero sí corrompido, debido a que tenemos un Gobierno y un Parlamento muy débil, susceptible de ser influenciado por grandes grupos económicos y de construcción”.

La asociación cívica estima que cada año millones de euros desaparecen en Portugal por culpa de la corrupción relacionada con la administración pública, aunque la enorme mayoría de estos fondos se pierden en grandes operaciones de construcción y no en pequeños sobornos que, según Batalha, “tendrían lugar, pero no son comunes”. Sin embargo, asegura que la situación ha comenzado a mejorar en los últimos años, gracias a una Fiscalía General que califica de “mucho más dinámica” y una ciudadanía más consciente de lo que está en juego.

“La crisis ha sido clave en el despertar de los portugueses. Hemos tenido que recortar muchísimo y todos hemos perdido dinero y por eso ya no tenemos paciencia con las corruptelas que nos roban a todos”.

Según Batalha, la nueva concienciación de los lusos ha llevado a una perspectiva paradójica: aunque la mayoría de los portugueses considera que el país es corrupto, el mismo porcentaje admite que nunca ha sido testigo de una corruptela en primera persona. “Es una perspectiva buena y mala. Implica que los lusos tienen una opinión negativa de su país, pero a la vez son más conscientes de las medidas que se tienen que tomar al respecto. Y ahora la gente se enfada y denuncia", dice.

Un año y medio de investigación

Fuentes de la Policía Judicial indican que fue precisamente un ciudadano disgustado con el sistema de sobornos quién denunció la existencia de la trama corrupta en Hacienda. Tras ser abordado por un funcionario que le solicitaba un soborno para “engrasar la maquinaria”, el empresario se puso en contacto con las autoridades.

La investigación duró un año y medio, durante el cual la Policía Judicial trabajó en conjunto con el Ministerio de Finanzas, que puso a varios técnicos de Hacienda a disposición de las autoridades judiciales para seguir los movimientos de los presuntos implicados.

El director de Transparência e Integridade considera que el dinamismo de la Policía Judicial –que ha implicado el registro de más de 100 propiedades en Lisboa, y la participación de más de 200 agentes policiales– “supone un paso en la buena dirección, ya que muestra al público que hay determinación para luchar contra la corrupción”.

Esa determinación ha sido particularmente evidente en los últimos años, durante los cuales el ex primer ministro socialista estuvo encarcelado por corrupción y blanqueo de dinero y, especialmente, durante el último año, cuando diversas operaciones anti-corrupción han dominado los titulares nacionales.

A finales de 2015 logró destapar una empresa dedicada al blanqueo de capitales, y poco después uno de los directores de la Seguridad Social en Lisboa fue detenido por corrupción pasiva y falsificación de documentos para defraudar al Estado. En febrero el exfiscal Orlando Figueira fue detenido y enviado a prisión acusado de corrupción pasiva al descubrirse que había recibido una transferencia de 200.000 euros el mismo día que archivó una investigación del actual vicepresidente de Angola por blanqueo de dinero. Y la semana pasada detuvieron a un matrimonio de Oporto por fraude y cobro indebido de ayudas del Estado al detectar que durante cinco años se habían desgravado en la declaración de la renta por un hijo que no existía.

Aunque todo ello muestra los avances en la lucha, Batalha señala que todavía queda mucho trabajo por delante. “Para llevar a cabo más operaciones como ésta la Policía Judicial necesita más medios, tanto económicos como informáticos, y el Ministerio de Justicia necesita más magistrados especializados, capaces de tratar temas de corrupción en el ámbito financiero. Sólo así conseguiremos avanzar”.