Imposible, por no decir, irresponsable, no hablar del nuevo ataque directo del Gobierno al poder judicial.
¿Que una resolución judicial no es criticable? Por supuesto que sí, afortunadamente, gracias a encontrarnos dentro del Estado de Derecho que nos brinda la Constitución y al amparo de la libertad de expresión. Pero, esto dista mucho de noquear la presunción de inocencia.
No tenemos que retroceder tanto en el tiempo para evaluar en qué sociedad vivían nuestros padres, donde el garrote de la denuncia imponía la pena.
En el mundo de las fake news, sobre todo cuando interesa al dicente en cuestión, es propio trasladar textualmente la palabra dicha: "Es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de las mujeres", cita de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Que el trato a las víctimas es más que mejorable, ni que duda cabe; pero si obviamos que la presunción de inocencia nos hace libres y nos garantiza una tutela judicial efectiva, estamos abocados a repetir los errores que nos dejaron huérfanos de los derechos y principios fundamentales de cualquier estado democrático que se precie.
La administración de justicia, coincidente en el reproche, no tardó en poner de manifiesto su indignación; pero, en el resto, los ciudadanos de a pie, tal vez ya anestesiados, nada sorprenda y esto sí es el verdadero riesgo que corremos como colectivo conviviente.
Más allá de las declaraciones de la representante del Gobierno, nos resta exigir el cumplimiento de las garantías judiciales no solo a los que formamos parte, de un modo u otro, del pilar que garantiza la aplicación de las leyes, sino del usuario actual o de futuro, dado que, sin presunción de inocencia, lejos quedará el que esté libre de condena.
Una buena parte, que bien podría venir a dar solución, es la apuesta por dotar de herramientas y mecanismos necesarios para que la protección de la víctima esté plenamente garantizada, y sea asistida por profesionales especializados. En esto andan las administraciones públicas, qué duda cabe.
Pero, una gran porción de la responsabilidad recae en el doble juicio al que se someten las contiendas judiciales, el reproche a las acciones de la víctima, antes, durante y después, cuestionando cada comportamiento y adoptando posiciones diversas, incluso contradictorias entre sí.
Todo tiene respuesta censurable cuando de la víctima se trata, y no hace falta volver a la minifalda, esto sí es labor pedagógica desde la educación temprana en valores de igualdad de trato, que nos conducirá a no seguir poniendo el foco en la mujer "presuntamente" agredida.
