Imagen de la primera sesión del juicio por el bulo del Bar España este viernes.
Las defensas de los acusados del gran bulo del Bar España, en el juicio: "Todos están sinceramente arrepentidos"
El juez rechaza las peticiones de nulidad de la causa y el fiscal cuestiona las retractaciones: "Me parece una desfachatez y no es de recibo"
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La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón ha acogido este viernes la primera sesión del juicio contra seis personas acusadas de difundir uno de los grandes bulos de la historia del país desde la década de los 90: el de la supuesta organización de pederastia con base en el "Bar España".
La Fiscalía pide inicialmente una pena de siete años y medio de prisión por los presuntos delitos delitos contra la integridad moral e injurias y calumnias con publicidad.
En esta primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, los abogados de dos de los acusados han asegurado que "todos se retractan y todos están sinceramente arrepentidos" por la difusión de los hechos.
El fiscal ha cuestionado esta actitud y no ha dudado en exponerlo. "Veremos si eso es verdad o es estrategia de defensa. Me parece una desfachatez y no es de recibo en modo alguno", ha afirmado visiblemente indignado.
En total, seis personas se sientan en el banquillo por haber atribuido a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones, con informaciones falsas y al menos desde 1998, su participación en la citada organización de pederastia con base en el bar de la localidad de Benicarló (Castellón).
Entre ellos figuran personajes como Pilar Baselga, agitadora, historiadora y difusora de varias teorías de la conspiración. Recientemente fue absuelta por llamar "Begoño" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También la vinculó con el narcotráfico.
También Juan Lankamp Riaza, quien ya cuenta con una condena por intromisión ilegítima en el derecho al honor; Ramón Valero Martín Consuegra o Javier Fernández Torres, de la fundación Abogados contra la corrupción y el cual se defiende a sí mismo en el juicio. En un momento dado de la sesión, el juez le ha pedido que conectara la cámara -al estar conectado por videoconferencia- y el aludido ha explicado que acababa de desayunar.
Junto a ellos figura el editor de un medio digital como responsable civil y a todos se les reclama una indemnización de 2,4 millones de euros a la que podrían tener que hacer frente de forma solidaria.
Otros han fallecido a lo largo de los últimos años, por lo que su responsabilidad criminal ha quedado extinguida.
Cuestiones previas
En la sesión de este viernes, la mayoría de alegaciones de las defensas han consistido en cuestionar la cadena de custodia de la prueba, en insistir en la prescripción de los delitos y en remarcar que no hay concreción de los hechos atribuidos. También han asegurado que los acusados no actuaron de manera coordinada.
Javier Fernández Torres ha argumentado contra su "detención ilegal" y ha acusado a la justicia de no investigar las denuncias de Reinaldo Colás, el denunciante inicial de los abusos sexuales a sus hijas en el Bar España y una pieza fundamental en la propagación del bulo de la organización de pederastia. Fue condenado antes de fallecer.
El juez ha rechazado las peticiones de nulidad y respecto al resto de asuntos ha anticipado que se pronunciará en la sentencia.
En este juicio hay programadas seis sesiones en las que comparecerán más de 30 testigos. Así, entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra; el expresidente del Gobierno valenciano Francisco Camps; o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo.
Fabra ha pedido no acudir a declarar por enfermedad, pero el juez lo ha denegado y ha acordado que lo haga por videoconferencia. Respecto a Camps, ha señalado que tendrá que asistir presencialmente porque nada se lo impide.
Difusión durante 20 años
La jueza de instrucción que investigó la causa señaló a los acusados como responsables de la difusión durante veinte años de "continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación" en las que se hacían eco de una supuesta "organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia" que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.
"Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros", sostuvo.
"Ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores -supuestos denunciantes- y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas", añadió.
En esta causa se acumularon las investigaciones iniciadas en otros dos procedimientos por hechos similares abiertas en un juzgado de Vinaròs (Castellón) y Madrid; y llegaron a constar hasta 20 investigados y 17 perjudicados.
