Listas ‘desbloqueables’ y barrera del 3%: la ley electoral que promueve la izquierda valenciana

PSPV, Compromís y Unides Podem, las formaciones que conforman el Gobierno Valenciano, presentaron el pasado jueves su proyecto de reforma electoral. La creación de una nueva ley fue una iniciativa fallida la pasada legislatura, cuando la izquierda no pudo sacarla adelante al carecer del apoyo imprescindible de PP o Ciudadanos. Pero los socios de gobierno confían en lograr esta vez el respaldo de la formación naranja.

La principal novedad que introduce el texto es una rebaja de la barrera de entrada, que pasaría del 5% de los votos al 3%. Se trata de una reivindicación histórica en la autonomía, donde formaciones como Esquerra Unida se han quedado fuera de Les Corts Valencianas al no rebasar por poco este umbral -el más duro de España junto al de Canarias-.

El retroceso experimentado a nivel nacional por Cs, que cayó al 6,9% de los votos en las últimas generales, podría propiciar este cambio. La formación advirtió el pasado jueves que rechazará la nueva Ley si no es completamente proporcional. No obstante, contempla votar a favor si se escuchan sus propuestas.

Los votos de sus 18 diputados son imprescindibles. Junto a los representantes de PSPV, Compromís y UP la norma sumaría 70 apoyos, 4 por encima de los 66 necesarios (dos tercios de la cámara). El PP, por su parte, sigue instalado en el ‘no’.

Otro gran beneficiado de la rebaja del listón sería Unides Podem, que en las pasadas elecciones autonómicas se quedó por debajo del 8% de los votos. El actual listón del 5% también es un gran riesgo para la formación morada.

Y por ende, para todos los socios de Gobierno. La izquierda se juega mucho. Sin UP podrían no salirle las cuentas. PSPV, Compromís y Unidos Podem sumaron 52 diputados en las autonómicas de 2019, solo dos por encima de los 50 que marcan la mayoría absoluta. Del total de 99, el bloque del centro derecha se quedó en 47.

Otra de las novedades que aportaría la nueva Ley son las listas "desbloqueables" por parte de los ciudadanos, unas listas que, además, serán paritarias en 'cremallera' para garantizar que haya un mínimo de un 50% de mujeres en el parlamento valenciano.

Listas "desbloqueables"

El proyecto apuesta porque la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía que permita a los electores personalizar su voto. Continuarían escogiendo la candidatura de un único partido, pero tendrían la posibilidad de expresar su preferencia por un máximo de tres candidatos marcándolos con una cruz, excepto los 'números uno' y los suplentes.

En consecuencia, podrían subir de posición los candidatos que cuenten con votos preferenciales que supongan el 10% del total de los válidos obtenidos por su candidatura en la circunscripción. Eso sí, si los electores no quieren elegir preferencia, el voto a la candidatura continuaría siendo válido.

Por lo que respecta a la paridad en las listas, la propuesta pasa porque las candidaturas estén integradas, como mínimo, por un 50% de mujeres, respetándolo en cada tramo de dos candidatos (el primero y el segundo tendrían que ser hombre y mujer o mujer y hombre, pero el segundo y el tercero pueden ser dos mujeres u hombres si se va alternando, y así sucesivamente).

El Botànic quiere que se blinde esta proporción incluso con el voto preferencial, para lo que los candidatos del mismo sexo solo podrían ocupar la posición de otro del mismo sexo. A efectos de ley, se consideraría válida la identidad de sexos expresada por la ley de 2017 de la Generalitat de reconocimiento a la expresión de género. También se contemplaría la paridad en la composición de la Junta Electoral Valenciana.

Incompatibilidades

En materia de incompatibilidades, el proyecto establece que no podrán ser diputados de Les Corts los miembros de corporaciones locales, el Consell, presidencia o dirección general de alguna caja de ahorros o titulares de autoridades portuarias por nombramiento del gobierno valenciano.

Otro de los objetivos son las primarias abiertas para favorecer la democracia interna de los partidos. Se incrementaría así un 5% el importe de la subvención electoral para candidaturas que acrediten este procedimiento, siempre que sea democrático y mediante voto directo.