Hace unas semanas que todos los medios se han hecho eco de la anunciada intención del Primer Ministro francés, Gabriel Attal, de aplicar una multa de 5 euros a partir de 2025 a quienes no acudiesen a una cita médica reservada y no la hubiesen cancelado con una antelación de 24 horas. El problema no es menor: cada año se pierden en Francia 27 millones de citas sanitarias.

Transcurridas unas semanas, y ya lejos de la vorágine que todos estos titulares generan a vuelapluma, me gustaría reflexionar sobre el tema aportando algunos datos que quizás permitan a algunos de ustedes modificar su perspectiva

La penalización por no acudir a consultas no es exclusiva de la propuesta francesa. En nuestro país, la Comunidad Foral de Navarra también ha anunciado medidas, tras ofrecer cifras de 13.000 citas fallidas y 31.000 cancelaciones de última hora. En el caso navarro la penalización anunciada no es económica, sino la exclusión de paciente de las listas de espera y la pérdida del derecho a la Ley de Garantías.

Los datos del conjunto de España son de una pérdida de 11 millones de citas sólo de medicina de familia y de pediatría, es decir, sin incluir las pérdidas en las consultas de especialistas, pruebas diagnósticas o de otras profesiones sanitarias. Asturias dice que hasta el 20% de las citas no se presentan. Y por ofrecerles un dato más próximo, en el caso del hospital y los centros médicos Vithas Málaga los no presentados a su cita ascienden al 14%.

¿Se imagina que en su peluquería entre el 10 y el 20% de las reservas no acudiesen? ¿O a su restaurante con el 20% de las mesas vacías después de que las hayan reservado? ¿Se imagina su taller con el 20% menos de los vehículos de los que tienen capacidad de atender a diario? Estoy seguro de que el problema no afecta exclusivamente al sector sanitario. La cantidad de reservas no utilizadas en el sector de la restauración, los viajes y otros sectores han llevado a algunos negocios a cobrar por la reserva.

El origen de este comportamiento es, a mi juicio y como en tantas otras cosas, la falta de educación. Por eso entiendo que nuestra ministra, Mónica García, opte más por la línea de la pedagogía que de la penalización económica. Pero el malgasto de recursos públicos y privados de alta especialización, como lo son los sanitarios, no puede permanecer sin adoptar medidas mucho más tiempo. Sobre todo, porque no podemos quejarnos de las listas de espera pero después desperdiciar esas cifras tan impresionantes de recursos. La corresponsabilidad del ciudadano parece un mínimo imprescindible.

Todas las administraciones y empresas sanitarias nos esforzamos por disponer de métodos de citación que sean accesibles y ágiles. Igual de accesible que la modificación de la cita o su anulación. Apps y webs se diseñan con criterios de máxima simplicidad. Sin embargo, el uso para modificar o anular la cita es mucho menor que para solicitarla. Utilizamos incluso modelos de confirmación vía SMS, correo electrónico o whatsapp. El propio mensaje permite confirmar a anular la cita. Un porcentaje alto de estos mensajes quedan sin respuesta. Seguro que hay casos en que la falta de respuesta esta justificada, ¿pero todos? Creo que subyace una falta de respeto para el tiempo de los otros con evidente perjuicio para quienes tienen que esperar más y que generan ineficiencias del sistema, menores ingreso para profesionales y empresas y peor calidad percibida de la atención.

Como dice la citada ministra: se requiere pedagogía. Cambiar la educación para que el tiempo y el trabajo de los demás goce del respeto imprescindible es parte irrenunciable de la solución. Pero no parece una solución a corto plazo. ¿Debemos mientras esperar sin más? Por otra parte, toda pedagogía requiere de incentivos y tanto los modelos de penalización en servicios (como en el caso navarro) como las penalizaciones económicas (como en el caso francés) deben ser valoradas sin rechazarlas de plano y de salida. Definiendo las limitaciones que sean precisas. No es lo mismo el que no se presenta a una cita por primera vez, que el “absentista profesional”. Ni tiene nada que ver no acudir a una intervención programada… que a una consulta de entrega de resultados. Ni quien no acude despreciando un mensaje de recuerdo… que quien se ausenta porque no lo ha recibido.

Y también debemos trabajar en la justa reciprocidad. Las agendas no pueden generar constantes reprogramaciones para los pacientes. Su tiempo es tan sagrado como el de los profesionales sanitarios. Las demoras, los retrasos, las recitaciones, los cambios de agenda, el cambio del profesional responsable de la atención, etc. Todo ello precisa también de la adopción de medidas que las reduzcan al mínimo, y siempre de manera muy justificada.

Así pues no deberíamos dejar de aprovechar la oportunidad de que la falta de asistencia a las consultas y otros actos médicos sea noticia para realizar un análisis abierto de las medidas a adoptar. Sin apriorismos. Sin soluciones mágicas pero remotas. Sin olvidar que no hay medidas simples que resuelvan problemas complejos. Sin dejar de poner en el centro a los profesionales que son quienes más valor aportan al sistema. Asumiendo que las penalizaciones actúan como incentivo. Asumiendo que no hay mayor respeto por el sistema sanitario que un uso responsable del mismo. Sin olvidar que el sistema no es gratuito. Parecería que a veces no se valora lo que no se paga en el acto.

Es posible que quien no acude a su cita no deba pagar. Pero no olvidemos que ya hay alguien que ha pagado por él. En el sistema público de salud hemos pagado todos. En el privado lo hace el profesional y la empresa que financia el recurso.