Poco puede hacer esta columna frente al gran maestro en situar el debate político donde le interesa. Pero la gravedad de lo que ocurre le obliga a uno a intentarlo.

Pedro Sánchez ha impuesto el silencio de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y actor fundamental para entender lo que ocurrió tanto el 29-O como los años previos en el trágico barranco del Poyo.

La imposición no es una opinión personal. Polo no ha hecho ninguna declaración pública desde aquella tarde pese al interés de todos los medios de comunicación en conocer su versión sobre lo ocurrido.

Que su silencio es una estrategia de Moncloa dejó de ser una suspicacia este domingo, cuando el dirigente informó al Ayuntamiento de Valencia de que no acudiría a la comisión municipal sobre la dana de este lunes.

Su ausencia se produce tras la orden pública del Gobierno a sus funcionarios de que declaren solo "en soporte escrito". La CHJ había dicho, días antes de esa directriz, que Polo sí acudiría a la comisión.

¿Y por qué pretende Sánchez el silencio de Miguel Polo? Aquí sí entramos en el terreno de la opinión, pero las circunstancias resultan de lo más clarividentes.

La CHJ, responsable del control de los caudales de su cuenca, debió ser la fuente principal de información de la Generalitat Valenciana la tarde de la catástrofe. Sin embargo, incumplió de forma flagrante sus protocolos de comunicación.

De nuevo me refiero a hechos objetivos. Fue la propia institución estatal la que, seguramente sin pretenderlo, reconoció el 4 de noviembre en un comunicado su escasa comunicación a Emergencias sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó el grueso de las 224 muertes.

Pueden consultar nuestras detalladas informaciones sobre cómo la CHJ omitió hasta en 15 ocasiones la comunicación obligatoria a Emergencias de la Generalitat. No le comunicó la avenida de agua del Poyo hasta las 18.43 horas, cuando ya era demasiado tarde. 

Las vergüenzas del organismo estatal durante aquella tarde maridan mal con el discurso estatal de que la culpa de todo la tiene el presidente valenciano, Carlos Mazón, por alargar su comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana.

Más allá

No obstante, yo creo que la censura sobre Miguel Polo va mucho más allá de su papel en la emergencia del 29 de octubre. Cabe subrayar que la CHJ, pese a ser un organismo del Gobierno, jamás ha dudado en ser crítico con el mismo.

En particular, por la infrainversión en las infraestructuras hídricas que la CHJ considera imprescindibles, como el encauzamiento del propio barranco del Poyo.

EL ESPAÑOL entrevistó al director de Typsa, la empresa de ingeniería que redactó el proyecto, validado en 2011. Se trata de Javier Machi, quien no pudo hablar más claro: "La obra estaba aprobada, pero el Gobierno nunca puso los 240 millones de euros".

¿Verdad que con todos estos elementos sobre la mesa el debate cambia? "Con la actuación hecha, el agua habría rebosado el 29-O, pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos", agregó el ingeniero.

Es decir: una inversión estatal pendiente desde 2011, que costaba tan solo 240 millones, habría evitado tanto el grueso de las 224 muertes como la devastación, cuyo coste se estima en más de 17.000 millones de euros.

O dicho de otro modo: si la Comunitat Valenciana fuera el País Vasco, donde al Estado no se le olvidan las inversiones prometidas ni a sus mandatarios reclamarlas con éxito, la tragedia no habría sido tal cosa.

Ni Miguel Polo a título particular ni la CHJ como institución negarían jamás que las infraestructuras que tanto han reclamado habrían evitado, al menos en buena medida, la catástrofe que han sufrido las poblaciones de la zona cero.

Silencio rentable

Por eso el silencio de ambos, por feo que resulte, es un silencio más que rentable. Sánchez es bien consciente de que parte con ventaja discursiva frente a la Generalitat Valenciana, titular de las competencias en materia de emergencias.

Poco le importa lo zafio que resulte su apagón informativo si el peso de la indignación recae sobre los hombros de Mazón. 'No nos movamos, el desgaste es mucho mayor para el PP', debe de pensar.

Por la misma razón lleva sin venir a Valencia desde el célebre episodio de Paiporta, en el que llegaron a agredirle. Ni siquiera mereció su presencia el funeral organizado por el Arzobispado de Valencia en honor a los fallecidos, presidido por los Reyes de España.

