Obras previstas para la cuenca del Poyo paralizadas por Teresa Ribera en 2021. Arte EE
228 millones habrían evitado la catástrofe de Valencia: el Gobierno revela por obligación la inversión que paralizó Ribera
Transparencia, a instancias de EL ESPAÑOL, fuerza a la CHJ a cifrar las obras hidráulicas: los dos desvíos al Turia costaban 119 millones, y los cauces, 109.
Más información: La dana no fue la "negligencia de uno": 200 muertes, el 90%, fueron en el Poyo, la cuenca que no encauzó el Gobierno
Las tres grandes obras para encauzar y drenar los barrancos de la cuenca del Poyo costaban 109 millones. Los dos desvíos al río Turia, 119 millones.
Así consta en los proyectos originales, obtenidos por EL ESPAÑOL tras una reclamación a Transparencia, que ha forzado a la CHJ a precisarlos.
La vasta documentación obtenida permite conocer el detalle de cada una de las obras para desviar, encauzar y laminar las avenidas, unas actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera sometió en 2021 a la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".
Ribera, pese a conocer de primera mano un proyecto al que ella misma otorgó la memoria ambiental positiva en 2011 como secretaria de Estado de José Luis Rodríguez Zapatero, lo descartó en el primero de sus presupuestos como ministra en 2021, así como en los dos posteriores de 2022 y 2023.
El resultado es de sobra conocido. En dicha cuenca desprotegida murió el grueso de las 229 víctimas mortales de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.
Los documentos al fin brindados componen el proyecto completo elaborado en 2010 por la firma de ingeniería Typsa. Los impulsores de la iniciativa recordaban una cifra de 240 millones. La misma, sin embargo, es de 245 millones IVA incluido, algo superior.
No obstante, la obra dura, la más importante, alcanzaba los mencionados 228 millones de euros. 5,77 y 5,83 millones costaban, respectivamente, dos proyectos menores de correcciones hidrológicas y restauración forestal en la cuenca alta del barranco del Poyo.
Primera obra
La primera y más importante de las obras previstas consistía en un desvío de aguas desde el barranco del Poyo al río Turia. Solo costaba 55,63 millones, a ejecutar en 36 meses.
Ese plazo de tres años es tanto o más relevante que su escaso coste. Todas las demás obras tenían un plazo de ejecución inferior, de modo que Sánchez pudo acabar el proyecto al completo antes de la riada si lo hubiera presupuestado en 2021.
La excusa del Ministerio para no ejecutar las obras fue que chocaba con la Ley de la Huerta de Ximo Puig, algo desmentido después por los impulsores de esa norma.
Con ese mismo coste de 55,63 millones, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy podrían haber ejecutado antes el proyecto. Ambos justificaron su descarte por la crisis económica que sufría España aquellos años.
La primera actuación se denominaba oficialmente "proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia y adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta".
![Tabla del presopuesto para desviar el Poyo al Turia. EE](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/10\/actualidad\/1003743919966_258605808_1706x1572.jpg"])
Tabla del presopuesto para desviar el Poyo al Turia. EE
En ingeniería hidráulica, las actuaciones siempre han de acometerse desde la desembocadura hacia la cabecera, de modo que, según los expertos, la primera obra que debió abordarse era esta, la que habría aliviado sobremanera la avenida sobre Paiporta, localidad que sufrió la mayor mortandad, con 46 víctimas.
La información de esta obra ya fue avanzada por este periódico al acceder al expediente que aportó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) solo cuando se lo requirió la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.
La segunda obra de desvío de agua del Poyo al Turia la recogía el "proyecto de acondicionamiento del barranco del Pozalet entre la zona verde inundable en Quart de Poblet y el inicio del barranco de la Saleta". Incluía un desvío al Turia a la altura de Xirivella.
Costaba 62,07 millones de euros y tenía un plazo de ejecución de tan solo 28 meses (dos años y cuatro meses).
Ambas obras eran las más determinantes, al consistir en desvíos de agua de la cuenca del Poyo al nuevo río Turia, que consta de un amplio cauce al sur de Valencia. Este mismo canalizó con holgura la avenida del 29 de octubre de 2024.
Cuando este periódico solicitó a la CHJ la documentación, la confederación instó a pedirla a través del portal de Transparencia o el Registro General del Gobierno central.
Así lo hizo EL ESPAÑOL, por ambas vías. La respuesta oficial, abajo adjunta, llegó hace ahora un mes, y permite la descarga íntegra de la documentación de cada obra.
El macro archivo, que consta de decenas de tomos y miles de páginas, permite poner cifras a lo ya expresado por el entonces presidente de Typsa, Javier Machi, o el ingeniero que lo redactó, Jorge Paciarotti.
"Solo haber tenido hecho la primera vía verde habría supuesto un alivio inmenso", subrayan ambos a consulta de este periódico.
"Con la actuación completa hecha, el agua habría rebosado el 29-O, pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos", manifestó en enero Machi a EL ESPAÑOL.
Los otros tres proyectos, centrados en el encauzamiento y el drenaje de distintos tramos de la cuenca del Poyo, ascendían a 44,78, 24,19 y 47,47 millones de euros, respectivamente.
El primero es el "proyecto de drenaje del barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet".
El segundo es el "proyecto de adecuación del barranco Pozalet entre Loriguilla y la zona verde inundable".
El tercero, el "proyecto de adecuación del barranco del Poyo y afluentes entre la A7 y el acueducto Júcar-Turia".
El primero tenía un plazo de ejecución de 30 meses. El segundo, de 24. Y el tercero, de 26 meses.
Además de las vidas humanas que pudo salvar la actuación, la comparación con los daños causados por la dana, valorados en hasta 20.000 millones de euros, da buena cuenta de que habría sido una inversión muy rentable para el Gobierno de España.
Solo restaba la voluntad política. El proyecto entregado por Typsa estaba completo, listo para licitar y ejecutar, con los pliegos ya redactados.
El papel de Ribera
Los "problemas ambientales" que alegó Teresa Ribera se circunscribían a la Ley de la Huerta de Ximo Puig, que restringió las actuaciones en el área metropolitana de Valencia.
No obstante, la impulsora de esa norma, la exconsellera socialista de Territorio María José Salvador, negó esta excusa del Gobierno central, de su mismo partido, y defendió que el Ejecutivo tenía "informes favorables condicionados" para ejecutar el proyecto.
Otra de las excusas del Gobierno es que la declaración de impacto ambiental habría caducado en 2016, al tener una vigencia de solo cinco años. Pero los ingenieros desdeñan este argumento: "La DIA es un trámite legal que los políticos tienen que solucionar. Están para eso".
De hecho, el Gobierno de Sánchez tuvo dos ejercicios completos para restituirla tras llegar en 2018, los de 2019 y 2020. "No hace falta tener Presupuestos propios para hacer una DIA", agregan las fuentes consultadas.
