En estos días hay un término que se nos ha colado en los informativos entre las continuas noticias de guerra, bombardeos e intentos de conversaciones que no llegan a casi nada -por no decir a nada- y tienen al mundo pendiente de un hilo.

Se trata de la “regularización”, que podría parecer una palabra propia de un trabalenguas si no fuera porque tiene poco de broma.

Y no lo tiene porque, para algunas personas, puede suponer un cambio tan trascendente en su vida como es el reconocimiento de los derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas.

Unos derechos de los que muchos gozamos por el mero hecho de haber nacido en un país y en un momento determinado. Un puro azar que puede marcar la frontera entre la vida y la muerte, ni más ni menos.

Confieso que no me he leído el texto legal, pero tampoco lo necesito en este momento para contar determinadas cosas.

Aunque estoy segura de que gran parte de la gente que critica ferozmente esta medida legislativa tampoco ha leído el texto.

Un proceso de regularización no es otra cosa sino conceder el estatus de ciudadanos de pleno derecho a quienes llevan tiempo en nuestro país sin que hasta el momento se les haya dado esta oportunidad.

Son gente que trabaja en las peores condiciones, las más de las veces en empleos que nadie quiere y que ni siquiera podían hasta ahora reclamar por nada por miedo a que el fantasma de la expulsión se cerniera sobre ellos. Los vemos cada día sin mirarlos siquiera o, lo que es peor, sin querer verlos.

En muchos casos, son quienes cuidan a nuestras familias, quienes limpian nuestras casas o recogen nuestras basuras, quienes recogen en el campo la comida que luego irá a parar a nuestras mesas o construyen ladrillo a ladrillo las casas donde vamos a vivir.

Y solo quieren poder hacerlo sin el miedo a que cualquier día les detengan y les expulsen, y se queden sin poder dar de comer a sus familias, algunas de ellas a muchos kilómetros de distancia.

Pero no solo eso: quieren contribuir con sus impuestos a la mejora de unos servicios públicos a cuyo uso aspiran como cualquier otra persona.

Porque, paradójicamente, hay quien les reprocha que no contribuyan al erario público, pero se niegan a que tengan una situación legal que les permita tener contratos de trabajo y no formar parte de la economía sumergida y, en los más de los casos, explotada.

Algo tan simple no debería ser objeto de debate, ni, mucho menos, de un rechazo de plano tajante basado en bulos y desinformación.

No se va a abrir la puerta a delincuentes, ni mucho menos se va a hacer un llamamiento a todo el que quiera venir con la promesa de unos papeles que tan difíciles son de conseguir.

Se trata, simplemente, de dar carta de naturaleza a personas que ya llevan tiempo en nuestro país y que lo único que quieren es permanecer aquí con los mismos derechos que gozamos quienes tuvimos la suerte de nacer aquí. ¿Se les puede negar eso? La respuesta parece obvia.

Como es obvio también que no hay “efecto llamada” que valga. No se puede llamar a quien ya está aquí, y estar aquí es el requisito clave para regularizar.

Que nadie nos venda que van a llegar muchos más porque no es a ellos a quienes se dirige este proceso, por más que también merezcan nuestra solidaridad. Pero no es el caso de que se trata.

Estas personas han luchado mucho por tener algo por lo que muchas personas jamás hemos tenido que mover un dedo. ¿Tan difícil es de comprender?