Terrorismo

Un informe de la AN admite que la Justicia vulneró derechos de víctimas del terrorismo

Ausencia de información y de apoyo institucional han inducido a la "revictimización", según la Oficina de Atención a Víctimas.

Pintadas a favor de ETA en Etxarri-Aranatz, Navarra (Archivo).

Pintadas a favor de ETA en Etxarri-Aranatz, Navarra (Archivo).

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Las víctimas del terrorismo han sufrido una "afectación" de sus Derechos Humanos por parte de la Justicia española. Esa es la conclusión que recoge un informe elaborado por un departamento de la Audiencia Nacional -la Oficina de Asistencia e Información a las Víctimas del Terrorismo- escrito a petición de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El documento recoge "aquellos puntos que guardan relación con el proceso judicial" de los crímenes recogidos por ETA, pero que son "predicables al resto de las víctimas del terrorismo. Falta de información sobre procesos judiciales, desajustes que han impedido a las víctimas conocer el estado de las causas y la dispersión de documentos en diferentes archivos son algunos de los motivos que propician esta "afectación".

"Legajos" repartidos en diferentes archivos

De acuerdo a los informes que maneja el Ministerio del Interior, el número de asesinatos cometidos por ETA es de 864. Fuentes de la Audiencia Nacional admiten que la cifra es variable: investigaciones todavía abiertas pueden influir en la atribución de atentados a la banda terrorista.

En los primeros años de ETA en España, los casos se resolvían en tribunales militares. A mediados de los setenta, muchos de ellos se inhibían en favor de la Justicia ordinaria para que juzgasen los asesinatos de la banda terrorista. Muchos de los documentos relacionados con estos crímenes quedaron dispersos en el procedimiento. No fue hasta 1977 cuando, a través de un Real Decreto-Ley, se derivaron todas las investigaciones a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales de Instrucción, creados en ese mismo año.

Los documentos que habían formado parte de otros tribunales quedaron dispersos en sus propios registros: "Cada uno de los diferentes órganos que conoció de los mismos depositó sus legajos en diferentes archivos", describe el informe. Así, las causas judiciales se encuentran, hoy día, repartidas en nueve lugares: desde el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, hasta la propia Audiencia Nacional, pasando por los archivos de antiguos tribunales militares.

A esta circunstancia hay que sumar, además, los atentados condonados por la amnistía general de 1977, con la que desapareció buena parte de la documentación judicial recogida hasta ese momento. 

"Diversas víctimas de los atentados cometidos en las fechas amparadas por la amnistía y sus familiares han manifestado a esta oficina su necesidad de reparación moral por el referido olvido y el reconocimiento de su derecho, al menos, a saber la verdad de quienes cometieron tales crímenes y que fue lo que sucedió con sus causas judiciales", detalla el documento. 

La Oficina de Atención a Víctimas centra buena parte de sus esfuerzos en reunir los datos sobre los casos extraviados y vincularlos con sus nombres correctos. Hasta el momento, afirman, lo han logrado con 843 de los 864 asesinatos cometidos por ETA.

Sin información sobre las causas

Según acredita el informe, la víctima del terrorismo "en términos generales" ha permanecido "desinformada" acerca de los procesos penales. Por un lado, la mayoría de ellas recibía la información sobre sus derechos -lo que en términos jurídicos se conoce como instrucción de derechos- cuando se encontraban "sumidas en un estado psicológico alterado": "Normalmente, el ofrecimiento de acciones se limitaba a una mera recogida de la firma sin que la víctima entendiera correctamente qué era lo que estaba firmando". Por otro, la mayoría de las que llegaban a conocer su derecho a participar en la causa penal, no lo hacían "por miedo a sufrir una revictimización", tanto por parte de la "organización terrorista" como de la "Administración de Justicia".

Además, desde 1968 y hasta 2009 -precisamente el año en el que ETA asesinó por última vez en España- la Justicia no estaba obligada a notificar ninguna resolución procesal a una víctima que no se hubiera personado en el proceso. Y tampoco existía hasta 2006 ningún departamento específico en Justicia que ofreciese asistencia a las víctimas del terrorismo.

"De ahí que un elevado número de víctimas del terrorismo, ante la falta de noticias, llegaran a pensar que el suyo se trataba de un crimen sin resolver", describe el informe. 

Daños psicológicos

El documento está acompañado por un informe titulado 'Consecuencias psicológicas en las víctimas del terrorismo', basado en entrevistas realizadas desde la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Audiencia Nacional. "El daño ocasionado a la víctima no se agota únicamente en la lesión y en los efectos colaterales que la siguen -señala-. Junto con estos efectos, se derivan también una serie de consecuencias, fruto de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico-penal (...), agravando y multiplicando el mal ocasionado".