Se enfrenta a 2 años y medio de cárcel

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha culpa al Banco de España de la intervención

Acusa a los inspectores del organismo regulador de mentir sobre las advertencias de la mala situación de la entidad.

Juan Pedro Hernández Moltó (d) e Ildefonso Ortega (i)

Juan Pedro Hernández Moltó (d) e Ildefonso Ortega (i) Efe

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, culpa al Banco de España (BE) de abocar a la entidad a la intervención sin alertar previamente de la mala situación de la caja. El acusado ha sostenido, durante su interrogatorio en el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Nacional, que los inspectores del BE “mienten” al decir que alertaron a la entidad de su delicada situación.

“Vivir en España en 2008 y no saber la situación económica que había es ser un marciano. Pero se vivía la situación en la caja con tranquilidad”, ha señalado Hernández Moltó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita dos años y medio de cárcel para el expresidente.

Este economista se hizo famoso en la Comisión de Economía del 15 de abril de 1994, cuando se significó con la frase: “Señor Rubio, ¡míreme a la cara! ¡De frente! Me recuerda, ¿no?”. En aquel entonces, recriminó al ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio por haber engañado a quienes habían defendido su honorabilidad tras el escándalo que le salpicaba de tráfico de influencias y dinero negro. El Congreso de los Diputados aprobó una resolución contra Rubio, en la que le acusaba de haberse “enriquecido ilegalmente, defraudar a Hacienda, mentir al Parlamento y al Gobierno y haber quebrado la confianza en él depositada”, por la trama Ibercorp.

Ahora, Hernández Moltó se encuentra sentado en el banquillo de los acusados, junto al ex director general Ildefonso Ortega, para quien el Ministerio Público solicita la misma pena de cárcel por un presunto delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad. El fiscal considera que ambos llevaron a cabo “una maniobra contable” para que los estados financieros de la caja reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

“Nos trasladaban tranquilidad”

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

Sin embargo, ambos directivos niegan que la situación económica de la caja fuera tan dramática como señaló el Banco de España y aseguran que los inspectores en ningún momento les alertaron de las pérdidas. “El Comité de Riesgos de la caja, que son las personas de más solvencia de la caja, nos trasladaban tranquilidad”, destacó el ex presidente ante el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia.

Seis meses antes de la intervención, había un “destacamento” del Banco de España en las oficinas haciendo un seguimiento y tuvieron por parte de la entidad una “colaboración total”. “Nos parecía que había margen suficiente para ajustar las cuentas y que se hiciera frente a lo fundamental”, señaló el ex presidente.

“Me podía haber jubilado”

Los dos acusados mantienen que a pesar de la crisis económica que existía no sólo en la caja sino en todo el país, se podía salvar. “Nunca perdimos la esperanza de aprobar un balance equilibrado”, sostuvo en su declaración Ortega. “Te lo digo con el corazón en la mano. Yo en 2008 cumplía 68 años y me podía jubilar pero quise ayudar a la caja a salir de esa situación”, recalcó.

“Si el Banco de España hubiera tenido la más mínima duda de la cuenta del patrimonio de la caja me lo habría dicho. He intentado salvar la caja por encima de todo pero no tenía herramientas para hacerlo”, añadió durante su interrogatorio en la primera sesión del juicio.

Su versión de los hechos no tiene nada que ver con la acusación de Anticorrupción, que sostiene en su escrito que el 10 de febrero de 2009, con la “aquiescencia” de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su “situación financiera real”.

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como “ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados”, que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.