La Generalitat y los sindicatos han dado este lunes un nuevo paso en la Mesa Sectorial de Función Pública para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios valencianos.
La Dirección General de Función Pública y las organizaciones sindicales han sellado un acuerdo que, en la práctica, elimina las trabas presupuestarias con las que podía toparse esta medida en el futuro para poder ser efectiva.
En concreto, se trata de la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ella, se permitía a cada Administración Pública "establecer sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".
Sin embargo, introducía una salvedad: "Siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto".
Además, exigía que ello no afectase "al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos".
Este matiz ya fue eliminado de los Presupuestos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.
Sin embargo, ahora el Gobierno valenciano ha decidido eliminar también las referencias que había en la normativa autonómica. En concreto, del actual Decreto 42/2019 de las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos, donde aún estaba condicionada la medida a la estabilidad presupuestaria.
Ahora, según recoge el texto del acuerdo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "el Consell deberá acordarlo en estos términos". Y, una vez lo haga, se realizará la "efectiva implantación de la jornada general de 35 horas y la de especial dedicación de 37,5 horas".
Según el comunicado de la Generalitat, esta mejora horaria se aplicará a más de 21.200 empleados de la administración valenciana. Es decir, que beneficiaría a los funcionarios del ámbito de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, pero no a los de Educación, Sanidad o Justicia.
Al finalizar el encuentro, el sindicato UGT ha exigido el cumplimiento del compromiso asumido por el conseller José Antonio Rovira en la Mesa General de Negociación de abril del año pasado, en la que prometió la entrada en vigor de la medida el 1 de enero de 2027.
Por su parte, desde CSIF han celebrado este "paso adelante", si bien han advertido que todavía "quedan por abordar cuestiones importantes como la manera de llevarlo a cabo y que su fecha de implantación sea el 1 de enero como anticipó el Consell".
El pacto de este lunes deja vía libre para la aplicación de la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios valencianos, mientras por otro lado se dilata su aplicación en Sanidad.
Se dilata en Sanidad
El conseller del ramo, Marciano Gómez, aseguró el pasado miércoles que las negociaciones sobre el asunto se estaban produciendo "en tiempo y forma" para que esta sea una realidad para el personal sanitario a partir del próximo año.
La Conselleria de Sanidad presentó el pasado 30 de julio la propuesta de la jornada de 35 horas semanales para el personal de instituciones sanitarias en la reunión de la Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo, en la que están representadas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad.
Según Gómez, la Conselleria está haciendo sus estudios para que estas horas sean efectivas "desde las 8:00 del lunes a las 15:00 del viernes". "No pueden ser unas 35 horas fake como había con el gobierno anterior, que realmente se trabajaba también los sábados", expuso.
Conviene apuntar Sanidad fue una de las primeras carteras en las que se comenzó a negociar esta reducción horaria. Tanto es así, que ya en la legislatura pasada PSPV y Compromís elaboraron una memoria con el impacto económico que tendría la aplicación de esta medida.
Según los cálculos que manejaba el anterior ejecutivo, hubiera tenido un coste de 140 millones de euros al año, dado que haría falta contratar entre 1.600 y 2.000 empleados para compensar la reducción de las 2,5 horas que dejasen de trabajar.