Consulta 9N

El fiscal pide para Mas una pena que le impedirá ejercer 10 años un cargo público

Asimismo, pide 9 años de inhabilitación para la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Educación Irene Rigau por su actuación en la consulta soberanista del 9N.

Artur Mas junto a Irene Rigau

Artur Mas junto a Irene Rigau

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación que el fiscal acaba de pedir en un escrito de acusación presentado este lunes en el Tribunal Superior de Cataluña. Asimismo, pide 9 años de inhabilitación para la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Educación Irene Rigau.

El fiscal acusa a los tres por su actuación en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que celebraron pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El Ministerio Público, que presentó la querella que dio origen al procedimiento ahora abocado a juicio, les atribuye delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad.

El fiscal ha descartado el delito de malversación que apuntó en un escrito presentado al juez instructor el pasado 2 de febrero, delito que hubiera agravado significativamente la situación procesal de Mas porque conlleva penas de prisión. En ese escrito, el Ministerio Público enumeraba los datos descubiertos durante la investigación sobre los cuantiosos gastos con cargo a fondos públicos que se emplearon en la consulta ilegal del 9N y señalaba que, "sin perjuicio de su calificación definitiva, los hechos pudieran ser en abstracto y a título orientativo constitutivos de los delitos de desobediencia, prevaricación y acaso también malversación de caudales públicos".

Sólo en anuncios en los medios de comunicación la Generalitat invirtió 806.403 euros, la partida más importante del presupuesto destinado al 9N, a la que habría que añadir, en el capítulo de propaganda, el diseño y producción de la campaña (otros 21.767 euros) y el buzoneo (16.175 euros). A la configuración y desarrollo de las aplicaciones tecnológicas necesarias para la gestión de la votación y de sus resultados destinó cerca de 699.000 euros. En total, los fondos públicos empleados en el llamado "proceso participativo" ascendieron a 1.924.563 euros.

"Desafío completo y efectivo al TC"

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal,  Mas, "auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno, las también acusadas Ortega y Rigau, como Consellera de Governació y Consellera d’Educació respectivamente, y con intervención también del entonces Conseller de la Presidència, actualmente aforado ante el Tribunal Supremo, articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional".

 "Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, dejó de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del Tribunal, y se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar la votación señalada para el día 9 de noviembre de 2014".