Una mujer entra en una tienda de Valencia.
El relevo que España no puede perder
Salvar negocios viables, premiar una vida de trabajo y abrir una puerta de futuro
Más de 600.000 autónomos se jubilarán en España en los próximos cinco años: uno de cada seis. La cifra no describe un problema de mercado, sino una emergencia silenciosa. Porque no hablamos de empresas que fracasan, sino de negocios que funcionan —que tienen clientes, pagan impuestos y sostienen barrios y pueblos— y que están a punto de cerrar por una sola razón: nadie los recoge.
Ese es el verdadero drama del relevo generacional. Panaderías, talleres, bares, comercios, transportistas, peluquerías, oficios de proximidad que han sobrevivido a crisis, pandemias, inflación y burocracia. Negocios que no necesitan un funeral, sino un sucesor.
Cuando cierra un negocio solvente no solo baja una persiana. Se pierde experiencia, empleo, recaudación y servicio. En un pueblo, el cierre de la única tienda no es un ajuste: es la diferencia entre comunidad y abandono. En un barrio, la desaparición del comercio de proximidad es soledad y desertificación urbana. España puede perder una parte esencial de su tejido económico no por falta de demanda ni de oficio, sino por falta de transmisión.
Durante demasiado tiempo se ha mirado al autónomo como fuente de recaudación antes que como pieza esencial del país real. Se le ha pedido que resista, que anticipe impuestos, que digitalice, que soporte el coste de la energía y que contrate con miedo, frente a una administración que muchas veces no le explica, solo le sanciona. El plan de autónomos defendido por el Partido Popular y por Juan Bravo acierta al cambiar esa mirada: dejar de tratar al autónomo como sospechoso y empezar a tratarlo como aliado. Menos impuestos, menos burocracia, derecho al error, tarifa 0 para nuevos autónomos, franquicia de IVA para los de menor facturación y un marco de confianza.
Pero en materia de relevo hay una medida decisiva por encima de las demás: que la persona que quiere quedarse el negocio pueda aprenderlo antes de asumirlo, sin que ello arruine a quien se jubila.
Porque ningún traspaso serio se improvisa. Nadie hereda una carnicería, una cafetería o un pequeño comercio por firmar un papel. Hay un conocimiento que no está en los manuales: los proveedores, los márgenes, los clientes, la relación con el barrio, los errores que no hay que repetir, la confianza construida durante años. Eso se transmite trabajando al lado del autónomo que se retira. Y si a ese autónomo —cansado, con márgenes estrechos y una pensión que rara vez compensa décadas de esfuerzo— se le exige pagar el coste íntegro de formar a su sucesor, muchos no lo harán. No porque no quieran, sino porque no pueden.
Por eso la medida bandera debe ser clara: bonificación total de las cotizaciones del aprendiz durante un año. A su alrededor, un marco coherente: incentivos fiscales al traspaso, compatibilidad entre jubilación y actividad de acompañamiento, asesoramiento jurídico y financiero, y una plataforma público-privada que conecte negocios viables sin sucesor con personas dispuestas a continuarlos. El autónomo que transmite debe jubilarse con dignidad y recibir un pago justo: no es un privilegio, es la recompensa por una vida de trabajo.
España necesita cambiar el relato. Un traspaso no es una liquidación, es una continuidad. El autónomo que cede su negocio no apaga una luz: entrega una antorcha. Y quien la recibe no parte de cero, recibe una oportunidad con raíces.
Esa puerta conecta, además, con uno de los grandes debates de nuestro tiempo. En un país envejecido y con falta de mano de obra en oficios, comercio, cuidados, hostelería y transporte, el relevo generacional puede ser también una de las políticas migratorias más sensatas: no traer gente para estadísticas, sino conectar necesidades concretas con personas dispuestas a trabajar, formarse y arraigar. Una vía de integración basada en el trabajo y la responsabilidad, no en el subsidio. Itinerarios de formación y prácticas para jóvenes, estudiantes de FP y personas inmigrantes con vocación emprendedora pueden convertir el traspaso en un mecanismo de empleo, arraigo y cohesión.
El relevo generacional debe ser una gran causa nacional: política económica, social, migratoria, reto demográfico y defensa del pequeño comercio, con un principio rector innegociable. Ningún negocio viable debería cerrar por falta de sucesor sin que antes se haya intentado conectarlo con alguien capaz de continuarlo.
El PP tiene ahí una oportunidad de primer orden: pasar del discurso de apoyo al autónomo a una arquitectura completa de continuidad empresarial. Debe merecer la pena trabajar y emprender, sí. Pero también debe merecer la pena transmitir, enseñar lo aprendido y ceder el negocio sin arruinarse en el intento. Porque España no se construye solo con grandes titulares, sino con cada autónomo que abre antes de que amanezca. Esa herencia no podemos perderla. Hay que convertirla en futuro.
Alma Alfonso es diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados