Pilar Bernabé, Diana Morant y Arcadi España en la manifestación del Primero de Mayo. PSPV
La política atraviesa una etapa curiosa: algunos partidos parecen haber descubierto de repente problemas cuya existencia ignoraron sistemáticamente mientras gobernaban.
La vivienda pública, las comisiones de investigación, la transparencia institucional o las reivindicaciones educativas han pasado, casi milagrosamente, de ocupar un discreto segundo plano a convertirse en urgencias democráticas irrenunciables. No porque hayan aparecido ahora, sino porque ahora gobiernan otros.
Existe algo casi enternecedor en observar cómo determinadas formaciones políticas se presentan hoy como guardianes de principios que durante años administraron con una flexibilidad verdaderamente creativa.
"La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud", escribió François de La Rochefoucauld. Y, a juzgar por el panorama político actual, algunos principios parecen activarse únicamente por turnos.
El ejemplo más evidente lo encontramos en la comisión de investigación sobre la dana. Durante un año hemos escuchado proclamas teatrales sobre la necesidad de explicaciones y responsabilidades políticas.
Todo muy en línea con la teatralidad habitual, hasta que llega el momento de tener que comparecer en un parlamento. Y así hemos asistido a una escena bastante representativa del comportamiento del socialismo: quienes más reclaman dar la cara son precisamente los primeros en esconderla.
Ni Polo, Bernabé, José María Ángel, Montero, Marlaska, Robles ni Teresa Ribera. No vienen y se permiten acusar. Una paradoja que no es menor. Algunos dirigentes han convertido la ausencia y la falta de explicaciones -política del avestruz- en estrategia de supervivencia. Una fórmula innovadora: boicotear las instituciones mientras se exige solemnemente respeto institucional.
Casi una nueva corriente doctrinal. Algo parecido ocurre con la vivienda pública. Los mismos partidos que gobernaron durante ocho años sin construir ni una sola, se presentan hoy como descubridores oficiales de la emergencia habitacional.
Resulta difícil aceptar lecciones de gestión en materia de vivienda por parte de quienes, ni construyeron ni contuvieron los precios. Baste recordar que en 2023 el Botànic ordenó la gran subida del precio de la VPP incrementándolo en 400 euros por metro cuadrado, pasando de 1.800 a 2.200 euros.
La educación tampoco escapa a esta lógica. Las legítimas reivindicaciones de los docentes deben formar parte del debate democrático. Lo llamativo, no obstante, es comprobar cómo PSPV y Compromís respaldan hoy movilizaciones y protestas como si las tensiones estructurales del sistema educativo valenciano hubieran aparecido espontáneamente y no tras años de mala gestión acumulada.
Hasta en cinco ocasiones les negaron aumentos retributivos y hoy, a pesar de que el Consell ha subido el sueldo a los profesores más jóvenes un 13,5 por ciento y se ha incrementado la plantilla en más de 8.000 docentes, prefieren esconderse tras las pancartas perjudicando de paso a 840.000 alumnos valencianos.
Pero el fenómeno, en realidad, va más allá de casos concretos. Se trata de una forma de hacer oposición basada en la indignación selectiva: exigir con máxima contundencia aquello que nunca se impulsó con la misma intensidad desde el poder. No importa tanto resolver los problemas como capitalizar políticamente su existencia.
La política necesita oposición. Necesita crítica, control y fiscalización. Pero también necesita memoria, coherencia y honestidad intelectual. Porque cuando los principios cambian dependiendo del lugar que se ocupa en el hemiciclo, el debate público deja de centrarse en las soluciones y pasa a convertirse en una competición constante por administrar el escándalo del día.
Y quizás ese sea uno de los grandes problemas de nuestro tiempo político: que algunos parecen sentirse mucho más cómodos denunciando los incendios que evitando que se produzcan.
Nando Pastor es síndic del Grupo Popular en Les Corts