La consellera de Justicia, Nuria Martínez, comparece en Les Corts para explicar el presupuesto de su cartera. José Cuéllar / Corts
La Generalitat encarrila un acuerdo con los funcionarios de Justicia valencianos tras ofrecer una subida de sueldo
El acuerdo podría llegar apenas dos semanas después de haber arrancado las negociaciones, lo que contrasta con lo vivido en la huelga educativa.
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La Generalitat Valenciana y los sindicatos de Justicia podrían alcanzar en breve un acuerdo para mejorar las retribuciones de los funcionarios valencianos tras la oferta de la Conselleria que dirige Nuria Martínez de revisar al alza el complemento específico que perciben estos empleados públicos, una reivindicación histórica del colectivo.
El próximo jueves se celebrará una mesa sectorial entre la administración autonómica y los representantes de los funcionarios judiciales. Una cita en la que, si bien el debate sobre los salarios no se encuentra en el orden del día, los sindicatos esperan que sí vaya a abordarse.
No en vano, el pasado viernes mantuvieron una reunión con Martínez y el propio conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en la que se les anunció la pretensión del Gobierno valenciano de hacer efectivo un incremento retributivo para "compensar la pérdida del poder adquisitivo" desde 2023.
En el encuentro no trascendió qué subida baraja acometer la Generalitat, dado que la dirección general de Justicia debe "hacer números" para saber qué margen presupuestario habría para ello. La horquilla, según fuentes sindicales consultadas por EL ESPAÑOL, se situaría entre los 5 y los 8 millones de euros.
Con todo, la situación contrasta especialmente con lo vivido en la huelga educativa indefinida. Tras cinco semanas de negociaciones, los sindicatos y la Generalitat apenas lograron cerrar un acuerdo: el relativo a la reducción de la carga burocrática para los docentes.
Fue imposible que alcanzar un consenso en las ratios, el aumento de las plantillas docentes, la mejora de las infraestructuras, Formación Profesional, fomento del uso del valenciano, inclusión y retribuciones.
Este último punto, de hecho, tan solo fue firmado por CSIF y ANPE y, por lo pronto, su aplicación ha quedado en el aire porque el TREBEP no fija la obligación legal a la Generalitat de pagar la subida de sueldo a los profesores. Al menos, hasta su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Las negociaciones maratonianas acabaron apenas una semana antes del fin del curso escolar, pero con la amenaza por parte de los sindicatos de volver a convocar el paro indefinido en septiembre.
Las conversaciones en el ámbito de Justicia, sin embargo, han sido completamente diferentes. A pesar de que también el conflicto laboral llevaba años enquistado, ambas partes podrían llegar a un acuerdo apenas dos semanas después de haber comenzado las negociaciones.
Una circunstancia a la que, lógicamente, contribuye también el hecho de que las reivindicaciones del colectivo son mucho menos costosas para la administración valenciana y, por tanto, más fáciles de cumplir.
A modo de ejemplo, tan solo la subida salarial a los docentes representa más de 200 millones de euros de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, frente a los 5-8 millones de Justicia. Acometer todas las mejoras educativas sobre la mesa, sin embargo, supondrían una inversión de 3.338 millones de euros para el Gobierno valenciano.
250€ menos que la media
El objetivo del Consell ahora es corregir el desfase retributivo que arrastran los funcionariosde justicia valencianos respecto a otras comunidades autónomas y dar respuesta a una actualización salarial ligada a la carga de trabajo y a las nuevas funciones asumidas en los últimos años.
Los sindicatos llevan tiempo denunciando que estos empleados cobran alrededor de 250 euros menos al mes en este complemento respecto a la media nacional.
Según cálculos de UGT, el "agravio" respecto a otras autonomías afecta a más de 5.500 trabajadores de la Administración de la Justicia en la Comunitat Valenciana, entre personal de gestión procesal, tramitación, auxilio judicial, médicos forenses y personal de laboratorio.
