El edificio afectado en Valencia
La justicia paraliza las obras de unos bajos turísticos sin licencia en el barrio de Nou Moles tras las quejas vecinales
Compromís exige al Ayuntamiento que actúe de oficio ante las irregularidades en la construcción de apartamentos turísticos.
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La justicia ha paralizado las obras de unos apartamentos turísticos en el distrito valenciano de l'Olivereta tras la denuncia vecinal.
Concretamente, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia número 20 ha ordenado la suspensión inmediata de las actuaciones que se estaban ejecutando en los bajos de las calles Racó d'Ademús y Castell de Benissanó.
El juzgado admite a trámite la demanda presentada por los vecinos y ordena al dueño o encargado que suspenda la obra con apercibimiento de demolición de todo lo que se edifique contraviniendo la orden judicial. Advierte también de que el incumplimiento puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La portavoz de Compromís en Valencia, Papi Robles, señaló directamente al gobierno del PP y de Vox por "no actuar" ante las obras que se estaban llevando a cabo sin licencia. Precisamente, Robles, junto a los concejales Ferran Puchades y Maria Giner, se reunió con el vecindario para denunciar estas irregularidades.
Según Compromís, esta demanda llega después de que el vecindario llevara meses luchando porque la promotora amparaba las obras en una Declaración Responsable y un certificado ECUV que "correspondían a un expediente diferente, ya denegado y archivado por el Ayuntamiento".
Aun así, la empresa había colgado en las ventanas de los bajos un cartel donde aseguraba: "Esta obra es legal".
"El gobierno de Catalá tenía conocimiento de lo que estaba pasando y no movió ni un dedo para parar unas obras que el vecindario llevaba meses denunciando. Ha hecho falta que un juzgado lo hiciera en un día", afirmó la portavoz.
Robles también exigió al gobierno de Catalá que actúe de oficio y no espere más resoluciones judiciales para hacer cumplir la normativa urbanística.
La formación valencianista ha reiterado su apoyo a las tres comunidades de propietarios demandantes y ha exigido que el gobierno municipal explique por qué ha hecho falta una demanda judicial, y no una actuación de oficio, para paralizar unas obras que el Ayuntamiento ya tenía indicios claros de irregularidad desde hace meses.
