Vehículos y viviendas afectadas por la dana en Catarroja, Valencia. Efe / Manuel Bruque
Las pérdidas económicas por la dana superan los 17.000 millones en los municipios de Valencia, según el Ivie
El Instituto destaca el contraste entre el aumento de población y ocupación de las zonas afectadas su carácter inundable.
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El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha elaborado un primer informe en el que cifra las pérdidas económicas provocadas por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó en torno a un centenar de municipios de la provincia de Valencia.
El nivel de devastación es enorme. Comercios, viviendas, industrias, instalaciones agrícolas, maquinaria y todo tipo de equipamiento quedaron completamente destruidos. Y dos meses y medio después de la catástrofe ya se comienzan a conocer las primeras cuantificaciones de daños.
Según el análisis realizado por el organismo, las pérdidas económicas superan ya "fácilmente los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024". Es decir, que la pérdida de riqueza para la provincia será mucho más cuantiosa que reflejará en la caída del Producto Interior Bruto.
En total, en los 89 municipios afectados por las inundaciones (se excluye la ciudad de Valencia) se localiza el 35% de los activos de la provincia, cuyo valor equivale a 85.900 millones de euros.
"Por lo tanto, por cada punto porcentual de destrucción de activos en las zonas afectadas se habrían producido unas pérdidas de 859 millones", expone el informe, que ha sido elaborad por el Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas del Ivie.
El documento recuerda que las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja cifraban los daños en los activos de las empresas en más de 13.000 millones de euros. A esta se sumaría los daños en viviendas -aquellas situadas en bajos- y otro tipo de infraestructuras de particulares.
En este caso, según las estimaciones del Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana, se trataría de en torno a 2.900 millones de euros. Con lo que, en conjunto, podría haberse perdido "el 20% de los activos totales" de toda la provincia de Valencia.
"Aunque todavía no se conoce la cifra exacta de las pérdidas, el impacto de las inundaciones será mucho más elevado que el que se reflejará en la caída del PIB inicial, ya que el cálculo de esta magnitud no tiene en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de buena parte del stock de capital", expone el análisis.
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Asimismo, plantea que la dana tendrá consecuencias más allá de 2024 "en forma de limitaciones para el desarrollo normal de las actividades en 2025 y necesidades de reconstrucción y recuperación".
"La dimensión de estos impactos dependerá del volumen de las ayudas a las zonas afectadas, y la resiliencia de la economía y la sociedad valencianas", añade.
Mayor población y ocupación de suelo
Las estimaciones que ofrece el informe se refieren a los 89 municipios afectados (excluyendo el municipio de Valencia), un área cuya población se ha duplicado entre 1960 y 2024 hasta superar el millón de habitantes.
El estudio ofrece también los datos para los 20 municipios de l'Horta Sud y pone el foco en las 15 localidades más dañadas, la llamada 'zona cero'.
En el caso de los municipios de l'Horta Sud el crecimiento demográfico ha sido todavía mayor, de un 200% en el mismo periodo, lo que eleva su densidad de población hasta los 1.592 habitantes por kilómetro cuadrado, seis veces más que la media de la provincia de Valencia.
La concentración demográfica va acompañada de una intensa ocupación de los territorios por todo tipo de activos, residenciales y productivos, una parte importante de los cuáles han resultado afectados.
El 65% de los activos de la zona son viviendas (con un valor estimado de 56.295 millones de euros), mientras que el 35% restante está integrado por infraestructuras públicas y otras construcciones privadas (23.605 millones de euros).
En este sentido, el Ivie destaca que el aumento poblacional ha incidido en los cambios en la cobertura del suelo (que hasta los años 60 era preferentemente agrícola), aumentando los usos artificiales del mismo, como edificaciones (residenciales y no residenciales) e infraestructuras.
Una de las consecuencias más destacables de la expansión de superficies artificiales es que disminuye radicalmente su permeabilidad al agua.
El informe destaca el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, así como el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia.
