Crisis de refugiados

Bruselas lanza su polémico plan para crear una guardia europea de fronteras

Los países del este y España se resisten a ceder soberanía a la UE en la gestión de sus fronteras

Policías griegos en la frontera con Macedonia

Policías griegos en la frontera con Macedonia

La Comisión Europea ha lanzado este martes su controvertido plan para crear una nueva guardia europea de fronteras y costas. Es su respuesta a los “puntos débiles” y las “lagunas” del actual sistema. En 2015, un total de 1,5 millones de personas, entre refugiados e inmigrantes económicos, han entrado de forma irregular en territorio comunitario, el doble que en los cinco años anteriores acumulados. Este dato revela el “importante fracaso en la manera en que protegemos y gestionamos nuestras fronteras exteriores”, según ha admitido en la Eurocámara el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.

La solución que propone Bruselas es que los gobiernos nacionales cedan soberanía a la UE y que el control fronterizo se convierta en una “responsabilidad compartida”. Se trata de la única manera de garantizar la supervivencia del espacio Schengen y de reforzar la seguridad frente a la amenaza terrorista, ha alegado Timmermans. La guardia europea de fronteras podrá intervenir en caso de crisis migratoria grave, incluso si el estado afectado se opone. Pero los países del este y España, entre otros, se resisten a ceder soberanía a la UE en esta materia.

¿En qué consiste la guardia europea de fronteras?

La propuesta de Bruselas plantea transformar la actual Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), que se creó en 2004, en una reforzada guardia europea de fronteras. Para ello, se aumentará su plantilla permanente de 400 a 1.000 personas. Y su presupuesto subirá progresivamente de 143 millones de euros en 2015 a 322 millones en 2020. Además, por primera vez, se crea una reserva de 1.500 guardias fronterizos nacionales, que los estados miembros estarán obligados a ceder a Bruselas en un plazo máximo de tres días si la agencia lo pide. En la actualidad, las contribuciones a Frontex son voluntarias. De los 775 expertos que pidió en octubre para ayudar a Italia y Grecia, las capitales sólo le han enviado hasta ahora 447 efectivos. Los países con fronteras exteriores, como España, deberán aportar menos personal que los que sólo tienen fronteras interiores. Bruselas pagará los gastos de despliegue, mientras que los estados miembros deberán hacerse cargo de los salarios.

¿Qué nuevos poderes tendrá?

Por primera vez, la guardia europea podrá adquirir sus propios equipos, como lanchas guardacostas, y contará con una reserva de aviones, helicópteros y barcos puestos a su disposición por los estados miembros, que no podrán denegárselos en caso de necesidad urgente. También tendrá mandato para organizar, por iniciativa propia, vuelos de repatriación de inmigrantes irregulares y para llevar a cabo operaciones conjuntas con países de fuera de la UE, como Turquía. Finalmente, se amplía su margen de maniobra para participar en operaciones de búsqueda y salvamento.

¿Cuándo podrá intervenir contra la voluntad de país?

En las situaciones normales, los estados miembros seguirán siendo los principales responsables de la gestión de sus fronteras. En caso de una fuerte presión migratoria, los gobiernos podrán pedir la intervención de la guardia europea. Pero la principal novedad de la propuesta de Bruselas es que la agencia podrá actuar incluso en contra de la voluntad del país afectado. Esta posibilidad sólo se contempla como “último recurso”, cuando el gobierno en cuestión no adopte medidas correctivas y esté en riesgo la integridad del espacio Schengen. La decisión final la adoptará la Comisión Europea y para poder tumbarla las capitales deberán reunir una mayoría cualificada de votos. No obstante, el propio Ejecutivo comunitario reconoce que “si el estado miembro no coopera, será difícil desplegar los equipos” de la agencia. “Es una red de seguridad y esperamos que nunca tenga que usarse”, ha admitido el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

¿Qué países apoyan la propuesta y cuáles se oponen?

El plan de Bruselas cuenta con el apoyo de Francia y Alemania. Los ministros del Interior de los dos países escribieron a principios de diciembre una carta al Ejecutivo comunitario en la que reclamaban que, en situaciones de emergencia, Frontex pudiera desplegarse por iniciativa propia, sin necesidad del consentimiento del país de acogida. Piensan en el caso de Grecia, que durante meses se han negado a ceder a la UE el control de sus fronteras, pese a no contar con medios suficientes para hacer frente a la actual presión migratoria. Pero muchos otros estados miembros se resisten, en particular los países del este, pero también España. Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y Hungría ya dejaron claro el lunes que no aceptarán que la UE les arrebate la soberanía sobre sus fronteras. España es partidaria de reforzar Frontex pero tampoco ve con buenos ojos ceder poderes a Bruselas en el control fronterizo. El plan de Bruselas tiene que ser aprobado por los gobiernos por mayoría cualificada y por la Eurocámara.

¿Por qué habrá controles fronterizos a los ciudadanos de la UE?

Aparte de la creación de la nueva agencia de guardia de fronteras, la Comisión ha propuesto también este martes una revisión del código Schengen con el fin de reforzar los controles fronterizos. Esta medida de seguridad responde a una petición del Gobierno de Francia tras el atentado contra ‘Charlie Hebdo’ en enero, que se ha repetido después de los ataques de París del 13-N. El plan introduce la obligación de hacer controles sistemáticos en las fronteras exteriores a todos los ciudadanos de la UE, con el fin de verificar si suponen una amenaza a la seguridad pública. Los controles incluirán la consulta del sistema de información Schengen, la base de datos de Interpol y las bases nacionales de alertas de seguridad. El objetivo es poder detectar a los yihadistas europeos que han viajado a Siria o Irak y regresan con la intención de organizar atentados en Europa. La legislación actual sólo permite, en el caso de los ciudadanos comunitarios, verificar si los documentos de viaje son auténticos. A los extracomunitarios ya se les aplican estos controles sistemáticos.