José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad, lo explicó con rotundidad en la última Junta General de Accionistas de la firma. Aseguró que tiene "vocación de permanencia" en la ciudad. "No es por un tema de seguridad jurídica, sino por decisión del consejo".

El banco mudó su sede a la capital del Turia en 2017 por la inestabilidad del procés. La amenaza de una declaración unilateral de independencia podía dejar a Cataluña y a todas sus empresas fuera de la Unión Europea, y fueron miles las compañías que se trasladaron a otras ciudades españolas. Cerca de un millar llevaron su sede social a la Comunitat Valenciana. Entre ellas, CaixaBank y Banco Sabadell.

[Mazón cifra en 974 las "empresas valencianas" que sufrirían las multas de Junts por no regresar a Cataluña]

La primera se fue a la ciudad del Banco de Valencia, adquirido por La Caixa en 2011 durante la reestructuración bancaria. Fue un destino lógico, donde contaba con masa social y estructura, además de una buena alternativa a Madrid, que no habría sido visto con buenos ojos por muchos de sus clientes catalanes. Sabadell hizo lo propio, pero en Alicante, por tratarse de la histórica sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Ambos fueron movimientos en busca de un refugio, a todas luces reversibles si, como se especula desde entonces, en algún momento queda disipada la amenaza independentista. Pero, lejos de aportarles estabilidad, el independentismo, Junts en particular, ataca directamente a estas empresas. Propone multar a las que no retornen a sus sedes catalanas de 2017.

En cualquier caso, además de que el contexto sigue siendo de inestabilidad, los acontecimientos que tuvieron lugar en 2021 complican sobremanera que Cataluña recupere la que fue la joya de su corona empresarial.

En marzo de ese año culminó la fusión con Bankia, cuya sede social se encontraba también en Valencia tras la fusión entre Caja Madrid y la valenciana Bancaja. La capital de España se quedó la sede operativa, y el premio de consolación fue para la ciudad mediterránea.

El precio del procés

Fue entonces cuando el independentismo catalán pagó el precio de su inseguridad jurídica. Tanto CaixaBank como Bankia tenían su sede social en Valencia, y el razonamiento de la histórica firma catalana fue muy similar al de 2017: Madrid podía generar cierto rechazo para la clientela catalana, del mismo modo que Barcelona, aún inestable, podía provocarlo entre los clientes de Madrid. La opción lógica, una vez más, estaba al este de la península.

Y aquello no fue un traslado por seguridad jurídica. Fue una constitución. La nueva CaixaBank, que cuenta con decenas de miles de clientes procedentes de Bankia, se creó en Valencia. Trasladarla a Barcelona sería llevarse a la capital condal el negocio de Caja Madrid. Ni siquiera en un escenario de plena estabilidad, sin que el procés hubiera existido jamás, habría resultado una opción sencilla.

Tanto es así que, como informó este jueves EL ESPAÑOL - Invertia, tanto CaixaBank como también Banco Sabadell han trasladado al presidente valenciano, Carlos Mazón que mantendrán sus respectivas sedes sociales en Valencia y Alicante.

El dirigente reconoció este miércoles haber mantenido "conversaciones muy fructíferas" para la "permanencia" en la Comunitat Valenciana de las grandes firmas que se marcharon de Cataluña. Fuentes conocedoras de estos contactos confirman que se han producido con ambas firmas.

Las dos entidades financieras, preguntadas al respecto por este periódico, guardaron silencio este miércoles, y se remitieron a las manifestaciones más recientes realizadas al respecto. Las dos compañías llevan años reiterando que la vuelta a Cataluña no se encuentra entre sus planes, y rehúsan a valorar la propuesta de Junts de multar a las empresas que no regresen, tal y como anhelan los independentistas.

Carlos Mazón, presidente de la Generañitat Valenciana. EE

Fuentes del sector consultadas por El Español-Invertia agregan que, lejos de suponer una amenaza real, la propuesta de Junts es la constatación de que los independentistas asumen la pérdida de estas grandes firmas. "Un partido que trabaja para recuperar grandes empresas no sale a amenazarlas. Esta actitud encaja más con un posicionamiento electoral de alguien que da esta causa por perdida", indicaron.

Carlos Mazón realizó este miércoles una reflexión similar. "El recurso a la extorsión es ya lo único que le queda al independentismo. Esto confirma su fracaso", aseveró el presidente valenciano. El dirigente cifró este miércoles en 974 las empresas "ya valencianas" que se verían afectadas por las multas que propone Junts.

Mazón advirtió al respecto que la Generalitat Valenciana presentará "un recurso de inconstitucionalidad" en caso de que esta iniciativa, la de sancionar a las que no accedan a volver, llegue a materializarse. Lo presentaría la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya está "alertada para reaccionar de inmediato".

"Como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores perspectivas", consideró. "Me estoy empezando a cansar de todo esto (...) No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", dijo.

Frente a este escenario, contrapuso la propuesta de la Generalitat Valenciana: "un plan de estabilización y apoyo". Hizo un llamamiento a que continúen y se instalen nuevas empresas en la Comunitat aquellas firmas catalanas que "busquen un espacio de confianza, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos, un entorno amable y no de multas ni coacciones". "Aquí van a encontrar facilidades que allí no están encontrando y apoyo fiscal para generar empleo y desarrollo", aseguró.