Javier Machi, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL tras la dana.
El ingeniero Machi retrató a los políticos ocho meses antes de la dana: "La acción eficaz no llega hasta después de una catástrofe"
Envió una carta demoledora a dos ayuntamientos al ver ignorado el riesgo de inundación en el proyecto para construir una carretera.
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La dana que sufrió Valencia el 29 de octubre de 2024 ha puesto en valor a los ingenieros de caminos, canales y puertos, un colectivo que, desgraciadamente, no cuenta con el predicamento deseable hasta que se producen las inundaciones.
Tal circunstancia queda perfectamente reflejada en una carta redactada en febrero del mismo ejercicio 2024, solo ocho meses antes de la tragedia, cuando el ingeniero Javier Machi se dirigió por registro de entrada a los ayuntamientos de Alzira (PP) y Algemesí (Compromís) para advertirles del riesgo del río Magro.
"Generalmente, la acción eficaz no llega hasta después de una catástrofe", auguró con desgraciado acierto. "Estamos en una plana de inundación histórica", alertó con el propósito de disuadir a las administraciones públicas de construir una carretera.
El título de su escrito fue una pregunta concisa: ¿Por qué no se debería hacer una nueva carretera conectando la salida del by-pass (de la A-7) en Algemesí con la CV-512 y puente sobre el Júcar?
Ni que decir tiene que toda esa zona, que cuenta con un importante tejido empresarial -el mismo que reivindicaba la carretera- se inundó como nunca. Se convirtió en una gran lámina de agua. Y todo a pesar de que, aguas arriba, la presa de Forata absorbió buena parte de la avenida.
Las reflexiones de Machi fueron un augurio preciso. Él es el decano del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de la Comunitat Valenciana, pero envió el escrito a título particular, como vecino y experto de Algemesí preocupado por las consecuencias de la infraestructura.
Extracto de la carta remitida a Alzira y Algemesí por parte de Javier Machi. EE
"Nadie puede decidir por sí solo cómo transformar un territorio, habida cuenta de los colosales impactos que conlleva, sociales y económicos. Al proyectar una nueva carretera para facilitar la conexión de camiones y vehículos ligeros, se deben considerar todos los aspectos que forman parte de la ordenación territorial", manifestó.
La carta llevaba implícita la frustración de un colectivo demasiadas veces ignorado. "Es de esperar que, por una vez, se contemplen todos los aspectos que influyen en el futuro de toda la ciudadanía, conociendo el importante aspecto analizado aquí, que estamos en una plana de inundación histórica", dijo.
Sus frases finales, leídas después de una catástrofe que causó 230 muertes, resultan desgarradoras. "El trabajo sobre riesgos ha demostrado que generalmente la acción eficaz no llega hasta después de una catástrofe", dijo para retratar a los políticos.
"Desafortunadamente, no hemos sido nunca capaces de construir políticas públicas eficaces con carácter previo, y, por tanto, muy a menudo la catástrofe determina y acelera", zanjó.
Quiso desviar el Poyo
El lamento de Javier Machi no es el de un ingeniero de caminos cualquiera. Se trata, además del decano del colegio, de quien fuera presidente de Typsa, la empresa de ingeniería que proyectó las siete obras para desviar y encauzar la cuenca del Poyo.
La compañía lo dejó todo listo, y la iniciativa recibió en 2011 la preceptiva declaración de impacto ambiental positiva del Gobierno de España, firmada por quien entonces era secretaria de Estado, Teresa Ribera.
Pero ni aquel Gobierno de Zapatero, ni los posteriores de Rajoy y Sánchez, presupuestaron nunca los proyectos que, según los expertos, habrían evitado una tragedia de tamaña envergadura.
El Ejecutivo actual cuenta con la circunstancia agravante de que fue la propia Ribera, ya como ministra para la Transición Ecológica, la responsable en 2021 de la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".
Con esas palabras textuales lamentó ese año la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Gobierno, que las iniciativas hubieran sido descartadas en ese ejercicio, en el que se desplegaron los primeros presupuestos de Pedro Sánchez.
Como reveló EL ESPAÑOL tras solicitar a Transparencia los expedientes originales, las obras más importantes para la cuenca del Poyo, las de desvío y encauzamiento, costaban 228 millones. El plazo de ejecución de las más complejas era de solo tres años.
El resultado de la avenida de agua fue de 230 víctimas mortales, de las que casi el 90% fueron en la cuenca del Poyo, que era la única que carecía de la protección hidráulica diseñada por los expertos.
