La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mantiene una reunión con representantes de sindicatos educativos.
El Gobierno estudia llevar al TC los cambios legales en Inspección educativa de la Generalitat Valenciana
Planteará una comisión bilateral para "aclarar aspectos" con la Administración valenciana, a la que acusa de "sembrar miedo" a los docentes.
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El Gobierno de España estudia recurrir al Tribunal Constitucional varios artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026 en materia educativa ante la "indefensión" transmitida por personal docente.
En esta línea, el Ejecutivo central planteará una comisión bilateral con el Consell para "aclarar muchos aspectos" que "colisionan con leyes orgánicas superiores" y que "no deben sobrepasarse", pero otros los llevará "directamente" al Constitucional
Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras mantener una reunión con representantes de sindicatos educativos, de directores de centros de Primaria, Secundaria y de asociaciones de inspectores, que han solicitado "amparo" al Ejecutivo ante las "políticas restrictivas" de la Generalitat Valenciana.
"Si yo fuera consellera de Educación, me daría vergüenza escuchar que la comunidad educativa demanda amparo al Gobierno de España porque se siente indefensa. Y esa indefensión está provocando incluso una autocensura por parte de los profesionales", ha instado Bernabé a la Generalitat.
La representante del Ejecutivo central ha criticado que el Consell haya introducido cambios en la ley de acompañamiento que están "poniendo el foco en el trabajo de los profesores, en la educación de los jóvenes de nuestra Comunitat".
En este sentido, también ha afeado al Gobierno valenciano que haya utilizado "cierta ambigüedad" en la ley, lo que da "mucha inseguridad" a los profesores, con el objetivo de acabar, "según la Generalitat, con el adoctrinamiento ideológico".
Además, sostiene que deja la responsabilidad en "el criterio personal de un inspector", lo que es "una responsabilidad muy grande". De hecho, ha hecho hincapié en que una asociación de estos profesionales "también ha demandado amparo".
"Las leyes están para dar seguridad jurídica, no para llegar a una confrontación y a una situación de autocensura que nos están trasladando los profesionales de la docencia", ha afirmado Bernabé.
Por ello, ha reprochado a la Administración valenciana que haya realizado "una aprobación más genérica para sortear la norma, al Tribunal Constitucional, pero en el fondo lo que buscan es sembrar el miedo en los profesores, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra".
"Ponen en cuestión la libertad de cátedra de los profesores, los valores fundamentales que se han de fomentar de manera obligatoria en la ley orgánica de educación, que son los valores de igualdad de derechos, libertad e infancia. Todo esto ahora no sabemos si hay alguien que lo puede considerar adoctrinamiento o no", ha deslizado.
"Criminalizando al profesorado"
Por parte de los sindicatos educativos, Marc Candela (STEPV) ha celebrado que la Delegación de Gobierno y la Alta Inspección "estén ya tomando iniciativas para defender al profesorado y su dignidad" ante los "ataques de nuestro gobierno y de la Conselleria de Educación, que lo único que pretende es ponernos en sospecha y crear una policía para vigilarnos".
Por tanto, ha confiado en que la línea de trabajo del Gobierno de España "acabe bien", que el Consell retire la modificación de las funciones de la Inspección y que "vuelva todo a la normalidad". "Colaboraremos con todo para que sea así", ha garantizado, entre críticas al Consell por "continuar criminalizando al profesorado".
Candela ha precisado que el asunto de la "policía ideológica" ya se ha incorporado a la plataforma reivindicativa creada durante la huelga celebrada el curso pasado y ha avanzado que trabajan en "nuevas acciones" que anunciarán "próximamente".
UGT y CCOO
Mientras, Kilian Cuerda (UGT) ha indicado que la reunión con Bernabé ha sido "muy constructiva" porque han "intercambiado opiniones y visión" y han coincidido en criticar la "ambigüedad deliberada" por parte del Consell a la hora de implantar "una policía política que persiga al profesorado y la libre expresión".
Frente a ello, ha valorado que el Gobierno de España vaya a abrir un "diálogo institucional" para ver "los puntos que han reformado en la ley de acompañamiento que colisionan con la legalidad de rango superior".
En cualquier caso, ha acusado al Consell de actuar con una "práctica infame propia de regímenes autoritarios y fascistoides" para intentar "deliberadamente que el profesorado se autocensure" y ponerle "una diana encima" para "acosar" a este colectivo.
Por su parte, Cristina Sánchez (CCOO) ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del profesorado y de permanecer "atentos" para que la nueva norma "no afecte a la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y la capacidad de las familias de garantizar una educación de calidad basada en la confianza en el maestro".
