Caso Taula

Lucha de clanes en el PP valenciano: "O Camps marca el criterio o aquí va a haber guerra"

La Guardia Civil detecta la pugna entre la Diputación y la Generalitat para hacerse con las mordidas.

El expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

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“Vamos a ver, o aquí el Presidente -Camps- (…) marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales”. Esta frase, una de las que aparecen en las grabaciones de la Operación Taula, forma parte de una conversación entre el autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, y Máximo Caturla, uno de los presuntos recaudadores de comisiones en la empresa de infraestructuras educativas de la Generalitat (Ciegsa). Y es esta conversación la que ha llevado a los investigadores a hablar de un conflicto entre dos partes del PP valenciano y de “intereses cruzados” en el cobro de comisiones.

Por un lado, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y Benavent. Del otro, personal con distintos cargos en la Generalitat Valenciana entre los cuales estaría el expresidente Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos, el exconseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, y el exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora. Así consta en un informe de la UCO incorporado al sumario de la pieza principal de Taula cuyo secreto fue levantado ayer y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. De hecho, una parte de este informe lleva el título: “Conflicto de intereses entre dos estrategias recaudatorias coincidentes en el tiempo”. En medio de esta guerra de comisiones estaba el propio Caturla que, en la conversación, se queja a Marcos Benavent, el arrepentido de Taula, de no saber cómo actuar.

Intereses cruzados por el reparto de comisiones

En septiembre de 2015, en uno de los interrogatorios policiales a Benavent, los agentes le preguntan por esta conversación y, también, a quién se referían cuando hablaban de “el Presidente”. El recaudador confeso admite anteriormente que con "presidente" se están refiriendo a Camps (éste ha negado rotundamente cualquier relación con una trama de comisiones o tener conocimiento de cajas B) y, tras ser preguntado con la citada frase de la guerra de laterales, contesta que están hablando de que hay intereses cruzados en relación a adjudicaciones y comisiones. Tras toda adjudicación había una comisión y, en esas grabaciones, se constata que existían intereses cruzados por el reparto de comisiones porque “todo el mundo quería conseguirlas y existían múltiples presiones” entre los bandos, llega a decir.

La Guardia Civil, en su informe, sostiene que, a la vista de estas grabaciones y de las explicaciones de Benavent, “parece claro que la actividad recaudatoria había generado un conflicto entre las partes interesadas”. “La citada actividad recaudatoria en beneficio del Partido Popular provincial cuya presidencia ostentaba Alfonso Rus pareció derivar en un momento determinado en un conflicto de intereses con la otra parte interesada por análogas tareas recaudatorias: los responsables del partido en el ámbito de la Generalitat Valenciana”, recoge el informe de la UCO. Se citan así dos bandos: el de Rus y el de la Generalitat. Los agentes matizan que, como demuestra la experiencia policial, cuanto mayor nivel tengan los implicados bien a nivel administrativo o a nivel orgánico dentro del partido, es más difícil obtener una fuente de prueba de su actuación porque están menos expuestos.

Víctor Camps y Gerardo Camps, los encargados

Los investigadores creen que Camps sería quien habría impartido determinadas instrucciones a Gerardo Camps en relación supuestamente a controlar las adjudicaciones y el reparto de comisiones. También le sitúan como la persona a quien Rus se dirigió “al menos en una ocasión” para trasladarle la necesidad de recibir dinero en el partido a nivel provincial. Camps lo niega. Según este informe, Víctor Camps y Gerardo Camps serían los encargados de controlar a quién se le tenían que adjudicar los centros educativos y de recaudar el dinero para el partido a nivel provincial o regional.

La operación Taula investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en tres ámbitos: el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación provincial (a través de la empresa Imelsa) y en la Generalitat Valenciana (por medio de la empresa pública de construcción de centros educativos Ciegsa).

Marcos Benavent ha admitido ser un recaudador del PP por orden de miembros del partido entre los que cita al propio Rus y al secretario autonómico de Educación y consejero de Ciegsa, Máximo Caturla. Este último es quien tenía capacidad de decisión sobre la adjudicación de los colegios, según declaró. También aseguró en estas declaraciones policiales que entre las personas que conocían el cobro de comisiones ilegales está el actual presidente provincial del PP, Vicente Betoret.