Sin temor a la chanza, Pedro Sánchez, considerado un hombre frío y calculador, visitó una fábrica de máquinas para hacer hielo en su cuarto viaje en siete meses a Valencia por la catástrofe de la dana.
Su presencia en esta empresa, ya recuperada tras la gran inundación, permaneció oculta en la agenda oficial. Tuvo lugar en el municipio socialista de Ribarroja. Y fue plácida, como toda su jornada.
Contribuyó una minuciosa organización para que no pisara la calle, la misma práctica que tanto critica el PSOE a Carlos Mazón. Pero influyó mucho más la profunda anestesia en la que duerme el pueblo valenciano.
Sánchez, hay que reconocerlo, ha congelado su dana de una forma magistral. El máximo responsable de los barrancos, el presidente del Gobierno que lleva siete años sin encauzar la cuenca de la desgracia, tuvo en Valencia un oasis al que escapar de los muchos escándalos que le atenazan.
Tras su célebre marcha de Paiporta, que fue su segunda visita, solo había venido a Valencia por la dana una vez más, a reunirse con alcaldes afectados en la cómoda sede de la Delegación del Gobierno, lejos del barro.
Tardó 80 días en regresar al lugar de la mayor catástrofe que ha sufrido España este siglo, con 228 víctimas mortales, 37 más que los 191 muertos del 11-M en 2004. Sánchez ni siquiera acudió al funeral celebrado en diciembre en la Catedral de Valencia, presidido por los Reyes de España.
Ahora, el presidente ha dejado pasar otros cuatro meses para regresar. Y, 120 días después, ha encontrado comodidad pese a la responsabilidad directa del Gobierno que preside en todo lo ocurrido.
Un párrafo
Las obras pendientes que habrían evitado la catástrofe, y que resultan indispensables para que no se repita en el futuro, apenas merecieron un párrafo de la nota de prensa de la Moncloa tras una promesa vaga a las asociaciones de víctimas con las que se reunió.
"Pedro Sánchez les ha comunicado que el Gobierno está trabajando ya en un plan para prevenir y preparar el territorio para minimizar los riesgos en caso de inundación", reza el escrito oficial. Dicho plan, en consecuencia, está todavía en elaboración siete meses después de la desgracia.
Esta planificación, según anunció el Gobierno, "incluirá actuaciones nuevas y otras ya programadas, que se ejecutarán desde 2026".
Sánchez y su equipo, en su reunión con las asociaciones de víctimas de la dana. EE
"El plan, diseñado por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contendrá un paquete de reformas hidráulicas, y actuaciones de protección frente a inundaciones", concluyó al respecto.
El Ejecutivo, preguntado después sobre el asunto, no ofreció más información. Por descontado, como ya es costumbre, tampoco hubo rueda de prensa en la que preguntarle. Sánchez ni siquiera realizó una declaración institucional en esta ocasión.
Y la única precisión ofrecida, la de que las actuaciones "se ejecutarán desde 2026", tampoco constituye una novedad, ya que se trata de una fecha ofrecida previamente, en enero, por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La entidad que preside el también socialista Miguel Polo trasladó entonces a representantes de polígonos industriales que las obras previstas en el barranco de La Saleta, ahora en fase de actualización, se ejecutarán en 2026, 15 años después de que fueran aprobadas.
Anunciar nada
Sánchez, en definitiva, vino a Valencia a anunciar nada. Y lo más sorprendente es que a muy pocos escandaliza esta pasividad del presidente.
Para que se inunde de un modo tan brutal un territorio como el que sufrió la dana del 29 de octubre de 2024 son imprescindibles dos circunstancias: una lluvia descomunal aguas arriba y la carencia de infraestructuras hidráulicas que protejan a las poblaciones por las que transcurre.
Solo la segunda está bajo control humano, y las competencias las ostenta en exclusiva el Gobierno de España. La gran habilidad de Sánchez y el PSOE ha consistido en concentrar toda la presión política en una circunstancia posterior: la gestión de la emergencia.
Fiscalizar los graves errores que cometió la Generalitat Valenciana aquella jornada es imprescindible, por descontado. ¿Pero por qué la lupa está solo en cómo de mal realizó el piloto el aterrizaje de emergencia sin importar el pésimo estado en el que se encontraba su aeronave?
¿Debemos señalar solo a la Generalitat porque es la única investigada por la jueza de Catarroja? Sería absurdo. Que la instrucción se centre en la flagrante ausencia de avisos a la población es razonable.
Pedro Sánchez y Carlos Mazón, tras la dana de Valencia. EP / Jorge Gil
No parece fácil responsabilizar penalmente a quien no construyó los barrancos de la muerte particular de cada una de las víctimas. De hecho, está por ver si la gestión de la emergencia llega algún día a ser penada.
Solo las obras protegerán a la población en el futuro. Y es el Gobierno de España el que ha de acometerlas.
