Los ayuntamientos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 tendrán que seguir recurriendo a Tragsa para ejecutar buena parte de las obras de reconstrucción financiadas por el Gobierno de España. El Ejecutivo no contempla en estos momentos otra vía para ello al entender que es la opción "más ágil".
A lo largo de los últimos meses, varios municipios manifestaron que este medio propio no estaba siendo especialmente rápido en la recuperación, pues el inicio de las actuaciones se estaban demorando en exceso.
A modo de ejemplo, la alcaldesa de Catarroja Lorena Sirvent (PSPV) advirtió que al ritmo actual su localidad no volvería a la normalidad hasta dentro de 14 años. Por ello, tanto ella como otros primeros ediles reclamaron en la comisión mixta celebrada en junio activar mecanismos que permitieran desatascar la situación.
En un primer momento la administración autonómica informó de que los consistorios, a raíz de esta problemática, habían demandado su intervención. Pero meses después de aquello, Gobierno y Generalitat ofrecen versiones diferentes de lo ocurrido en aquel encuentro.
Desde el Ejecutivo central niegan que esto llegara a ponerse sobre la mesa. "Los ayuntamientos nunca pidieron que la Generalitat asumiera las obras frente a Tragsa", expone la comisionada del Gobierno por la dana, Zulima Pérez.
En el Consell matizan ahora que no fue una petición formal como tal. Sí señalan en su lugar que tras exponer los municipios estas dificultades, fue el propio Gobierno valenciano el que se puso a su disposición para colaborar y hacerse cargo de determinadas actuaciones municipales que seguían pendientes con la intención de desbloquearlas.
En este sentido, alegan que la fórmula fue efectiva durante los primeros meses después de la tragedia, ya que permitió reconstruir el puente de acceso al centro comercial Bonaire, cuya cimentación fue afectada por la riada, por la administración autonómica a pesar de ser de titularidad municipal. En él se invirtió 1 millón de euros.
La petición se registró en agosto de 2025, y el consistorio justificó tal petición en que más de 12.300 vehículos circulaban por él cada sábado.
También ocurrió lo mismo con el camino de Santa Ana entre Paiporta y Catarroja, una obra cuyo presupuesto era de 900.000 euros. Logró reabrirse en noviembre de 2025 y, aunque no fue directamente afectado por la riada, por él circularon multitud de vehículos tras la catástrofe porque fue de los pocos tramos que no quedaron devastados.
No obstante, desde el Gobierno sostienen que Tragsa sigue siendo la opción más ágil para ello y resaltan que en estos momentos ya han realizado memorias de proyectos por valor de más de 1.300 millones de euros.
"Los ayuntamientos están trabajando a buen ritmo. Ya hay más de 1.300 millones de euros en memorias presentadas y más de 1.000 proyectos presentados por los ayuntamientos. Además, muchas otras no se han presentado pero somos conocedores de que los proyectos ya están en marcha", asegura Zulima Pérez.
Desde la Generalitat, no obstante, aseguran que aunque haya 1.300 millones de euros en memorias realizadas, todavía quedaría la fase de licitar los proyectos y ejecutarlos, lo que "demorará aún meses que se hagan realidad".
Conviene recordar, así, que el Ejecutivo transfirió 1.745 millones de euros en marzo del año pasado a los consistorios para reparar las infraestructuras que se vieron dañadas el día de la catástrofe.
Y he ahí el problema de fondo. Muchos consistorios vieron cómo sus presupuestos se multiplicaban de un año para otro y se encontraron con la necesidad de gestionar contratos y proyectos de una dimensión muy superior a la habitual, sin contar con arquitectos, ingenieros y otros perfiles técnicos.
Falta de personal
La propia Generalitat intentó articular una solución mediante la cesión temporal de funcionarios autonómicos a los municipios afectados. Pero el plan no llegó a triunfar por dos motivos: por los reparos que puso la Dirección General de Función Pública, pero también por el poco interés que suscitó en la plantilla de la Generalitat.
En abril de 2025, tras visitar numerosos municipios afectados por las inundaciones, el vicepresidente para la recuperación Francisco José Gan Pampols cotejó que entre las principales preocupaciones que le trasladaban los alcaldes había un común denominador.
A pesar de que todos tenían ya en sus arcas los fondos del Gobierno para iniciar la rehabilitación de infraestructuras, no tenían suficiente músculo administrativo para poder licitar contratos.
Dicho de otra manera: sin el personal suficiente, corrían el riesgo de no poder ejecutar el presupuesto y, por tanto, que todas las obras necesarias para devolver la normalidad a sus municipios se quedarían por hacer.
Con este telón de fondo, pidieron voluntarios para configurar un equipo técnico 'ad hoc' para la reconstrucción. Se llegaron a interesar 82 personas, pero con el paso de los días y el inicio de las reuniones, estos acabaron reduciéndose a apenas una decena.
Función Pública, además, quiso que se empleara otro mecanismo. Pues si los funcionarios de la Generalitat acababan trabajando para los ayuntamientos, dejarían de prestar sus servicios en la administración autonómica y las funciones que desempeñaban en sus puestos, dejarían de realizarse y en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.
De este modo, la Diputación de Valencia acabó aprobando una partida de 10,3 millones de euros para dotar de 100.000 euros a cada ayuntamiento afectado por la catástrofe con el único objetivo de que estos pudieran contratar personal.
Y el Gobierno también puso en marcha otro tipo de soluciones, como favorecer la movilidad de sus habilitados nacionales y ampliar el plazo para ejecutar las obras con la intención de ser flexibles con los consistorios y favorecer la reconstrucción.
En cualquier caso, independientemente de estas medidas complementarias, seguirá siendo Tragsa quien asista a los consistorios en la ejecución de sus proyectos, pues desde el Ejecutivo sostienen que "nunca se planteó un cambio" porque este medio "ha funcionado bien".