Los concejales de Compromís, Papi Robles y Ferrán Puchades
Compromís denuncia un contrato "inflado y a medida" para comprar tablets a los bomberos de Valencia
La Agencia Antifraude señala que existen varias irregularidades en la contratación y recomienda revisarla de oficio.
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El grupo municipal de Compromís en Valencia denunció este martes una contratación a medida y con un precio inflado en el área de Bomberos del Ayuntamiento de la ciudad.
Concretamente, el contrato para equipar los vehículos del servicio con tablets y software de navegación móvil. Según aseguró la portavoz de la coalición, Papi Robles, este contrato se diseñó a medida para una sola empresa y con un precio inflado de 15.000 euros.
Por ello, Compromís lo llevó a la Agencia Valenciana Antifraude que consideró que existen varias irregularidades.
El expediente señala que "falta justificación objetiva de las prescripciones técnicas", lo que podría "restringir la libre concurrencia" y "vulnerar los principios de objetividad".
Además, establece que hay participación del adjudicatario en la preparación del contrato, lo que obliga "a los órganos de contratación a tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir".
"El Ayuntamiento habría incumplido su deber de diligencia del art.70 LCSP, al no neutralizar el conflicto de interés derivado de la participación de la mercantil", reza el informe, que añade que "esta omisión, unida a la falta de medidas por parte del órgano de contratación para gestionar el conflicto de intereses, constituye una tacha de legalidad que invalida el respeto al principio de igualdad de trato".
El expediente también alerta de un incremento "no justificado" del precio base de licitación, que fue de 153.420 euros, lo que supera en 14.893,30 euros el importe de la propuesta remitida por la misma empresa antes del procedimiento, "sin que en el expediente se justifique que el precio se ajuste a mercado".
La Agencia Antifraude también señala una barrera de entrada debido al acceso a "información privilegiada". "Si bien el establecimiento de precios protegidos constituye un negocio en el ámbito privado, su concurrencia sugiere un presunto acceso previo a las prescripciones técnicas antes de su publicación en la plataforma de contratación, lo que podría constituir una ventaja competitiva desleal que distorsionaría la libre competencia", añade.
Con todo, recomienda al Ayuntamiento de Valencia que "valore iniciar el procedimiento de revisión de oficio del contrato de suministro" y aconseja que "inicie la declaración de nulidad y un expediente de liquidación económica del contrato".
Robles criticó que el Ayuntamiento no haya puesto en marcha ni el Comité Ético ni la Comisión Antifraude, previstos en el propio Plan de Integridad municipal, por lo que exigió hacerlo "a la mayor brevedad posible".
"Este gobierno se comprometió a tener unos órganos de control contra el fraude y nunca los ha puesto en marcha. Y mientras tanto, pasan cosas como esta", denunció.
Por su parte, fuentes municipales señalaron que "la Fiscalía ya archivó la supuesta denuncia" y que "el Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil ofreció toda la información requerida por la Agencia Antifraude".
Al respecto, subrayaron que se "atenderán las peticiones que se requieran como se ha hecho siempre".
