Estado de emergencia

Indignación ante la abstención del 80% de la Asamblea Nacional francesa

La Cámara Baja gala quiere que el Consejo de Ministros pueda decretar el estado de emergencia, mientras que la retirada de la nacionalidad a los sospechosos de terrorismo mantiene divididos a partes iguales a los diputados dentro de sus propios partidos.

El primer ministro galo, Manuel Valls.

El primer ministro galo, Manuel Valls. Reuters

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Este martes la clase política se convirtió en el centro de todas las miradas en Francia al conocerse la noticia de la votación, durante la noche del lunes, ante un desértico hemiciclo en el primer paso para la introducción de un nuevo artículo en la Constitución.

Durante las semanas que siguieron a los atentados del 13 de noviembre y hasta hoy, la aceptación de esta reforma ha ocupado un sinfín de debates en torno a la ampliación de poderes que ésta otorgaría al Ejecutivo. Hasta el momento, el estado de emergencia debe ser votado por el Parlamento. Con su introducción en la Constitución, para la que aún quedan más votaciones por delante -este mismo miércoles en la Asamblea y más adelante en el Senado- el Consejo de Ministros tendría autoridad para decretar el estado de emergencia.

Esta norma permite a las fuerzas del orden mandar la realización de registros sin orden judicial, así como decretar arrestos domiciliarios a aquellas personas cuya actividad “pueda resultar peligrosa para la seguridad y el orden público”. También hace posible la restricción de la circulación de personas y vehículos y permite instaurar las medidas necesarias para asegurar el control de la prensa.

De 577 diputados, únicamente emitieron su voto 136; es decir: el 76% de los diputados estaban ausentes del hemiciclo. Con 7 abstenciones, 103 diputados a favor y 26 votos en contra, (principalmente del grupo ecologista y del partido Frente de Izquierdas), la Cámara Baja aprobó este artículo. Si supera los trámites pendientes, el Consejo de Ministros podrá decretar el estado de emergencia “ante un peligro inminente de atentados al orden público”, pero también en caso de “calamidad natural”, esto es, catástrofes naturales.

A esta reforma se le ha agregado un principio de control parlamentario que permitiría que la ley deba someterse a la votación de los diferentes grupos políticos en caso de querer prorrogarla más de cuatro meses.

De los 196 miembros que conforman el grupo parlamentario del partido conservador de Nicolas Sarkozy, Los Republicanos, tan sólo diez diputados se pronunciaron durante esta primera votación, aunque la ausencia de 180 de los 287 diputados del grupo socialista ha sido la que más polémica ha generado, teniendo en cuenta que la propuesta de la norma proviene del Ejecutivo de François Hollande.

INDIGNACIÓN ANTE LA ABSTENCIÓN

Las reacciones no han tardado en invadir las redes sociales, siendo la minoría de políticos allí presentes los primeros en mostrar su incomprensión ante la ausencia de diputados para votar esta norma. Cécile Duflot, diputada del grupo ecologista (el único en el que más de 50% de sus miembros estuvieron presentes durante la votación), no tardaba en compartir su sorpresa en su cuenta de Twitter. “Con 448 ausentes, el estado de emergencia ya está en la Constitución”.

Periodistas como Fabrice Arfi, de Mediapart, reaccionaban invitando a los parlamentarios a dedicarse a otro oficio al conocer el absentismo. 

Entre los ausentes más mediáticos, se encuentra el ex primer ministro de Los Republicanos, François Fillon, los candidatos a las primarias del mismo partido, Nathalie Kosciusko-Morizet y Bruno Le Maire, o la sobrina de la presidenta del Frente Nacional, Marion Maréchal Le Pen.

La nueva norma sobre el estado de emergencia encontraba un relativo consenso entre los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, (como lo demuestra su holgada aceptación entre los allí presentes), lo que puede servir de explicación al comportamiento de los parlamentarios ante la votación del primer artículo, que no parece ser el mismo ante la segunda norma.

El primer artículo de esta reforma se ha visto además empujado en las últimas semanas a un segundo plano ante la polémica que el artículo 2 ha generado en la opinión pública. De ser aceptado en la votación solemne del conjunto de reformas que tendrá lugar este miércoles, la privación de nacionalidad entraría en la Constitución francesa pudiendo juzgar únicamente a los ciudadanos binacionales, puesto que Francia ha reiterado su oposición a la creación de apátridas con esta medida.

RETIRADA DE LA NACIONALIDAD CON PARTIDOS DIVIDIDOS

El segundo artículo del proyecto de ley, aprobado en la noche del martes en su primera votación, tampoco ha tenido una participación alta, a pesar de la polémica que había generado hasta el punto de provocar la dimisión de la ministra de Justicia, Christiane Taubira. 332 diputados votaron a las 23:20 del martes la privación de la nacionalidad francesa a sospechosos en materia de terrorismo, con 162 votos a favor, 148 en contra y 22 abstenciones. 

La norma mantiene divididos a los diputados dentro de sus propios grupos parlamentarios y parece que será difícil obtener la mayoría de tres quintos en el Parlamento en la votación final del texto, informa Le Monde.

El voto con respecto a este artículo está sumamente igualado: en el Partido Socialista de Hollande 119 han votado a favor, mientras que 92 lo han hecho en contra y diez se han abstenido. En el caso de Los Republicanos, 32 han votado a favor y 30 en contra.

Los diputados se pronunciarán este miércoles sobre el conjunto de las reformas constitucionales, que más adelante deberá ratificar el Senado. Toda la problemática reside ahora en saber si este voto final de las medidas, la mayoría será lo suficientemente amplia como para inscribir el texto en la Constitución. La revisión necesita, no sólo los votos a favor de la Asamblea y el Senado, sino también una mayoría de tres quintos de los parlamentarios reunidos en el Congreso.