Caso Nóos

El banquillo de la infanta perjudica los pactos con Urdangarin y Torres

La decisión del tribunal de mantener a las mujeres de los dos socios complica que reconozcan los hechos.

La infanta Cristina, sentada en el banquillo de los acusados

La infanta Cristina, sentada en el banquillo de los acusados Efe

La acusación definitiva de la infanta Cristina en el caso Nóos acaba de complicar aún más que los dos socios del Instituto Nóos y principales acusados, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, acepten reconocer los hechos y devolver el dinero a cambio de una reducción de la pena. Sin embargo, la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de dejar en el banquillo de los acusados a la hermana del rey Felipe VI y a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, por el delito fiscal complica que sus maridos reconozcan los hechos y las impliquen.

Tanto Torres como Urdangarin tienen encima de la mesa un pacto con la Fiscalía. En el caso del yerno del monarca Juan Carlos I, si reconoce los hechos de los que se le acusa y devuelve los seis millones de euros apropiados indebidamente de las arcas públicas -la devolución puede ser solidaria con el resto de acusados- se le rebajaría la pena de prisión. Haya un pacto con la Fiscalía o no, si Urdangarin diera el paso de aceptar que cometió todos los delitos de los que se le acusa la ley prevé una rebaja de la pena.

Anticorrupción pide para Urdangarin 19 años y medio y si aceptara la condiciones propuestas, el fiscal asumiría dejarle la pena de cárcel entre 6 y 8 años, con su ingreso en prisión para su cumplimiento. Aunque no llegara a un pacto con las acusaciones populares, si reconoce los hechos en todo caso se le aplicaría un atenuante.

Esta opción es la que estaría dispuesto a aceptar, entre otros acusados, Jaume Matas. El ex presidente del Gobierno balear baraja la posibilidad de entregar al tribunal un documento firmado en el que reconozca los delitos de prevaricación y fraude a la Administración. Lo que no estaría dispuesto a asumir es el delito de malversación de caudales públicos. Aún así, reconoce que medió para que la administración pública balear concediera unos contratos al Instituto Nóos sin pasar por los filtros obligados, la defensa de Urdangarin y Torres se complicaría, siempre y cuando decidan no reconocer los hechos. 

Reconocer implica directamente a la infanta

La opción de reconocer los hechos, desde el momento que la Audiencia ha decidido dejar a la infanta sentada en el banquillo, se hace complicado para el ex jugador profesional de balonmano porque implicaría directamente a su mujer.

La infanta se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Que Urdangarin reconozca que utilizó la sociedad que tiene a medias con su mujer, Aizoon, para desviar parte de los fondos públicos obtenidos a través del Instituto Nóos pondría en el disparadero a la hermana de Felipe VI.

La defensa del cuñado del rey tiene hasta el día 9 de febrero para presentar un escrito de reconocimiento de hechos si quiere conseguir esa reducción de la condena. Tiene diez días para decidir si asume su condena y deja a su mujer a los pies de los caballos. Por su parte, la infanta también podía reconocer los hechos aunque su abogado, Miquel Roca, ya ha dicho públicamente que eso no va a ocurrir porque está seguro de la inocencia de Cristina de Borbón.

Urdangarin pudo salvar a su mujer

Cuando saltó el caso Nóos y Urdangarin fue imputado, la Fiscalía Anticorrupción ya le ofreció que devolviera el dinero que había conseguido de administraciones públicas gracias a la prevaricación y la malversación de ciertos funcionarios y dirigentes políticos. En el año 2012, el yerno de Juan Carlos I mantuvo ante el juez que él no había cometido ningún delito. No quiso aceptar la devolución del dinero exigido y asumir una pena de prisión.

Al no aceptarlo, la investigación siguió avanzando, las pruebas se fueron haciendo más sólidas y el caso acabó salpicando de lleno a su mujer, imputada un año más tarde. Al principio, Castro no veía la implicación de la infanta en los hechos, circunstancia que un año después cambió.

El caso de Ana María Tejeiro es algo distinto. Aunque la Fiscalía Anticorrupción también solicitó el pasado 11 de enero -en el primer día de juicio cuando se plantearon las cuestiones previas- que no se le acusara del delito fiscal, la mujer de Torres tiene otra complicación. El fiscal le acusa de un delito de blanqueo de capitales porque Tejeiro escondía, junto a su marido, dinero en cuentas de paraísos fiscales ocultos al fisco.

La piedra de Torres, el blanqueo de su mujer

Concretamente, ambos disponían de una cuenta en Andorra. Desde esa cuenta se hicieron transferencias a otra en Luxemburgo, "a efectos de ocultar y dificultar el seguimiento de dichos fondos", según sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía. Llegó a alcanzar el el Crédit Agricole de aquel país 347.000 euros. Esas operaciones para mover el dinero de un sitio a otro las ordenaba Torres pero eran ejecutadas materialmente por Ana María Tejeiro.

De esa banco, movieron el dinero a otra cuenta en el Credit Suisse. Llegaron a sumar casi un millón de euros. "En la fecha en la que se abrió esta última cuenta corriente, Diego Torres había sido ya citado para declarar en calidad de imputado por lo que la finalidad de esta última operación era evitar que la investigación judicial localizara dichos activos, coadyuvando Tejeiro a su cónyuge en la ocultación de los fondos procedentes de la actividad fraudulenta desarrollada por este último", recoge el escrito del fiscal.

Ante estas acusaciones del blanqueo, el Ministerio Público pidió que la mujer de Torres siguiera acusada por este delito, aunque no por el resto de los que le acusa el sindicato Manos Limpias. Torres siempre ha exigido para llegar a un pacto y reconocer los hechos que su mujer estuviera fuera del juicio. Pero en su caso, la decisión de la Audiencia Provincial de Palma le afecta todavía más.

Mientras que la infanta está acusada de dos delitos fiscales, Tejeiro se enfrenta, además del blanqueo y los delitos fiscales, a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad y fraude a la administración. La acusación popular solicita un total de 19 años y medio de cárcel.