Funcionarios.
La Generalitat se abre a reducir a un tercio la presencialidad mínima de su plantilla en el nuevo decreto de teletrabajo
El borrador original, que fijaba un mínimo de un 40% de trabajo presencial, facilitará la prórroga de los programas a los funcionarios.
Más información: La Generalitat y los sindicatos avanzan para implantar la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios valencianos
La Generalitat Valenciana avanza poco a poco en la redacción definitiva del decreto de teletrabajo de los funcionarios valencianos. Una normativa en la que la Conselleria de Hacienda y Administración Pública estaría dispuesta a reducir la presencialidad mínima exigida inicialmente para su plantilla. Siempre, eso sí, con salvedades.
La Dirección General de Función Pública mantuvo el pasado lunes una reunión técnica con los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO y CSIF- para analizar las alegaciones que estos presentaron al borrador a principios del mes de septiembre.
Una cita en la que el departamento dirigido por Vicente Serra, según fuentes presentes en la reunión, se mostró favorable a estudiar la reducción del número de funcionarios que deberían acudir presencialmente a trabajar, tal y como venían reivindicando las organizaciones sindicales.
El texto establecía que, en todo momento, debía garantizarse la presencia física de al menos el 40% de los efectivos de cada unidad o servicio.
Sin embargo, los sindicatos advirtieron que esta exigencia podía generar problemas especialmente en las plantillas pequeñas. A modo de ejemplo, en un equipo formado por tres trabajadores, la aplicación del 40% obligaría en la práctica a mantener a dos personas presencialmente para garantizar el porcentaje mínimo.
La posibilidad de situar el umbral en un tercio, por el contrario, permitiría un mayor ajuste. Según fuentes presentes en el encuentro, desde el Consell se mostraron dispuestos a revisar este punto, si bien todavía no ha cerrado cuál será finalmente el porcentaje que recoja el texto definitivo.
En cualquier caso, según advirtió Serra, todo quedaría condicionado a que se garantizara en todo momento la "correcta prestación de servicio público" en cada departamento.
Simplificación
El nuevo decreto en el que trabaja el Gobierno valenciano introduce también mejoras dirigidas a simplificar el acceso al teletrabajo a sus funcionarios.
La Generalitat prevé facilitar el procedimiento para solicitar esta modalidad de trabajo no presencial, así como y simplificar especialmente los supuestos vinculados a la conciliación o circunstancias sobrevenidas. Esto permitiría, por ejemplo, que ante un episodio de fuertes lluvias se pudiera activar de forma ágil la jornada de teletrabajo.
En estos casos, el procedimiento será más sencillo y bastará con una comunicación, frente a la documentación adicional que se exigía el borrador original.
También está previsto que se facilite la prórroga de los programas individuales de teletrabajo o que se permita, además, indicar dos lugares desde los que teletrabajar, de manera que puedan hacerlo, por ejemplo, tanto desde su domicilio habitual como desde una segunda residencia.
En esta línea de simplificación, la Generalitat habría descartado incorporar una de las alegaciones planteadas por CCOO. El sindicato proponía que, antes de autorizar el teletrabajo, se realizara una inspección previa del lugar de trabajo por parte del servicio de prevención de riesgos laborales, en este caso del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).
La propuesta supondría sustituir el actual sistema, basado en una declaración responsable del trabajador en la que reconoce que su espacio de trabajo cumple las condiciones de seguridad y salud laboral, por una comprobación previa de cada domicilio.
Función Pública descartó este escenario, dado que una inspección individualizada de cada domicilio haría prácticamente inviable la implantación del nuevo sistema, ya que obligaría a revisar previamente los espacios de teletrabajo de alrededor de miles de empleados públicos. Por lo que, previsiblemente, el modelo de declaración responsable se mantendrá en el decreto.
Enero de 2027
El documento, ahora, deberá recibir las alegaciones de las consellerias. Posteriormente deberá pasar por la Mesa Sectorial, recibir el informe de la Abogacía de la Generalitat y ser sometido al dictamen del Consell Jurídic Consultiu antes de llegar finalmente al Consell para su aprobación.
Un calendario que, por tanto, hace difícil que pueda estar aprobado antes de que termine el año. Por ello, las organizaciones sindicales manejan ya como escenario más probable que la nueva regulación no entre en vigor hasta enero o febrero de 2027.
