Apenas horas después de que el PSOE de Málaga diese a conocer que había denunciado ante la Policía Nacional el "amaño" en determinadas contrataciones de la empresa municipal de aparcamientos, Smassa, y de que el alcalde, Francisco de la Torre, asegurase no tener noticias al respecto, la entidad mixta, en la que el Ayuntamiento es el máximo accionista, reconoce la existencia de irregularidades.

Por medio de una nota oficial, la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) informa de que el pasado 8 de febrero tuvo conocimiento "de irregularidades administrativas en materia de contratación sobre las que está trabajando desde entonces, revisando la documentación y comprobando los procedimientos de forma pormenorizada". La asunción de los hechos no se ha dado a conocer hasta casis dos meses y medio después.

Del análisis de la documentación, "se desprende que el Departamento de Obras de la empresa, responsable de los expedientes cuya tramitación está en cuestión, no ha realizado su trabajo correctamente". Pese a admitir que los procedimientos han sido "incorrectos" desde el punto de vista administrativo, la empresa asegura que los pagos realizados por "se corresponden, obviamente, con los trabajos efectivamente realizados".

En este escenario, la sociedad abrió el 7 de marzo pasado un expediente de información reservada para "depurar responsabilidades". Un trámite que sigue su curso y del que dependerá "el alcance de la responsabilidad del Departamento de Obras".

Asimismo, Smassa asegura haber brindado su total colaboración a la Policía Nacional, facilitando la información que ha requerido. Incluso, confirman que tanto el gerente de la entidad, Manuel Díaz, como la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, han prestado declaración tras ser citados a raíz de la denuncia el 18 de marzo y el 10 de abril, respectivamente.

De acuerdo con la denuncia realizada por el PSOE, "se falsificó la firma de una técnica para iniciar los procedimientos de contratación pública de técnicos que debían visar las obras del parking Pío Baroja, que ha acumulado un sobrecoste del 30% en su ejecución, disparándose hasta los 11 millones de gasto público".