Proceso independentista

Rajoy denunciará ante el TC una comisión del Parlament de la que forma parte el PP

El Gobierno pedirá -sin muchas esperanzas- la nulidad de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

Puigdemont inaugura este viernes una comisaria de los Mossos en L'Atmella

Puigdemont inaugura este viernes una comisaria de los Mossos en L'Atmella

El Consejo del Ministros ha acordado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, presente ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de la sentencia dictada por el TC el pasado 2 de diciembre, que declaró inconstitucional, nula y sin efecto la resolución aprobada por el Parlament de Cataluña el 9 de noviembre anterior. En esta resolución se acordaba el inicio del proceso de ruptura con España.

El incidente de ejecución denunciará que en el Parlament se ha tomado una decisión que vulneraría esa sentencia: la constitución de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que se va a dedicar a la elaboración de informes y propuestas para la transición a una república catalana independiente.

Esa comisión, que se constituyó el pasado jueves, está presidida por Muriel Casals (Junts pel Sí) y vicepresidida por Gabriela Serra (CUP). El secretario es Albano Fachin, de Podemos-Cataluña, formación que aceptó participar en ese órgano después de que JxS y la CUP aceptaran dos cambios: que la Comisión no tenga funciones legislativas sino exclusivamente de estudio y que se llame sólo "del proceso constituyente" y no "sobre la transición nacional y el proceso constituyente".

Ni Ciudadanos ni el Partido Socialista de Cataluña han aceptado formar parte de la polémica comisión, en la que, por el contrario, sí se ha integrado el PP de Cataluña, con Andrea Levy como representante. El Gobierno de Rajoy va a denunciar, pues, que un órgano del que forman parte los diputados de su partido en Cataluña "infringe el orden constitucional" al "no acatar" la nulidad de la resolución secesionista.

Una iniciativa "táctica"

Fuentes del Gobierno restan trascendencia a esa aparente contradicción señalando que el PP catalán está en esa comisión "para vigilar lo que haga y denunciar si vulnera la legalidad", admitiendo que "es difícil que el Tribunal Constitucional la anule dado que ni siquiera ha empezado a funcionar".

Las mismas fuentes señalaron que el incidente de ejecución, que se formalizará a principios de la próxima semana, tiene el visto bueno de los servicios jurídicos del Estado, que han señalado la necesidad de "contestar cada vez que se haga algo" encaminado al desarrollo de la resolución secesionista.

"Es una iniciativa táctica: estar encima, no mirar para otro lado, marcar terreno a cada paso que den y demostrar firmeza. No podemos quedarnos parados esperando hasta que hagan algo grave", explicaron.

En el Gobierno no hay mucho optimismo respecto a que el TC declare nula la constitución de la comisión pero sí se espera que el tribunal "marque los límites de actuación" de ese órgano e indique cuáles son las líneas rojas que no debe traspasar.

No recurrirá contra Puigdemont

El Consejo de Ministros tomó este viernes otras dos decisiones sobre Cataluña. Una de ellas, basada en un informe de la Abogacía del Estado, es que no se va a impugnar la fórmula que utilizó Carles Puigdemont para tomar posesión del cargo de presidente de la Generalitat el 12 de enero.

Puigdemont prometió "cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament», sin citar la Constitución ni al Rey. La impugnación de ese acto no prosperaría, ha concluido el Gobierno, ya que no hay ninguna ley que regule la fórmula de toma de posesión del president.

De otro lado, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar el Consejo de Estado el preceptivo informe previo al planteamiento de un conflicto de competencias frente al Gobierno de Cataluña por la creación del Departamento de Asuntos Exteriores. El Ejecutivo considera que las funciones atribuidas a ese Departamento, del que es titular Raül Romeva, invaden las competencias reservadas al Estado.