El acuerdo alcanzado este jueves entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez puede suponer una quita de 9.668,8 millones de la deuda valenciana. Se trata del 20% de lo que debe la Comunitat al Estado, y el texto firmado por ambos partidos habla de una cesión de este porcentaje a la Generalitat de Catalunya, pero "de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común".

En cambio, el escenario de negociación "bilateral" con los independentistas catalanes cronificará la infrafinanciación valenciana. Esta debía ser resuelta con un pacto nacional entre todas las comunidades y los distintos partidos que las gobiernan. Y si ya era complejo alcanzarlo, el trato de favor a Cataluña se convierte ahora en un nuevo gran escollo.

El documento firmado entre PSOE y ERC dejó sin aliento a los conocedores de la infrafinanciación valenciana. El PSOE, que mantiene infrafinanciadas desde 2018 a comunidades como la valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, accede de pronto a una negociación independiente a favor de Cataluña, autonomía que no se encuentra entre las más perjudicadas con el actual sistema de reparto.

[Consulte en PDF el acuerdo íntegro entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez]

El adjetivo "bilateral" es la peor noticia para los territorios agraviados por un método caducado desde 2014. Desde entonces, pese a que las aportaciones al Estado vía impuestos son las mismas que en cualquier autonomía -a excepción de las privilegiadas País Vasco y Navarra- las transferencias por habitante son sensiblemente inferiores a la media española.

La revisión de la fórmula obliga desde entonces a un difícil consenso por la negativa de los territorios beneficiados a renunciar a su posición. La fórmula para superar este problema es inyectar más dinero en el sistema, y quien ofrece resistencias a esto último es el propio Estado. Tanto es así que, por si no fuera difícil lograr el pacto, exige desde hace unos meses una armonización fiscal -otro consenso imposible- para abordar la reforma de la financiación autonómica.

La solución era ya una quimera, pero aún lo es más con la introducción de la "comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya". La misma tendrá por objeto "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya". Mientras en el resto de España la receta es añadir el conflicto de la armonización fiscal, la negociación con Cataluña será "bilateral".

Cabe prestar además especial atención al lenguaje. El pacto habla de la "suficiencia" de los recursos para Cataluña, pero no de equidad. Esta última, equidad, es la palabra más repetida en las reclamaciones de las autonomías infrafinanciadas, que aspiran a un trato equitativo, a recibir lo mismo que la media. Cataluña parece buscar algo más.

En lo que respecta a la quita a la deuda catalana, de cerca de 15.000 millones -un 20% de lo que le debe al estado- el PSOE también ha buscado una fórmula que beneficie al máximo a Cataluña. Al tratarse de una autonomía que no ha sido maltratada por el Estado, los socialistas han optado por condonar los gastos financieros asociados "al ciclo económico y a la insuficiente respuesta europea".

Café para todos

Es decir, se le aplicará la quita a todo el que tuviera que endeudarse durante la crisis de 2008. El Estado servirá 'café para todos'.

Con ello se producirán dos tipos de comunidades agraviadas. Por un lado, las que superaron el crack endeudándose menos -como la Comunidad de Madrid-. Por otro, las que no van a ser compensadas por un agravio de mucho más peso que el mencionado: la infrafinanciación que sufren por parte del Estado.

Pese a todo, el Gobierno de Carlos Mazón reaccionó este jueves con cautela. La indignación generalizada no salpicó a la escueta comunicación inicial sobre la quita a Cataluña.

"Necesitamos esperar a conocer las condiciones concretas del acuerdo para valorarlo en su totalidad. En cualquier caso, el ministro Bolaños ha asegurado que lo pactado se aplicará a todas las de régimen común. En caso de que sea así, el Consell exigirá al menos el mismo trato porque, además, en nuestro caso sí somos una comunidad históricamente infrafinanciada", manifestó.

La Generalitat Valenciana quiere aprovechar la oportunidad para lograr una quita en su abultada deuda, que supera los 57.000 millones de euros y es la mayor del país respecto al PIB autonómico. En caso de lograr el mismo porcentaje que los catalanes -un 20% de quita en lo que le debe al Estado, que son 48.344 millones- el importe condonado a la Generalitat Valenciana sería de 9.668,8 millones.