Bloque de viviendas de protección pública.
La Generalitat Valenciana sube el precio máximo de las VPO un 7% hasta los 2.568 euros por metro cuadrado
El Gobierno justifica la medida en el incremento de los costes en el que han influido la pandemia, la guerra de Ucrania o la dana.
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La Generalitat Valenciana ha aprobado una subida del 7% del módulo que fija el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, las conocidas como VPO. De esta forma, el precio queda establecido en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, 168 euros más que hasta ahora.
La actualización se ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y responde al nuevo sistema de cálculo establecido por el Consell para adaptar cada año el precio de la vivienda protegida a la evolución de los costes de construcción.
El Gobierno valenciano, de hecho, apunta a este factor en la resolución. En el texto apunta a factores que han influido como la pandemia, la guerra de Ucrania, las tensiones internacionales en Oriente Medio y el encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros materiales y recursos necesarios para construir.
"Los estudios técnicos elaborados por organismos especializados y por el ámbito académico de la Comunitat Valenciana ponen de manifiesto que el sector de la edificación residencial ha experimentado durante los últimos años un incremento extraordinario y sostenido de los costes de construcción como consecuencia de diversos factores de alcance internacional", expone la Conselleria de Vivienda.
"Destacan la disrupción de las cadenas de suministro derivada de la pandemia, la crisis energética y de materias primas provocada por distintos conflictos internacionales, especialmente la guerra de Ucrania y las recientes tensiones en Oriente Medio, así como el progresivo encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros factores de producción", agrega.
A todo ello se suma una circunstancia específica de la Comunitat Valenciana: las obras de reconstrucción y rehabilitación tras la dana de octubre de 2024. Según la Generalitat, esta ha provocado una "presión adicional sobre la disponibilidad de mano de obra y de determinados recursos de construcción".
Todo ello ha "consolidado un nuevo escenario estructural en el que los costes de construcción continúan incrementándose", argumentan. Y concluye: "La preceptiva memoria económica justifica la necesidad de realizar una actualización del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública y establecer una variación superior a la estimación obtenida por el IPC".
Con la actualización aprobada, el precio máximo pasa de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado útil. Es decir, 168 euros más por cada metro cuadrado.
La Generalitat sostiene que el incremento es necesario para favorecer la construcción de nuevas promociones y evitar que el precio máximo establecido para las VPO quede por debajo de los costes reales que deben afrontar los promotores.
"Con esta medida se pretende consolidar la recuperación experimentada en los últimos años en el desarrollo de nuevas promociones de vivienda de protección pública y garantizar la efectividad de las políticas públicas de vivienda dirigidas a incrementar la oferta de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana", señala la resolución.
El nuevo precio comenzará a aplicarse a partir de este sábado y afectará a los expedientes de viviendas protegidas que obtengan la calificación provisional desde la entrada en vigor de la resolución.
También podrá aplicarse a determinados expedientes que ya hubieran obtenido esa calificación, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
Respaldo Cátedra UPV
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha destacado que la memoria económica que sustenta la decisión incorpora como anexo el informe técnico firmado el pasado 13 de agosto por la cátedra. En el se documenta un incremento del coste de construcción del 57% desde 2019, ha explicado la institución académica en un comunicado.
"Es la decisión correcta y llega respaldada por datos, no por intuición", ha valorado el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón. "La vivienda protegida no protege si no se construye, y durante los últimos años el módulo se había quedado por debajo del coste real de construirla. Esta actualización no es un capricho normativo: es la constatación de una realidad que llevábamos meses documentando", ha destacado.
El propio informe de la Cátedra reconstruye la evolución histórica del módulo en la Comunitat Valenciana: fijado en 1.212,80 euros/m2 útil en 2013, permaneció congelado durante diez años consecutivos, un periodo que coincide, según el documento, con la ausencia total de promoción privada de VPP entre 2019 y 2022.
Las actualizaciones de 2023 (2.200 euros/m2) y 2024 (2.400 euros/m2) reabrieron un margen de viabilidad hoy de nuevo comprometido por la escalada de costes.
El Módulo Básico de Edificación del IVE, por su parte, ha subido un 21,79% entre diciembre de 2024 y julio de 2026, muy por encima del 5,7% acumulado por el IPC de la Comunitat Valenciana en el mismo periodo.
Según la Cátedra, "el nuevo módulo resiste, además, la prueba del acceso joven". Así, ha explicado que ha realizado una simulación en la que un hogar formado por dos jóvenes con salario medio (23.131 euros/año cada uno, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE) dispone de una capacidad de acceso sano de 161.917 euros, calculada como 3,5 veces su renta bruta conjunta.
La Cátedra argumenta que con el nuevo módulo de 2.568 euros/m2, una vivienda joven VPP de 60 m2 se sitúa en 154.080 euros: una ratio de 3,33 veces la renta, "dentro del umbral sano y muy lejos de las 6,88 veces que exige hoy el mercado libre, donde esa misma vivienda cuesta ya 318.000 euros".
"No se trata de encarecer la vivienda protegida, se trata de hacerla posible", insiste Cos-Gayón. "Un módulo artificialmente bajo puede parecer socialmente deseable sobre el papel, pero si impide construir, su resultado es profundamente antisocial", ha añadido.
La Cátedra ha subrayado que la actualización aprobada es una corrección parcial, no una equiparación plena: el 7% aplicado queda por debajo del 17,1% acreditado en costes de construcción desde 2023. Por ello, su informe técnico propone un mecanismo transitorio adicional: una actualización automática por IPC desde enero de 2027 y una cláusula de revisión ante circunstancias extraordinarias.