El sueldo de todos ellos consta de tres conceptos: salario base, antigüedad y otros complementos. Entre ellos destaca el específico, cuya cuantía fijan las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y que remunera aspectos como la responsabilidad, la dificultad, la dedicación o la penosidad del puesto.
El perjuicio que denuncian sufrir tiene dos derivadas. El primero, el pacto que alcanzó el Gobierno con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en 2023 por el que se incrementó en 195 euros mensuales el plus para este grupo.
Poco después, el ministro Félix Bolaños firmó un acuerdo con UGT y CSIF para el resto de cuerpos de Justicia, ligado a las leyes de eficiencia organizativa. Un acuerdo que contemplaba una subida progresiva del complemento específico durante 2024 y 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Estas mejoras, sin embargo, beneficiaron directamente al personal dependiente del Ministerio de Justicia. Pero no a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, como ocurre en la Comunitat Valenciana.
Por ello, cada territorio con competencias propias abrió negociaciones con los ejecutivos regionales para poder actualizar estas retribuciones: en Madrid, por ejemplo, se acordó una subida de 170 euros en 2024 en el cuerpo de gestión, en Canarias 103 euros o en Aragón 102 euros.
En el caso de Comunitat Valenciana existían compromisos previos a dicho acuerdo nacional. El Consell prometió actualizar este complemento en mayo de 2016 y diciembre de 2023 para equipararse a la media nacional.
Con estos mimbres, la subida no llegó a ejecutarse hasta julio de 2025 para los funcionarios de justicia valencianos. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció una inversión de 5 millones de euros para subirles este complemento.
El anuncio, beneficiaría a 5.774 empleados públicos de Justicia y, en palabras de Mazón, revertiría "la situación de injusticia existente desde hace años, ya que la última vez que vieron incrementado este concepto retributivo fue en 2016".
Pero pese a los aumentos, que oscilaron desde los 58 hasta los 65 euros al mes, permanecieron por debajo de la media nacional.
A modo de ejemplo, un funcionario del cuerpo de gestión procesal percibe un complemento de 741,09 euros, el penúltimo del ranking, solo por encima de Galicia. La media se sitúa en 941,96 euros, más de 200 euros más de lo que cobra un empleado valenciano.
Por encima de la media se encuentran País Vasco, Canarias, Madrid, Aragón, Asturias, Cataluña y Cantabria. De este modo, los sindicatos exigen que se equipare los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana a la media.
El 'trueque' por los acuerdos estatales
Pero también reclaman otra subida que no llegó a ejecutarse: los procedentes del acuerdo marco del Gobierno central con UGT y CCOO para la Administración del Siglo XXI y por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
Aquel pacto supuso una subida adicional del 0,5% ligada a la inflación acumulada del período 2022-2024 y una subida general del 2,5% para 2025, abonada por la Generalitat Valenciana en febrero de 2026.
UGT denunció en declaraciones a este diario que ninguna de estas dos subidas se aplicó al complemento específico del personal de Justicia de la Comunitat Valenciana, ni tampoco al complemento autonómico transitorio. Y exigieron al Consell que lo hiciera, dado que se trataba de retribuciones complementarias estructurales, fijas y periódicas.
La administración autonómica, sin embargo, justificó su exclusión en el aumento anunciado por Mazón. "Alegan que las nuevas cuantías aprobadas ya suponían una actualización retributiva propia", exponían los sindicatos.
En este sentido, estos subrayaban que se trataba de dos incrementos distintos: el ejecutado por Mazón es la adaptación a lo que realizó el Ministerio en 2023, mientras los dos acuerdos marco firmados entre el Estado y los sindicatos serían cosa aparte.
El hecho de que la Generalitat entienda que con el primero quedaría compensado (y saldado) el segundo, supone en la práctica que estos empleados públicos "hayan dejado de cobrar de media 253 euros al mes", según estimaban UGT y CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclamó a la Generalitat "cumplir los acuerdos firmados", dado que además la carga de trabajo que asumen se halla entre las más altas de España, con hasta un índice del 55% de sobrecarga de sus órganos judiciales, por encima del 40% de la media estatal.