Queda feo, muy feo, que un presidente del Gobierno lleve dos meses y medio sin visitar la zona afectada por la mayor catástrofe natural que España ha sufrido este siglo.

Pero queda peor, al menos para sus intereses electorales, si acude y le gritan "asesino", como le profieren a Mazón, o a alcaldes como la socialista de Benetússer, Eva Sanz, que soportó con aplomo este sábado los exabruptos en el parking donde murió un empleado que lo limpiaba después de meses inundado.

Hace unas semanas pregunté formalmente a la CHJ si el silencio de Miguel Polo lo ha impuesto el Gobierno. Hasta me hicieron enviar un correo con la pregunta, que sigue sin respuesta. Si la contestación fuera negativa, no habría hecho falta el formalismo para negar la premisa.

La estrategia es callar y disfrutar de la erosión del adversario. Y cabe admitir que es un cálculo político inteligente. El problema es que la recuperación de los pueblos y de los vecinos afectados por la dana no depende del fracaso en la gestión de la misma, sino de justo lo contrario.

Cuanto peor, mejor

A mí me preocupa muchísimo que Pedro Sánchez haya podido instalarse en el 'cuanto peor, mejor'. Algunas circunstancias me llevan a esa sospecha, como el relato estatal sobre las ayudas ofrecidas por el Gobierno de España.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo malabares para hinchar el importe total de las ayudas que dice estar ofreciendo ante la emergencia. Habla de "16.600 millones en recursos movilizados" cuando menos de la mitad son ayudas directas.

Para llegar a esa cifra incluye 5.000 millones en avales del ICO -que tienen seguro su utilidad, pero son eso, avales para obtener créditos que hay que devolver-. Son de ayuda, pero no una ayuda directa. También otros 3.500 millones que espera repartir el Consorcio de Compensación de Seguros.

Presumir de esto último como si se tratase de una ayuda pura es lo que yo veo más alucinante. Para quien no lo sepa, percibir una indemnización del consorcio es un derecho de todo asegurado por el mero hecho de estar al día en la cuota de su seguro privado.

Es cierto que el Gobierno abona un 20% adicional al indemnizar por los coches siniestrados en la dana. Pero ese importe sale de lo que han aportado con sus pólizas los clientes.

De hecho, no pagar sería una estafa a los asegurados, un auténtico escándalo. Alardear de abonar las compensaciones y vestir de ayuda directa el total de lo aportado es tan forzado como si también incluyeran el paro, los ERTE o las pensiones de los afectados por la dana.

Pero el Gobierno no se corta, y para ofrecer la cifra de 1.468 millones abonados hasta la fecha incluye la friolera de 1.148 millones del consorcio de compensación de seguros, que representa en la actualidad el 78% del total pagado.

Lo preocupante de esta tergiversación, desde mi punto de vista, es el hecho de que el Gobierno esté tan preocupado por abultar sus cifras de ayuda directa, porque puede significar que haya decidido aportar lo justo.

¿Qué problema habría en decir que han dado hasta ahora 320 millones en ayudas directas, que es la cifra real hasta la fecha?

Probablemente, que se trata de una cantidad demasiado cercana a los 211 que ya ha repartido la Generalitat, con un presupuesto 14 veces inferior.

Financiación autonómica

El abanico de posibilidades que tiene Sánchez para ayudar a Valencia es inconmensurable.

Podría hacer algo tan sencillo como cumplir con la ley -y con su palabra- y renovar el sistema de financiación autonómica, que lleva once años caducado y ha convertido a la valenciana en la comunidad peor financiada durante la última década.

No va a haber mejor escenario para el consenso parlamentario que necesita esta reforma. Hay que impulsarla "ahora que nos miran con cariño", como propuso en este periódico el decano de los economistas valencianos, Juanjo Enríquez.

Equiparar la Comunitat a la media estatal de financiación supondría una inyección extra para la administración autonómica de, al menos, 1.300 millones de euros anuales, los que se inventaba Ximo Puig para cuadrar su presupuesto.

Con esa aportación, Sánchez podría vender como suyos todos los éxitos de Carlos Mazón para combatir los efectos de la dana.

El presidente del Gobierno, sin embargo, parece haber puesto techo a la solidaridad del Estado hacia Valencia, un doloroso tope que coincide con la "financiación singular" que sí negocia con los independentistas catalanes a cambio de que le sostengan en el poder.