El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
La Diputación recurre a una ETT para llevar sus coches oficiales el 9 d'Octubre ante el plante de sus conductores
La plantilla pide informes sobre la legalidad de la operación y el coste, y el Gobierno de Mompó asegura que tuvo autorización de los servicios jurídicos.
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La Diputación de Valencia recurrió a una empresa de trabajo temporal (ETT) para cubrir el servicio de conductores de sus coches oficiales durante el 9 d’Octubre. Una decisión que la institución que preside Vicente Mompó tomó después de que los chóferes -todos personal funcionario- se negaran a prestar servicio durante el Día de la Comunitat Valenciana.
A diferencia de lo que ocurre en otras administraciones, los conductores del parque móvil de la Diputación cuentan con una regulación propia que los exime de trabajar los fines de semana y festivos, salvo que decidan hacerlo voluntariamente. Una posibilidad a la que ninguno se acogió aquel día.
Un posicionamiento acordado entre la plantilla para ejercer presión sobre la administración, dado que ahora mismo se encuentran inmersos en plena negociación para mejorar sus condiciones laborales. En particular, sobre el horario de trabajo que realizan.
Ante la falta de conductores disponibles, según explican fuentes oficiales, la corporación optó por recurrir a personal externo para garantizar los desplazamientos previstos en la agenda oficial de la jornada festiva. Una decisión que ha generado una importante revuelta interna y que podría chocar con la legislación de la propia institución.
El artículo 4 del decreto de utilización de vehículos oficiales del parque móvil de la Diputación de Valencia, disponible en la propia web de la propia institución, contempla tres modalidades de prestación del servicio: vehículo con conductor, vehículo sin conductor o contratación de una "empresa externa de servicios públicos (taxi, Uber, etc...)".
El primer caso es el que se da habitualmente: un coche de la corporación es utilizado por uno de los funcionarios de la casa para los desplazamientos que reclaman sus diputados o el presidente.
La segunda se produce en momentos en los que no hay conductores operativos pero sí coches. En estas circunstancias, hay personal habilitado para utilizarlos, generalmente los escoltas de los altos cargos, que acaban siendo los que realizan el traslado en cuestión.
Para estos casos, el artículo 9 de la misma norma establece que para el desarrollo del servicio se debe formalizar una solicitud al Parque Móvil y "solo podrán conducir el vehículo las personas indicadas" en ella. Estos son, así, los "responsables de cumplir los requisitos legales necesarios y no incurrir en otras circunstancias de cualquier tipo que limiten su capacidad de conducción".
Como detalla la norma interna, la tercera y última opción está concebida para recurrir a servicios de transporte ajenos a la institución, como taxis o Uber, pero no para que personal externo conduzca directamente los coches que, como defiende la plantilla, "son patrimonio público". Y en este punto la regulación es muy estricta.
Desde la Diputación explican a EL ESPAÑOL que, "ante la negativa" de sus funcionarios, consultaron si podían recurrir o no a una ETT.
"Lo consultamos, nos dieron autorización y contratamos a una empresa", exponen. No especifican, sin embargo, a quién se elevó la consulta -Secretaría, Intervención, servicios jurídicos...-, ni si se elaboró un informe ad hoc para el caso.
En este sentido, agregan que la modalidad bajo la que se prestó el servicio fue la de "vehículo sin conductor". "Hablamos con la empresa para que nos trasladaran los datos de los conductores que iban a enviar a trabajar para llevar a los diputados y los comunicamos al parque móvil para que figurasen en la solicitud", narran a este diario.
Los chóferes, sin embargo, ahondan en que esta modalidad "no está ideada para personal externo", sino para "escoltas u otros trabajadores que ya son de la casa". Y apuntan que "jamás" se había optado por una alternativa como la de ahora.
También ponen en duda la autorización de este servicio por parte de ningún servicio jurídico. "No es posible sustituir nuestras funciones con personal externo y mucho menos que un particular utilice un coche oficial como si nada", señalan en declaraciones a este diario.
En este sentido, subrayan que son funcionarios de carrera y, en el mejor de los casos podría recurrirse a una bolsa de funcionarios interinos para cubrir el servicio, tal y como se hace durante las bajas laborales o con las vacantes.
Tal es el embrollo, que esta misma semana el sindicato UGT ha reclamado a la Presidencia el "acceso íntegro al expediente administrativo de contratación temporal mediante ETT" en el que se incluya "el informe de necesidad y memoria justificativa"; la "propuesta de contratación y resolución aprobatoria"; el "contrato formalizado con la ETT y condiciones económicas".
Así como también el "perfil, funciones y características del puesto cubierto", los "informes jurídicos, de personal o de intervención que avalen la contratación" y la "documentación relativa al proceso de selección efectuado".
La organización sindical también reclama "cualquier documento que haya servido de fundamento para la decisión" y la "copia del decreto de presidencia autorizando a los conductores de la ETT a la utilización de los vehículos patrimonio de la Diputación de Valencia".
Un aluvión de documentación para que la Diputación pruebe qué cobertura legal permitió al área de la que es responsable Ricardo Gabaldón recurrir a trabajadores de una ETT para conducir coches de titularidad pública, su coste así como si hubo otras opciones que se pusieron sobre la mesa.
