El encargado en desglosar los detalles de la estrategia con la que se repartirán los fondos europeos en esta ocasión fue el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco. Durante una presentación ante empresarios navarros, Blanco desgranó nuevos detalles tanto de las cantidades como de los mecanismos con los que se pondrán en marcha los PERTE.

Para ello, ha tomado como ejemplo el PERTE del sector de la automoción. "Entre los proyectos grupales de cadena de valor, el primero en ponerse en marcha será el del vehículo eléctrico. Nuestra intención es llevarlo a finales de junio al Consejo de Ministros. Posteriormente se abriría el registro de agrupaciones empresariales interesadas en participar. Finalmente, en septiembre se pondría en marcha las convocatorias" explicó el responsable del ministerio de Industria.

Un calendario que, para cumplirse, necesita el pistoletazo de salida de Bruselas. Una vez todos los países han dado su visto bueno en sus respectivos parlamentos a los planes de ayuda, es momento de que los responsables comunitarios cumplan dos procesos. Por un lado, aún ha de definirse cómo la Unión Europea va a pedir a los mercados los recursos que financiarán el plan.

Además, la comisión debe dar su visto bueno a los planes presentados por los diferentes Gobiernos. Una luz verde que, si se cumplen las previsiones más optimistas, debería encenderse entre finales de junio y principios de julio. En ese momento, 9.000 millones quedarán activados inmediatamente para que el Gobierno de España disponga de ellos y arranque las primeras iniciativas.

De entradas en el capital a avales

Volviendo a la parte del partido que se juega dentro de España, la instrumentalización de los PERTE quedó formalizada en el Real Decreto de 36/2020. Según detalla el Plan de Recuperación del Gobierno, el objetivo de estas iniciativas, inspiradas en los denominados como proyectos importantes de interés común europeo (IPCEI), no es sólo invertir fondos, sino movilizar inversión privada en torno a las prioridades definidas por la Comisión Europea y el Gobierno de España. "Lograr aumentar los fondos privados será la única forma de conseguir el efecto multiplicador que se pretende alcanzar con el conjunto del Plan" explican los documentos del Gobierno.

Para ello, además de los proyectos directamente ejecutados por las administraciones mediante convocatorias, licitaciones públicas, subvenciones y ayudas, se pretende aumentar significativamente el uso de las herramientas de colaboración público privada. De esta forma, el Gobierno quiere reforzar la posición estratégica de estas iniciativas y, a la vez, participar del control y los potenciales beneficios que generen.

Entre los instrumentos que podrán utilizarse en los PERTE se contempla la opción de realizar inversiones directas desde las administraciones públicas en términos y condiciones de mercado. Dichas inversiones podrán consistir en entradas directas en el capital social de empresas existentes o la entrada en el capital de Uniones Temporales de Empresas, sociedades creadas para articular el proyecto o joint-ventures.

Del mismo modo, el plan del Gobierno no descarta la creación e inversión junto a otros socios en instrumentos financieros como fondos de inversión fondos de venture capital que, a su vez, inviertan en proyectos. Del mismo modo, el Estado podría participar mediante garantías y avales públicos a inversiones o para la obtención de créditos y otras modalidades de financiación privada.

En definitiva, una serie de opciones que dependerán del momento y de las necesidades concretas que los PERTE tengan según vayan superando diferentes etapas.

Siete iniciativas estratégicas

El Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas contiene siete PERTE. Además del de la automoción, el sector agroalimentario será el protagonista de la segunda de estas iniciativas. En este caso el objetivo es optimizar la producción en base al análisis y procesamiento de datos impulsando la digitalización integral y mejorando el vínculo entre el consumidor y la industria a través de la innovación y la tecnología.

El tercero de los PERTE estará circunscrito al sector de la e-health. En este caso el objetivo es avanzar hacia la innovación, la investigación, la asistencia y el empoderamiento del paciente. La cuarta iniciativa afecta a los sectores aeronáutico y naval. Los recursos irán dirigidos a poner en marcha nuevas formas de propulsión más limpias y al desarrollo de tecnología que permita poner en marcha vehículos no tripulados.

El quinto PERTE pretende impulsar un subsector industrial basado en la economía circular. En este punto desempeñarán un papel crucial la segunda vida de baterías eléctricas, la recuperación de materiales para su reincorporación al ciclo productivo o la optimización de la cadena de valor del envase.

Por su parte, el sector industrial vinculado a las energías renovables esta en el punto de mira del sexto proyecto de esta índole. En este caso se verá beneficiada la industria de bienes de equipo, con el objetivo de potenciar el reaprovechamiento y la mejora de equipos de generación existentes.

Por último, la industria electrónica será la protagonista del séptimo PERTE. Una iniciativa que llega en un momento de gran complejidad debido a la escasez de semiconductores que está ralentizando diferentes industrias. El séptimo y último proyecto estratégico incluido en el Plan de Recuperación busca dotar a la industria española de capacidades de diseño electrónico y de fabricación para producir la próxima generación de procesadores y otros componentes electrónicos necesarios para alimentar las infraestructuras digitales.

Así las cosas, una vez conocidos los recursos con los que contarán los PERTE, queda por desglosar qué parte de estos 5.000 millones se dedicarán a cada una de estas siete iniciativas y qué papel tendrá el Estado en ellas. Dos elementos fundamentales que marcarán los esfuerzos que, desde la iniciativa privada, se sumarán a las ayudas públicas para que la industria española refuerce su posición en siete segmentos estratégicos.