Lejos de hacerlo, ha jugado un papel activo para postergarlas. Las descartó y lo hizo constar por escrito. Ante las insistentes reclamaciones de la CHJ para que se acometieran, el Gobierno concluyó en 2021 que las actuaciones, que ya entonces llevaban una década en el cajón, eran incompatibles con la Ley de la Huerta.
Esta última norma, impulsada por el Gobierno valenciano de PSPV-PSOE y Compromís presidido por Ximo Puig, endureció los requisitos para las consideradas 'obras duras' con impacto en la huerta valenciana. Así fue cómo los valencianos nos quedamos sin protección hidráulica en la 'zona cero' de la dana.
Si el lehendakari Imanol Pradales, Dios no lo quiera, sufriera mañana en Euskadi una dana como la que arrasó decenas de municipios valencianos el pasado octubre, vería desfilar el agua de forma ordenada por las magníficas infraestructuras hidráulicas que, allí sí, se han construido a cargo del erario. Podría comer y cenar en el Ventorro durante la dana.
La infrainversión que sufre desde hace décadas la Comunitat Valenciana por parte del Estado, en cambio, ha tenido víctimas mortales.
240 millones
No se hizo la gran actuación que habría salvado vidas, tal y como subrayan los ingenieros de caminos, canales y puertos de Typsa que redactaron los proyectos para encauzar la cuenca del Poyo. La previsión de entonces era un coste de 240 millones, insignificante si se compara con el de los daños posteriores.
Por ello resulta fascinante que tantas personas y organizaciones hayan digerido el mantra socialista de la responsabilidad unidireccional de la Generalitat Valenciana.
En primer lugar, es incomprensible porque la crítica al Gobierno de España es absolutamente compatible con la que merece la Generalitat Valenciana. Nada cabía esperar del PSOE y sus medios afines. Pero a ellos se han unido multitud de voces sorprendentes, de todo pelaje.
Los partidos y medios a la izquierda del PSOE, con comedidas excepciones, también han renunciado a fiscalizar al Gobierno central. Véase Compromís, que ejerce el nacionalismo más dócil de la historia del Congreso de los Diputados.
Sánchez, durante su visita a la fábrica de máquinas de hielo de Ribarroja. EE
Mención especial, además, merecen numerosos medios de comunicación considerados conservadores, de ámbito nacional y autonómico. La pobre promesa de Sánchez en materia de infraestructuras hidráulicas apenas ha sido denunciada en la prensa esta semana.
En cambio, Sánchez ha sido aplaudido por, tras siete meses de mucha más ausencia que presencia, reunirse con las tres asociaciones de familiares de víctimas mortales de la dana.
Está bien que lo haga. Pero llega tarde. Las víctimas, no como en el caso de Mazón, querían reunirse con él desde su constitución, y este solo ha aceptado, oh casualidad, la semana en que han procesado a su hermano por corrupción.
Citó a las asociaciones de un día para otro, les prometió un funeral de Estado tardío, con motivo del primer aniversario. Y poco más. Que habrá "actuaciones nuevas" en los barrancos, sin concretar plazos, obras ni presupuesto.
'Pagafantas'
¿Cómo hemos llegado a este escenario? ¿Cómo ha conseguido Pedro Sánchez sortear el desgaste de la dana?
¿Cómo ha podido esquivar también esta bala, después de mantener infrafinanciada a la Comunitat Valenciana desde que llegó hace siete años al poder o negar, en plena reconstrucción, la liquidez del FLA extraordinario que siempre brindaba a Ximo Puig?
Parece dar igual cualquier cosa en la que falle a los valencianos, que somos los pagafantas de España.
No ha habido una respuesta económica del Estado a la altura de la desgracia. El Gobierno presume de 16.600 millones de euros movilizados, pero menos de la mitad son ayudas directas.
En el montante incluyen 5.000 millones en avales del ICO y 3.500 del Consorcio de Compensación de Seguros, al que tienen derecho los asegurados que generan esos fondos con sus cuotas.
¿Qué mejor momento había que este, un golpe bestial de naturaleza, para acometer una reforma del sistema de financiación que acabara con el agravio a la Comunitat Valenciana?
Ojalá sea esta una baza que Sánchez guarda para catapultar a la ministra y presumible candidata autonómica Diana Morant. De lo contrario, la humillación sería mayúscula. El Ejecutivo sí se ha comprometido, en estos mismos meses, a brindar una "financiación singular" a Cataluña.
Otra ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero, sí ha sabido aprovechar su influencia para lograr una quita mayor de la deuda.
Si nos desatendió antes de la dana y la catástrofe no ha servido para recibir un trato especial en Valencia, todo apunta a que los valencianos seguiremos congelados en la fábrica de hielo de Pedro Sánchez mientras siga en la presidencia del Gobierno.
