El portavoz del PSOE en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa.
El PSOE de la Diputación de Valencia llevará a la Fiscalía la posible filtración del examen de oposición a conductor
Los socialistas exigen a Vicente Mompó conocer la información que maneja la institución para haber frenado la prueba a pesar de no conocerse aún las notas.
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El PSPV llevará a la Fiscalía Anticorrupción la oposición de mecánico conductor de la Diputación de Valencia para que investigue la posible filtración de las preguntas del examen entre algunos aspirantes.
Un proceso selectivo que la propia institución que preside Vicente Mompó decidió frenar el pasado viernes al tener "indicios" de que se pudieron producir irregularidades durante su desarrollo.
Ante esto, los socialistas de Carlos Fernández Bielsa reclamaron este lunes conocer las pruebas que maneja la corporación para haber paralizado la publicación de notas, así como los motivos por los que no se les ha facilitado todavía el expediente que solicitaron hace ya una semana.
"Lo que nos preguntamos es a qué indicios se refieren exactamente. ¿Qué sabe el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y qué sabe la vicepresidenta Reme Mazzolari o qué sabe el área de Personal que pueda hacer sospechar que se produjo una filtración?", plantea el portavoz del PSPV en la institución.
"Si las notas todavía no se han publicado y no conocemos el acta del Tribunal, ¿cómo pueden personas ajenas a ese órgano tener conocimiento de unos indicios que podrían apuntar a una filtración? Queremos saber qué saben, cuándo lo saben y en qué información se basan", agregan los socialistas en declaraciones a este diario.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el grupo del PSPV puso hace días bajo lupa esta oposición al tener recelos de que la prueba, a la que se presentaron 139 personas, no se había ejecutado con plenas garantías para todos los aspirantes.
En una petición de documentación del pasado 14 de septiembre solicitaron la copia del cuestionario del examen, los criterios de corrección que fijó el tribunal, la plantilla con las respuestas correctas y el listado de las personas examinadas.
Pero también el informe sobre el lugar, día y hora en que se realizaron las fotocopias de la prueba, así como la forma en la que se llevó a cabo el traslado de las mismas hasta el centro donde se realizó el examen, la cadena de custodia que siguió y si participaron en ello personas ajenas al tribunal.
La petición no era baladí, pues puso de manifiesto cuáles eran las dudas que sobrevolaban la institución desde hacía días.
Tres semanas de espera
El primer ejercicio de esta oposición se celebró el 1 de septiembre, pero casi 20 días después el listado de personas aprobadas seguía sin publicarse. Tampoco la resolución del órgano técnico de selección (tribunal) con la puntuación mínima necesaria para superar el examen.
Algo que hizo que saltaran todas las alarmas para la oposición. No en vano, el promedio de tiempo que suele tardar en corregirse una prueba de estas características apenas llega a una semana. Según el PSPV, "se suele realizar mediante procedimientos automatizados", por lo que era el primer indicio de que algo no había ido bien con esta convocatoria.
A modo de ejemplo, la última oposición de técnico de administración general de la Diputación de Valencia se realizó un domingo y el viernes siguiente ya se conocían tanto la plantilla de resultados como las notas de los examinados.
Según las fuentes consultadas por este diario, tres de los aspirantes sacaron la calificación máxima, un 10, lo que habría generado dudas en el seno del tribunal y habría motivado la paralización de la publicación de los resultados. Al parecer, estas tres personas no fallaron ninguna respuesta, algo que suele ser poco habitual.
Más aún en el apartado de legislación, dado que los examinados tienden a acertar las preguntas de la parte específica (las que tenían que ver con circulación y mecánica en este caso), pero fallan alguna de la parte general, donde se preguntaba por la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía.
Con estos mimbres, siempre según las mismas fuentes conocedoras del proceso, el secretario del tribunal habría planteado la necesidad de revisar la situación antes de hacer públicas las notas.
El caso cobraba aún mayor trascendencia al cotejar los nombres de las personas que habrían obtenido un 10: J.L. M. y A. M., los dos hijos del conductor de la vicepresidenta y actual responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari. Ninguno habría tenido un error en la prueba.
Sin embargo, esta versión difiere de la que ofrece la propia institución. Niega que nadie haya logrado un 10 en el examen, pero aseguran que en el listado de admitidos habrían siete personas que consiguieron una puntuación muy elevada. A partir del octavo, las notas caen en picado. Una diferencia significativa.
Tras la llamada de este periódico para contrastar los hechos, la Diputación envió un comunicado en el que advertían que habían decidido no publicar, por el momento, las calificaciones obtenidas por los aspirantes.
"Ya ocurrió en 2011"
Con estos mimbres, los socialistas reprochan que no sea la propia corporación la que "actúe" de oficio y lleve el caso a la Fiscalía Anticorrupción. "Si existen indicios de delito, quien debe actuar es la propia Diputación", censuran.
"Si Mompó y Mazzolari hablan de indicios, deben explicar cuáles son y actuar en consecuencia. Si ellos no lo hacen, será el PSPV quien los ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen", señala Bielsa.
En este sentido, agrega que si se tienen "tantas sospechas, lo lógico sería que hubieran puesto toda la información a disposición de los grupos de la oposición". "No entendemos que se hable públicamente de indicios de una posible filtración mientras se mantiene sin entregar la documentación que hemos solicitado", añade.
Ante esto, los socialistas recuerdan que la Diputación ya tuvo que paralizar en 2011 una oposición a auxiliar de recaudación después de conocerse altas puntuaciones obtenidas por varias personas vinculadas al PP o a cargos del partido.
"Las oposiciones públicas deben garantizar igualdad, mérito y capacidad. Si ahora existen indicios de una posible filtración, deben investigarse hasta el final. No queremos que se repitan chanchullos como los que ya vivimos durante la última etapa del PP en la Diputación", concluye el socialista.
17 aprobados
El examen en cuestión constaba de 85 preguntas tipo test y combinaba contenidos específicos de mecánica y conducción con un amplio bloque de legislación.
Las primeras preguntas versaban sobre artículos concretos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.
El cuestionario incluía preguntas que exigían identificar el contenido exacto de determinados artículos legales. Por ejemplo, se preguntó por las previsiones del artículo 69 de la Constitución sobre la elección del Senado o por el artículo 141 referido a las provincias y diputaciones.
El examen continuaba con cuestiones sobre procedimiento administrativo, protección de datos, igualdad y legislación sobre derechos de las personas LGTBI antes de entrar en la parte específica de mecánica, vehículos, seguridad vial y primeros auxilios.
Según fuentes conocedoras del proceso, de las personas que finalmente realizaron el examen tan solo 17 habrían superado el ejercicio. La cifra estaría relacionada con el particular sistema de cálculo de la nota de corte utilizado por la Diputación en estos procesos selectivos.
La puntuación mínima se determina tomando como referencia la mejor calificación obtenida. De este modo, si la máxima nota es un 10, el corte se sitúa en un 5. La existencia de varios posibles dieces, que la propia Diputación niega, habría elevado de facto el nivel necesario para superar la prueba respecto a una situación en la que la mejor calificación hubiera sido inferior.
Ahora, el expediente, la investigación abierta por parte de la propia institución o la propia Fiscalía deberá permitir determinar si hubo o no hubo una filtración de la prueba entre ciertos aspirantes y decidirá si esta oposición queda o no definitivamente anulada.
