Reunión de Mazón, Merino y Camarero con sindicatos y patronal para exigir el FLA al Gobierno. EE
Expira el ultimátum de Mazón para hacer ajustes si no llega el Extra FLA sin respuesta por parte del Gobierno
El presidente de la Generalitat anunció un plan de ajuste si no llegaban los 2.495 millones de euros que el Ejecutivo adeuda con la autonomía.
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La fecha marcada en rojo en el calendario ha llegado: el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, marcó hace un par de semanas el 7 de julio como fecha límite para que el Gobierno central enviara a la Comunitat el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario.
De lo contrario, advirtió que los servicios fundamentales podrían verse afectados y su gobierno se vería obligado a tener que acometer un "plan exhaustivo de revisión del gasto". En definitiva, recortes. El plazo expiró este lunes sin que el ejecutivo autonómico haya obtenido respuesta alguna.
Y ante esta coyuntura, ahora la duda se ciñe sobre qué departamentos serán los más afectados en el hipotético caso de que el Consell ejecute finalmente el citado plan de ajuste anunciado y que pretendía incrementar la presión sobre el Gobierno central.
Por lo pronto, desde el Gobierno valenciano no revelan detalles y esperan respuesta por parte del Ministerio de Hacienda. El jefe del Consell sí advirtió este lunes que en el pleno de este martes se estudiará qué gastos supérfluos se pueden eliminar.
Mientras tanto, el departamento que dirige María Jesús Montero guarda silencio respecto a si tiene previsto aprobar el Extra FLA más pronto que tarde o cuándo lo transferirá el dinero a las autonomías.
El Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario es un mecanismo dedicado a atender el exceso de déficit del año anterior que permitiría contar a la Comunitat con 2.495 millones de euros, que es el déficit con el que cerró 2024.
De manera habitual, el Gobierno de España lo incluye en la planificación de la financiación autonómica año tras año, pero no lo hizo en 2025. Un hecho insólito que ocurrió por primera en 12 años.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, saluda a la ministra del ramo, María Jesús Montero. EE
No contar con el Extra FLA, según advirtió la Generalitat en una declaración institucional y han manifestado los consellers en distintos actos, pone "en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos y asfixia a los proveedores".
El texto aprobado en un pleno del Consell hace apenas mes y medio advertía que, además, generaba "una enorme incertidumbre" sobre los proveedores por el hecho de no tener "un horizonte de cobro concreto".
Con ellos, de hecho, la Generalitat mantiene una deuda comercial de 1.767 millones de euros. Una situación de impagos que afecta a distintos sectores, especialmente del ámbito sanitario y farmacéutico.
Habitualmente, la Comunitat Valenciana recibe el 75% de este fondo en julio, y el otro 25% en el último trimestre del año. Algo que, por ahora, no se ha producido. Un hecho que se produce en plena reconstrucción tras la dana.
![Mazón y Merino junto a proveedores de la Generalitat. EE](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/12\/actualidad\/1003743802071_256417104_320x180.jpg"])
Plan de ajuste y deuda
En este contexto, conviene apuntar que la situación de la tesorería de la administración autonómica no pasa por su mejor momento. El Consell de Mazón denuncia la falta de liquidez que tiene para hacer frente al pago de proveedores que afectan, incluso, a las farmacias.
Los populares, de hecho, hacen responsable de esta situación al Ejecutivo de Sánchez por el retraso con el Extra FLA y, en una nueva ofensiva, hace dos semanas amenazó con acometer recortes.
El supuesto plan se centra, sobre todo, en los capítulos relativos a gastos de personal y de funcionamiento. A la totalidad de los departamentos les reclamó de forma urgente propuestas concretas para desarrollar un plan de medidas extraordinarias que girará en torno a varios ejes.
De un lado, un plan de racionalización y rentabilización de patrimonio de la Generalitat. Es decir, o bien de venta de inmuebles o bien revisión de los alquileres más altos que paga en este momento la administración.
De otro, medidas en materia de personal consistentes en la "lucha contra el absentismo laboral" y "control horario".
No obstante, a día de hoy, más de una semana después de anunciarlo, no hay detalles de cómo se concretará ese mayor control sobre los funcionarios y su cumplimiento del horario laboral.
Otro de los ejes es la revisión de las subvenciones nominativas, que podría suponer un recorte de esas ayudas directas.
