José María Llanos (Vox) y Juanfran Pérez Llorca se estrechan la mano en Les Corts.
Tribunal de Contratos, Ley Forestal, Ley del Suelo y Vivienda: Les Corts afrontan su último tramo legislativo
El PP tratará de tramitar varias normas antes de elecciones en el Parlamento valenciano con el apoyo de Vox.
Más información: Así será la nueva Ley Forestal valenciana: pago a dueños de terrenos por prevenir incendios o zonas de actuación urgente
El nuevo periodo de sesiones de Les Corts Valencianes arrancará en las próximas semanas con las comisiones y con el Debate de Política General, previsto para los últimos días de septiembre. Unos meses en los que el Parlamento autonómico afrontará el tramo final legislativo antes de la celebración de las elecciones autonómicas. Una cita que, de mantenerse junto a las municipales de mayo del 2027 -y a la espera de saber si habrá adelanto-, llevaría a disolver Les Corts hacia finales de marzo como máximo.
La Ley Forestal, la del Suelo, la del Tribunal de Contratos o alguna regulación sobre Vivienda son algunos de los textos que está previsto que se tramiten en el Parlamento próximamente. El PP quiere tratar de aprobarlos junto a Vox, aunque existe alguno conflictivo como el del Tribunal de Contratos, que tal como admiten fuentes parlamentarias se encuentra un poco en el aire.
Es probable, por tanto, que ambas formaciones sigan mostrando algo de sintonía en las votaciones de este último trimestre del año pese al distanciamiento que tendrán que evidenciar ya de cara a comienzos de 2027.
El borrador de la nueva Ley Forestal, que reforma la vigente de 1993, incluye -como informó este periódico- cuestiones como el pago a dueños de terrenos por prevenir incendios; la declaración de determinadas áreas forestales como zonas de actuación urgente (ZAU); que las tierras agrícolas abandonadas después de 1977 vuelvan a este uso; o que los terrenos quemados tengan una protección de 30 años.
El apartado de la norma que todavía puede sufrir alguna modificación es el de prevención de incendios, sobre todo después de los fuegos que han asolado este verano la Comunitat. Tampoco está claro si entrará a Les Corts como proposición de ley -que parta del grupo parlamentario- o como proyecto de ley -que parta del Gobierno-.
Más avanzada se encuentra la Ley del Suelo, cuyo anteproyecto -que pasa a sustituir íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup)- fue aprobado el pasado julio por el Consell.
El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, expuso en rueda de prensa que la norma "simplifica, clarifica y moderniza", "ordena antes de urbanizar", "protege sin bloquear" y "agiliza sin renunciar a las garantías ambientales".
El texto, en todo caso, llega con algo de polémica en algunos de sus apartados. Uno es aquel que flexibiliza la obligación de los ayuntamientos de reservar vivienda protegida en los desarrollos urbanos. La Lotup establecía porcentajes mínimos que se tenían que cumplir y que la nueva ley no recoge.
La norma simplifica asimismo la fase de evaluación ambiental en el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos. Algo que la oposición critica por la "eliminación de garantías". Así, si ya ha habido una evaluación ambiental estratégica global, no tendrá que haber una nueva evaluación de impacto ambiental en los proyectos concretos que desarrollen ese plan.
En materia de vivienda, el anteproyecto establece también "reservas de edificabilidad residencial" alineadas con la legislación básica estatal: un 40 % en suelo urbanizable y un 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
Por otra parte, incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) -una figura que era utilizada hasta la fecha de manera excepcional- como "instrumentos para la implantación ágil de iniciativas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable". Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses -si requieren de licencia ambiental- o de nueve -si precisan de Autorización Ambiental Integrada-, previo acuerdo del Consell.
Vivienda y Tribunal de Contratos
Aunque la nueva ley del Suelo ya regula cuestiones relacionadas con vivienda, este asunto también tendrá protagonismo en la recta final de legislatura, bien sea a través de decreto o con la modificación de alguno de los vigentes.
A ello se añade una intención inicial del PP que todavía es pronto para aventurar si logrará salir adelante por conflictiva. Se trata de aprobar el Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, un nuevo organismo que impulsó la Conselleria de Hacienda cuando Ruth Merino estaba al frente y Carlos Mazón era presidente de la Generalitat.
El proyecto de ley para su puesta en marcha fue aprobado por el Gobierno valenciano en junio de 2025. Luego entró a Les Corts para su tramitación... y ahí se quedó. Vox presentó una enmienda a la totalidad que los populares se abrieron a aceptar, lo que suponía en la práctica autofrenarse su propia norma.
![El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Rober Solsona / EP](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11090673.jpg?p=w:320\/h:240&h=eLGl5j2M"])
Entre los planes del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entra volver a intentarlo, admiten fuentes populares. Pero todo dependerá de Vox, que apeló en su enmienda a la racionalización del gasto público y a que no era necesario, en definitiva, tener un nuevo organismo como este tribunal con lo que en sueldos y estructura comporta.
Pero no se trata de una cuestión menor. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos es un organismo que existe en otras comunidades como Navarra, Aragón o Galicia.
Ahora mismo, en la Comunitat Valenciana cualquier contratista con la administración pública tiene que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Con la nueva ley se creaba uno propio para la autonomía que se adscribía a la Conselleria de Hacienda -departamento que impulsó el proyecto-.
Su ámbito de actuación sería la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas, las universidades públicas valencianas y los consorcios con mayoría pública.
Su misión consistiría en resolver recursos especiales, medidas cautelares, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
La creación de este tribunal ya fue llamativa en su momento, pues partió de una enmienda transaccionada entre el PP y Compromís. La única pactada por ambos partidos en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024 y con la que los populares querían evidenciar que podían llegar a entendimientos con la oposición.
Las fuentes de Vox consultadas señalan que la posición del grupo es la misma que cuando presentaron la enmienda a la totalidad porque no están conformes con la norma tal y como está planteada actualmente. Así que los populares tendrán que negociar.
