"El ayuntamiento compra 8 viviendas de la Sareb en la Torre". Este es el titular que leíamos hace unos días en muchos medios de comunicación tras la Junta de Gobierno local.

Podría ser un titular aislado, pero, afortunadamente para los valencianos, las noticias en positivo sobre vivienda pública empiezan a ser habituales: "Valencia impulsa medio millar de pisos de protección pública en seis barrios", "El plan de las 2.550 viviendas en el Grau toma impulso tras 8 años de tramitación".

Son solo algunos ejemplos que ponen de manifiesto el cambio de 180 grados que han dado las políticas de vivienda en la ciudad de Valencia. Apenas llevamos diez meses al frente del Ayuntamiento y la alcaldesa, María José Catalá, ya ha dejado claras cuáles son sus prioridades en materia de vivienda para la ciudad y para sus habitantes.

Y para muestra un botón. En ocho años los gobiernos de Compromís y PSPV fueron incapaces de impulsar una política clara y decidida en materia de vivienda, al construir solo 14 viviendas de protección pública y adjudicar 30 de alquiler asequible. Insisto, en ocho años. Por lo que sorprende aún más esa preocupación que muestran ahora por la vivienda, cuando llevan ocho años tapándose los ojos. Ahí están los datos.

Muchos pensarán que las comparaciones son odiosas, pero, en mi modesta opinión, son necesarias a veces para darnos un baño de realidad. Sigo con datos. En apenas 10 meses del Gobierno de María José Catalá, el Ayuntamiento ha adquirido 139 viviendas para destinarlas a viviendas de protección pública y alquiler asequible. Es más, tenemos el compromiso de gestionar en el primer semestre de este año la construcción de 800 viviendas de protección pública.

Acción, reacción. Es lo que esperan los ciudadanos de los servidores públicos. Soluciones prácticas, realistas, que dejen al margen planteamientos ideológicos, que es lo que ha pesado en estos años en los gobiernos de la Nau y del Rialto en la ciudad. La ideología ha pesado siempre más que el interés general.

Seamos sinceros, la administración por sí sola no puede asumir la demanda de vivienda pública que necesita cualquier ciudad, y por ello es necesario sumar esfuerzos y tender la mano a la colaboración público-privada.

Políticas reales

A partir de estas dos premisas, se pueden plantear políticas reales y efectivas y para eso es necesario que la administración ponga todos los mecanismos a su alcance para ampliar el parque público de viviendas, algo que no se ha hecho en los últimos años: la construcción de nuevos edificios, el derecho de superficie y tanto la construcción a través de AUMSA como del propio Ayuntamiento.

Porque, sin duda, la falta de acceso a una vivienda se ha convertido hoy en día en una gran dificultad para muchas personas, en especial los más jóvenes, pero también muchas familias cuyos recursos no pueden asumir los precios del mercado.

Ese es el gran reto de las ciudades y de los poderes públicos. Ser capaces de ordenar la ciudad generar suelo urbanizado suficiente para la construcción de las viviendas necesarias y garantizar que parte de estas viviendas tengan un carácter social, para que el acceso a la vivienda no sea motivo de desigualdad entre ciudadanos.

En Valencia, dicho y hecho. Las nuevas actuaciones urbanísticas, ya sean los planes de reforma interior de pequeña dimensión, o los planes parciales, como los del Grao y Benimaclet, ya contemplan una reserva de más de 4.000 viviendas de protección pública destinada a alquiler asequible.

Unas políticas perfectamente alineadas con el Gobierno de Carlos Mazón que también va a impulsar en esta legislatura 10.000 viviendas, y que sumado a la política fiscal con la eliminación del impuesto de la muerte y la bonificación al 95% de la plusvalía en el caso de herencias entre familiares directos.

Todo ello hará que heredar una vivienda no sea un problema en la Comunitat Valenciana. En el caso de Valencia, hemos añadido bonificaciones al IBI para familias numerosas al 60%, y al 90% para las familias numerosas de categoría especial.

Ese es el camino. Queda mucho por hacer, pero el Gobierno municipal y la Generalitat ya han marcado la meta y los retos en materia de vivienda, porque no podemos cruzarnos de brazos como han hecho los anteriores gobiernos mientras el problema se hacía más grande.

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho básico y esencial para todos los ciudadanos, y en Valencia ya es hora que deje de ser un sueño inalcanzable para muchos, para convertirse en una realidad para todos gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno de María José Catalá.

Juan Carlos Caballero es concejal del PP y portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia