La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha rechazado este martes la "ocurrencia" de Junts. Así ha denominado la propuesta de que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no vuelven a esta comunidad. El Ejecutivo considera que la iniciativa atenta contra la libertad empresarial. "Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio", ha asegurado.

"Me da la impresión de que podemos estar tranquilos, porque las empresas en general se sienten acogidas y bien tratadas en la Comunitat Valenciana por este gobierno", ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si empresas como CaixaBank o Banco Sabadell podrían volver a trasladar su sede social a Cataluña ante la propuesta de Junts.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, también ha cargado contra la medida. "Habrá que recordar a Junts que la clave para que las empresas vuelvan es la estabilidad, y que en eso su partido tiene mucho que decir. No se pueden pedir estímulos, ni mucho menos castigos, cuando el principal problema ha sido la inestabilidad política y social a la que ellos también han contribuido. Que cada uno asuma su parte de responsabilidad", ha dicho.

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"Las empresas no salieron por falta de estímulos, salieron por el mal clima generado y han tenido oportunidad de establecerse en otras Comunidades que ofrecen mayor estabilidad. El acuerdo alcanzado no frena el anhelo soberanista de Junts. Y, en cualquier caso, que las empresas que huyeron de Cataluña vuelvan no es una decisión que pueda tomar el Gobierno. Depende única y exclusivamente de cada empresa", ha agregado el líder de la patronal autonómica.

Los de Carles Puigdemont han trasladado este martes que contemplan que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el procés independentista de 2017 "puedan ser sancionadas" si no retornan, al igual que las que vuelvan o se mantengan en esta comunidad se puedan beneficiar de "incentivos fiscales".

"Deciden libremente"

Al respecto, la portavoz del Gobierno valenciano y también consellera de Hacienda ha acusado a Junts de poner "contra las cuerdas" al Gobierno con sus exigencias "fuera de contexto" y hacerlo "de forma egoísta, rompiendo una vez más no solo la igualdad de España, como viene haciendo con la financiación o con la cesión de tributos, sino ahora también atentando y coaccionando la libertad de las empresas". "Las empresas deciden libremente dónde quieren instalarse", ha recalcado Merino.

Respecto a si el Consell va a adoptar alguna iniciativa para evitar retornos de empresas a Cataluña, ha reiterado que desde el cambio de gobierno del año pasado, la Generalitat Valenciana pone "alfombra roja" para las compañías que quieran instalarse en la Comunitat, tanto a nivel fiscal como burocrático.

"No hay ningún plan especial ante la amenaza de Junts porque no va a ir a ningún sitio. Tenemos el firme compromiso de que la Comunitat Valenciana sea cada vez más atractiva para todas las empresas", ha subrayado, y ha explicado que no le consta si ha habido alguna comunicación entre el Consell y las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña.

Dicho esto, la consellera portavoz ha querido dejar claro que el Consell no siente "ninguna amenaza" de fugas de empresas a Cataluña porque "aquí son bien acogidas".