El plan de Gan Pampols para prestar funcionarios a los ayuntamientos de la dana encalla en Función Pública

Los ayuntamientos de la dana, a la espera del refuerzo de funcionarios para encauzar la reconstrucción

Sin embargo, las peticiones de estos funcionarios para prestar sus servicios en otra administración -la local- deben ser firmadas por los jefes de personal de las consellerias donde tienen la plaza. Unas autorizaciones que, por lo pronto, no se están produciendo.

Sin este visto bueno, las comisiones de servicios no se pueden llevar a cabo y, por tanto, este apoyo técnico administrativo no llega a materializarse. En definitiva, las manos para tramitar expedientes y contratos para ejecutar los fondos dana siguen siendo las mismas.

Preguntada por este atasco, la Conselleria de Justicia y Administración Pública -encargada de la plantilla de la Generalitat- no ofrece explicaciones al respecto. Ni tampoco reconoce que se deba a un motivo concreto.

Lo que sí es cierto, no obstante, es que la puesta en marcha de este Plan por parte de Pampols generó tensiones en el seno del Gobierno valenciano. Y Función Pública puso reparos a que se pudiera llevar a cabo de esta manera.

¿El motivo? El departamento no estaba del todo de acuerdo con la fórmula empleada -el préstamo de sus funcionarios a otras administraciones- y quería que se empleara otro mecanismo alternativo que no implicara la cesión de su propia plantilla.

La razón era sencilla de entender: si los funcionarios de la Generalitat acababan trabajando para los ayuntamientos, dejarían de prestar sus servicios en la administración autonómica.

Así, las funciones que desempeñan en sus puestos, dejarían de realizarse. En definitiva, en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.

Gan Pampols se topa con reparos dentro de la Generalitat para prestar funcionarios a los municipios de la dana

Se da la circunstancia de que el tipo de empleado público que busca la Vicepresidencia para la Reconstrucción y que necesitan los ayuntamientos, son del tipo A1 y A2.

Entre ellos, arquitectos, ingenieros y otros técnicos cualificados que forman parte de la escala más alta del funcionariado valenciano. Un perfil que, según fuentes consultadas por este diario, no sobran ni abundan en la administración autonómica.

Con todo, aunque no admitían reticencias, desde la Conselleria dirigida por Nuria Martínez sí reconocían estar estudiando el "encaje que tiene el llamamiento" que se había hecho a la plantilla.

Nuria Martínez. Vicent Bosch

Y aunque no existía entonces ni ahora una solución sobre la mesa ante las desavenencias, uno de los posibles remedios a este entuerto pasaría por la creación de puestos necesarios a través de programas de carácter temporal y que se ejecutaran mediante bolsas de empleo.

Por lo pronto, no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Sencillamente, el grupo de funcionarios interesados en prestar una mano a los ayuntamientos afectados sigue aumentando -se sitúa ya en torno a los 80- sin que las solicitudes sean autorizadas por nadie.

Y todo, a pesar de que el convenio de colaboración para permitir la asistencia de la Generalitat a las corporaciones locales ya fue aprobado hace casi un mes, el pasado 28 de mayo.

Tres meses bloqueado

El origen de este dilema se remonta al pasado mes de abril, cuando Pampols envió una carta a los empleados públicos de la Generalitat pidiéndoles colaboración con los consistorios en la gestión de las ayudas que habían recibido del Estado.

No en vano, las corporaciones locales ya tienen en sus arcas los fondos que prometió Pedro Sánchez en una de sus visitas a Valencia para reconstruir las infraestructuras dañadas: 1.746 millones de euros.

Sin embargo, el dinero en sí mismo no es suficiente para encauzar la reconstrucción, pues muchos ayuntamientos advertían de su incapacidad para tramitar todos los expedientes necesarios para acometer las obras necesarias y poder volver a la normalidad.

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Tras mantener reuniones con las corporaciones locales, la mayoría coincidía en una cosa: no tienen suficiente estructura administrativa para poder licitar grandes contratos y, por tanto, lograr ejecutar el presupuesto en su totalidad.

Muchos de estos consistorios tienen unos presupuestos anuales modestos y ahora mismo se encuentran en la tesitura de que los fondos enviados por el Gobierno para la recuperación suponen un montante de dinero superior al que acostumbran a gestionar anualmente.

Por lo que ejecutarlo en solitario es un reto prácticamente inasumible para ellos. De manera que Gan Pampols, al frente de la Recuperación del territorio, pidió voluntarios en la administración autonómica.

Se dirigió a la plantilla de la Generalitat por carta y según los datos que ofrece su departamento, hoy el total de funcionarios interesados en prestar ayuda y conformar este comité técnico de apoyo roza ya las 80 personas.