Consulta 9N

La Fiscalía libra a Mas del único delito que le llevaría a la cárcel

Tiene "dudas" sobre la malversación porque los gastos para el 9N fueron comprometidos antes de que se suspendiera la consulta.

Artur Mas, junto a su sucesor, Carle Puigdemont

Artur Mas, junto a su sucesor, Carle Puigdemont

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La Fiscalía acusará al expresidente de la Generalitat Artur Mas de desobediencia al Tribunal Constitucional y de prevaricación por celebrar la consulta independentista del 9N pero le librará del delito más grave, la malversación de fondos públicos, el único de los tres cargos que está penado con la cárcel.

"Lo hemos estudiado mucho y tenemos dudas", afirmaron fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aseguraron que, "si lo hubiéramos visto claro acusaríamos también por malversación".

Las dudas respecto a un delito que fue objeto de la querella presentada por la Fiscalía en noviembre de 2014 se deben a los datos descubiertos durante la instrucción del proceso contra Mas y dos de sus subordinadas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau, tambien imputadas por el juez instructor, Joan Manel Abril.

"La instrucción ha permitido conocer el proceso de contratación de todos los servicios relacionados con la organización y desarrollo de la votación del día 9 de noviembre de 2014 en un grado de detalle que no se tenía al inicio del procedimiento", explica un escrito del teniente fiscal Francisco Bañeres y del fiscal Emilio Sánchez Ulled, encargados del caso. La investigación ha permitido constatar que todos los gastos (con algunas dudas respecto al alquiler del pabellón desde el que se dieron a conocer los resultados) "fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión [de la votación] por el TC el 4 de noviembre, "sin perjuicio de que algunos se paguen después".

"El hecho de haber contratado el servicio y comprometido el gasto cuando todavía no existía la suspensión hace que dicho compromiso resultara lícito en ese momento", afirman. Y, aunque la Generalitat hubiera debido suspender la ejecución de los contratos, "dejar de pagar lo legalmente comprometido es algo distinto, que razonablemente habría conducido a las reclamaciones de los contratistas".

Las fuentes consultadas destacan que ninguno de los imputados se quedó con dinero y que éste fue destinado a fines públicos. De esta manera, "el resultado de la instrucción, valorado en su conjunto, ha generado un margen de duda" respecto a la malversación de caudales públicos, especialmente por la dificultad de probar la intención de malversar.

Inhabilitación y multa

En ese escrito en el que adelanta que no acusará por malversación, el Ministerio Público anuncia que sí tiene intención de llevar a juicio a Mas, Ortega y Rigau por prevaricación y desobediencia al TC, delitos castigados con inhabilitación para cargo público y multa. El escrito de acusación se presentará una vez que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva los recursos que los tres imputados han presentado contra el auto de transformación dictado por Abril, recursos que el fiscal impugna en ese escrito.

La posibilidad de que los tres ex altos cargos de la Generalitat vayan a juicio por malversación aun no ha desaparecido del todo, ya que la acusación popular que ejercen manos Limpias y dos sindicatos policiales podría acusar por ese delito aunque el fiscal no lo haga.

De otro lado, en relación con la consulta del 9N el Supremo tiene abierta una causa contra el ex consejero de Presidencia Francesc Homs por los tres delitos que han sido objeto de investigación, incluida la malversación de fondos.