José Luis Belmonte, este lunes en Valencia. Efe / Ana Escobar
Belmonte, el hombre que reúne 500.000 firmas para garantizar las inversiones que "habrían evitado la desgracia de la dana"
Se trata de una ILP abrazada por el Colegio de Ingenieros de Caminos para modificar la Ley de Aguas y que se cumplan los compromisos hidráulicos.
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Su nombre es José Luis Belmonte. Es abogado, y lidera una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas tras la dana e incluir en la normativa principios como la protección de la vida de las personas, la salud de las poblaciones, el patrimonio cultural y la actividad económica.
"Se hacen unos planes hidrológicos fantásticos que, si se hubieran ejecutado, hubieran evitado la desgracia de la dana. Los planes se hacen, pero luego no se ejecutan", lamentó el letrado este lunes en la presentación de la iniciativa, que requiere la firma de 500.000 ciudadanos.
En declaraciones a los medios antes del inicio de la jornada en la que se ha presentado el cambio legal, Belmonte la defendió ante la necesidad de "hacer algo" para evitar riadas como la de hace ocho meses.
Confió en que obtenga "muchísimos apoyos de la sociedad civil", ya que la propuesta trata "tres puntos muy sencillitos" y "muy desideologizados" con los que "nadie puede estar en contra". "Esto no es un tema de ni derechas ni de izquierdas, nos interesa a toda la sociedad", señaló.
Belmonte apuntó que los planes quinquenales previstos "preveían inversiones del orden de unos 23.000 millones de euros y, sin embargo, se han ejecutado solamente en una cuarta parte".
Aun así, "se está diciendo que realmente en España necesitaríamos inversiones de cerca de 80.000 millones". "No sabemos cuál es la realidad, si 25.000 u 80.000, pero sí que sabemos una cosa segura: lo que se está haciendo es insuficiente", recalcó.
Ante esta situación, apeló a un "punto de apoyo" para construir, "tirar hacia adelante" y "mirar hacia el futuro", al tiempo que criticó que las administraciones "solamente se ponen de acuerdo en tirarse los trastos a la cabeza cada vez que hay una desgracia".
La propuesta
"La Ley de Aguas actual menciona la protección del medio ambiente y la naturaleza, y eso está bien, pero se olvida de lo más importante: las personas". Así reza la Iniciativa Legislativa Popular. La iniciativa del abogado ha sido abrazada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España.
Con ella, como informó este periódico, los expertos tratan de blindar en el texto "una inversión suficiente" frente a inundaciones como las del pasado 29 de octubre, que se cobraron 228 vidas en la provincia de Valencia. "Muchos daños podrían haberse evitado", asevera la propuesta.
En el caso de la tragedia de Valencia, el grueso de las muertes tuvo lugar en el barranco del Poyo, cuya canalización, laminación y desvío al río Turia fue aprobada por el Gobierno de España en 2011. Jamás llegó a ejecutarse.
La ILP trata de evitar que se repita una desinversión letal. Por ello, denuncia que el texto actual de la Ley de Aguas "no habla de proteger vidas". "No menciona la salud, ni la seguridad, ni lo que ocurre cuando una riada arrasa un pueblo o una sequía deja a familias enteras sin recursos", expone.
"Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Porque ninguna ley está completa si no pone la seguridad de las personas en el centro", aseveran los impulsores. Esta iniciativa también la respaldan el Colegio de la Abogacía de Madrid, el Colegio Oficial de Geólogos o el Colegio de Procuradores de Madrid, entre otras entidades.
Presentación de la iniciativa para modificar la Ley de Aguas. EE
"Necesitamos más de 500.000 firmas para cambiar la ley", reclaman en la web habilitada para recabarlas, denominada "ILP Ley de Aguas". Además de la "protección de la vida como prioridad", la iniciativa persigue la "dotación presupuestaria" necesaria.
"Las infraestructuras necesarias para protegernos de las inundaciones y las sequías ya están identificadas. Llevan años estudiadas, planificadas y con presupuestos estimados. Solo falta algo fundamental: darles prioridad", argumentan.
A menudo, añaden, "las decisiones políticas se centran en el corto plazo, dejando de lado medidas que podrían marcar una gran diferencia en la seguridad de las personas y del territorio".
"Por eso, esta Iniciativa Legislativa Popular propone modificar el artículo 14 de la Ley de Aguas para incluir un principio claro y necesario: La inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos naturales, por inundaciones o sequía", subrayan.
Según los impulsores, no se trata de "un gasto desmedido", sino de "una inversión razonable y urgente que puede evitar grandes pérdidas humanas, sociales y económicas en el futuro". "Porque cuando se trata de prevenir desastres, más vale actuar a tiempo", exponen.
Profesionales al mando
En tercer lugar, solicitan que se sitúe a "profesionales al frente de las decisiones técnicas". "La gestión del agua es compleja y requiere conocimientos muy específicos. Por eso, creemos que las decisiones clave deben estar en manos de personas con formación técnica y experiencia profesional", detallan.
"Desde esta iniciativa, proponemos que la Ley de Aguas reconozca el principio de profesionalidad y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad, especialmente en aquellos relacionados con la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo", manifiestan.
Los defensores de la ILP recalcan que, "en un contexto donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, es fundamental que las decisiones se basen en criterios técnicos y no en intereses políticos, mejorando la eficacia de las medidas y protegiendo mejor a las personas y al entorno".
El manifiesto destaca que la depresión aislada en niveles altos (dana) de octubre de 2024 "provocó numerosas víctimas, desaparecidos y daños personales y materiales, especialmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha".
"Se evidenció que, con una mejor planificación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, muchos de estos daños podrían haberse evitado", asevera el texto, que detecta cuatro "carencias derivadas de la falta de actuación".
Se trata de la "falta de protección en zonas inundables", el "mantenimiento insuficiente de cauces, barrancos e infraestructuras hidráulicas", "deficiencias en la ordenación del territorio" y "protocolos de emergencia poco eficaces".
