Pedro Sánchez justifica la rebaja de la malversación porque la corrupción ya no preocupa a los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la ley del “sólo sí es sí” que, por el momento ha facilitado la reducción de condena de más de 120 delincuentes sexuales y ha argumentado la rebaja de penas para el delito de malversación con los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que muestran que la corrupción ha dejado de estar ente las principales preocupaciones de los españoles.

Sánchez ha comparecido en la Moncloa para la habitual rueda de prensa de balance del semestre en la que ha dedicado la mayoría de su tiempo a explicar las nuevas medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania.

Sánchez ha esgrimido los datos económicos que muestran que los efectos de esa crisis son ya menores en España que en otros países europeos, especialmente, en lo referido a la inflación y al precio de la energía. A esa recuperación y a los resultados de las medidas de apoyo social y económico aprobadas hace descansar el presidente del Gobierno sus expectativas para 2023, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y, posteriormente, en las generales de diciembre.

No obstante, ha hecho la prevención de apelar a la “incertidumbre y el contexto económico complejo”, aunque su discurso económico ha sido optimista y de satisfacción por medidas como las que buscaban la reducción de la inflación y la bajada del precio de los combustibles y otras como la reforma laboral.

El presidente ha hecho una defensa de las leyes aprobadas en este periodo, sin atisbo de autocrítica o de reconocimiento de errores. Por ejemplo, respecto a la ley del “sólo sí es sí”, Sánchez ha reiterado que es una “ley pionera que incorpora nuevos tratamientos, con nuevas penas y para reforzar la protección de las mujeres”.

Sobre las más de 120 reducciones de condena ha señalado que a “los tribunales les corresponde establecer una correcta aplicación” Y el “Tribunal Supremo ha dicho que se debe analizar caso por caso, sin rebajas automáticas”.

Cuando se iniciaron las reducciones de condena, Sánchez explicó que debía hablar el Supremo, pero ha seguido la aplicación favorable para delincuentes sexuales. Y el 6 de diciembre dijo que no descartaba hacer recortes en la norma y ahora evita siquiera mencionar esa posibilidad.

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Algo parecido ocurre con la rebaja de la malversación, aprobada junto a la reducción de la sedición para favorecer a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Esta norma estará en vigor el 12 de enero y la propia Fiscalía Anticorrupción ha alertado sobre la posible reducción de condenas a políticos corruptos, pero Sánchez ha eludido responder qué hará si se produce. No ha respondido si se considerará responsable. 

Sólo ha dicho que incluye una disposición transitoria para que no se aplique de esa forma. La ley del “sólo sí es sí” carece de tal disposición, pero no se admite en el Gobierno que ello haya sido un error.

Al ser preguntado por esta reducción de penas, su respuesta ha sido referirse a la última encuesta del CIS que sitúa la corrupción en el número 18 de las preocupaciones de los ciudadanos. Este argumento es nuevo entre los utilizados por el Gobierno y el propio presidente para justificar esa discutida reforma.

Incluso ha señalado que la corrupción ya no es tema de conversación en las cenas familiares de Navidad, aunque sí estaba presente en la agenda política en 2018 cuando ganó la moción de censura a Mariano Rajoy, precisamente por el “caso Gürtel”.

Desde ahí, ha hecho continuas referencias a su política de “reencuentro y desinflamación” en Cataluña, a través de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, con referencias a la situación que se vivía en esa comunidad en 2017 y ahora.

Pese a esa vía de acuerdo, ha reiterado que no aceptará un referéndum de autodeterminación en Cataluña como exige ERC, como “no cabe en la Constitución, ni en la de ningún país”. Y ha explicado que siempre ha estado en las reuniones de la mesa, pero el Gobierno nunca ha accedido.

Según ha dicho, el “procés ha terminado” como han admitido algunos dirigentes independentistas y ha explicado que “el independentismo como proyecto político va contra los tiempos”.

Por eso, ha defendido su hoja de ruta basada en “la paciencia y la generosidad”.

No ha hablado expresamente del Tribunal Constitucional y, de hecho, no ha vuelto a mencionar lo del “complot de la derecha judicial, mediática y política” de la que habló hace 15 días y ha rebajado aquel discurso posterior a la suspensión de la votación en el Parlamento.

Al ser preguntado si el acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial sobre la renovación del Tribunal Constitucional frenaría la reforma legal que pretende para rebajar las mayorías para esa renovación, el presidente se ha limitado a asegurar que “entonces la urgencia no sería la misma”.

El presidente del Gobierno no se ha dado por aludido por las palabras del rey el pasado sábado hablando de “erosión de las instituciones” y ha imputado la responsabilidad a Alberto Núñez Feijoo por bloquear la renovación del CGPJ.

Su tesis es que Feijóo no ha cambiado nada con respecto a la oposición que mantuvo Pablo Casado.

“Ha sido una decepción para los votantes conservadores que esperaban algo más”, ha dicho.