El Gobierno no ampliará el plazo para presentar los proyectos de reconstrucción tras la dana pero será "flexible"

Así lo confirman fuentes del propio Gobierno a preguntas de EL ESPAÑOL. Según las citadas fuentes, el Ministerio de Política Territorial será "flexible" a la hora de cumplir con los plazos que marcó la orden dirigida a los ayuntamientos "y así se les ha trasladado ya en varias ocasiones a los alcaldes".

Tras las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024, el Ejecutivo central transfirió a las arcas de los 78 municipios arrasados un total de 1.746 millones de euros. El dinero debía dedicarse a reconstruir y tratar de devolver la normalidad a sus localidades.

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Sin embargo, los consistorios toparon con dos problemas principales: la falta de efectivos, de músculo administrativo para tramitar expedientes y licitar obras, y, por otro lado, el tiempo. Este corría en su contra, pues los proyectos que deseasen ejecutar debían recibir el visto bueno por parte del Ministerio antes de acometerse y la fecha que marcó el Gobierno en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado fue febrero de 2026.

Una fecha que generaba una importante preocupación en los ayuntamientos debido a la cantidad de trámites burocráticos que debían hacer con carácter previo y que amenazan poder no llegar a tiempo. Para entonces, quedan apenas tres meses y en algunos casos daban por hecho que acabarían perdiendo los fondos estatales al no poder ejecutarlos.

La angustia por parte de las corporaciones locales fue tal, que el pasado mes de junio la mancomunidad de l'Horta Sud y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) remitieron una carta al Ministerio de Política Territorial para reclamar, precisamente, la ampliación de este horizonte temporal.

En la misiva dirigida al ministro Ángel Víctor Torres, subrayaban el "tremendo esfuerzo" que estaban haciendo los ayuntamientos afectados por la dana del 29 de octubre "para devolver la normalidad a la ciudadanía".

"Al volumen de infraestructuras municipales y de todo tipo destruidas, se suma la afección a las propias familias, viviendas y negocios. La herida es gigante a todos los niveles", continuaba el escrito.

"Somos conscientes de la ayuda que está brindando el Gobierno de España. No obstante necesitamos que se modifiquen algunas condiciones para que esta ayuda sea más efectiva y así también aliviar las finanzas de los ayuntamientos", exponía la mancomunidad.

Así, a continuación relataban cuatro peticiones. "Los ayuntamientos necesitan una ampliación de los plazos establecidos inicialmente, de forma que sea viable el proceso de elaboración de los proyectos y realización de las obras", rezaba el documento.

Por lo pronto, el Gobierno ha decidido ampliar el plazo para ejecutar las obras. Pero no ha hecho lo propio con el que estableció para presentar memorias de proyectos -febrero de 2026-, si bien reconocen que serán "flexibles". "Se les ha dicho ya varias veces a los alcaldes, porque es un tema recurrente en cada reunión que tenemos con ellos", reconocen fuentes del Gobierno consultadas por este periódico.

Trámites previos

En este punto, conviene recordar que los ayuntamientos tuvieron que presentar una memoria económica valorada en la que reflejaran los daños sufridos y los gastos a los que se enfrentaban.

Esta debía recibir el visto bueno por parte del Ministerio de Política Territorial. En caso de no recibir autorización, deberían subsanar los errores señalados por el Gobierno. Y en caso de obtener luz verde, comenzaría el procedimiento ordinario para licitar obras necesarias para devolver la normalidad al municipio.

Esta contempla desde la licitación de la redacción del proyecto, hasta la redacción de la obra, su licitación y la propia ejecución.

Para todo ello, cada municipio ha optado por asumir toda esa carga burocrática con sus propios funcionarios, o por encargar a Tragsa todos los trámites porque no tiene capacidad administrativa para hacerlo. En este grupo se encuentran los municipios más pequeños y con escaso personal, que son la mayoría.

Falta de personal

La carta iba acompañada de otro tipo de peticiones. Entre ellas, la necesidad de reforzar las plantillas de funcionarios para poder tramitar todos los expedientes necesarios, dado que la estructura administrativa de muchos ayuntamientos afectados es excesivamente pequeña para la labor que deben afrontar.

Esta petición, sin embargo, no ha tenido respuesta por el momento. Por su parte, la Generalitat Valenciana, a través del exvicepresidente segundo para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, invitó a los funcionarios autonómicos a ofrecerse voluntarios para realizar funciones administrativas en los pueblos devastados.

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El plan encalló. Por un lado, no suscitó especial interés en la plantilla de la Generalitat, pero por otra, tampoco la Conselleria de Función Pública se mostró favorable a la metodología planteada por Gan Pampols: la cesión temporal de sus propios trabajadores a otras administraciones.

El problema principal que hallaba el departamento de Nuria Martínez era que si lo hacían, dejarían de prestar servicios en la Generalitat. Por lo que no llegó a dar su visto bueno al plan.

En este punto, la Diputación de Valencia que preside Vicente Mompó intervino y aprobó el pasado mes de julio un crédito de 10,3 millones de euros para asistir a los municipios y que estos pudieran contratar al personal técnico necesario ante las diferencias que planteaba la idea inicial en el seno del gobierno valenciano. Por lo pronto, 85 de 103 municipios en total, han pedido recibir el dinero que les corresponde.