Imagen de uno de los vehículos intervenidos a los líderes de la trama que aparece en el sumario. EE
Hummer, Lamborghini o Porsche: el juez de 'Spider' acuerda la venta anticipada de 10 vehículos de los narcos
El magistrado señala que si no se acordara el decomiso de los coches en sentencia firme, los acusados recibirán el importe íntegro obtenido con la operación.
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El juez de 'Spider', la causa sobre narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia, ha acordado la venta anticipada de un total de 10 vehículos de alta gama pertenecientes a líderes de la presunta trama que les fueron embargados.
Entre ellos, aparecen un Hummer H2, un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un BMW Z3, un BMW 535D, un Land Rover Range Rover Sport o un Audi A4. También un camión de la marca Man, un Citroën modelo C5 o un A4 Cabriolet.
Se trataba de una petición de la Policía Nacional que también apoyó la Fiscalía y que ahora avala el magistrado. Cabe recordar que a varios de los acusados les fueron intervenidos sus vehículos y que la Policía solicitó poder usarlos, como suele ocurrir en este tipo de operaciones.
En sus diversos informes, los agentes lamentan la "escasa renovación" de su parque, la falta de medios o las limitaciones presupuestarias en inversiones. Motivo por el que celebraron que los vehículos de los narcos pudieran ser usados "en la persecución e investigación del delito en condiciones seguras", ya que en muchas ocasiones los investigados también se mueven en vehículos de alta gama.
Muchos de ellos pertenecían a los líderes de la trama y fueron trasladados a un depósito de Cheste. Después se revisaron por parte del Servicio de Automoción de la Policía Nacional. Los que cumplían con los parámetros establecidos y eran aptos para su uso policial fueron alrededor de 30.
Esa treintena se ha dividido en aquellos que sí se solicitan para uso policial (un total de 20) y aquellos que no parecen apropiados, por lo que se pide la venta anticipada.
Evitar costes de mantenimiento
La Policía expone en su último informe al juzgado que el "depósito estático" equivale, en términos económicos, a una destrucción paulatina del valor del activo. Por tanto, la utilización provisional o la venta anticipada se erigen no solo como opciones posibles, sino como mecanismos preferentes de cumplimiento del mandato comunitario que establece que la gestión de bienes congelados conlleva costes significativos para la administración.
Para evitar que el coste de gestión supere el valor del bien, señala el escrito, se habilita a los Estados a vender o transferir la propiedad (dar uso policial) de los bienes antes de la sentencia firme, especialmente cuando sean perecederos o se deprecien rápidamente.
La utilización provisional de los vehículos, razona la Policía, "no es una pena anticipada", sino una "medida cautelar de gestión patrimonial con una finalidad conservativa" porque el objetivo "no es castigar al investigado (quien goza de presunción de inocencia), sino conservar el valor de uso del bien y evitar costes al erario". Además, dice, "tiene una finalidad social ya que busca un aprovechamiento social de los recursos, en plena alineación con el principio de eficiencia administrativa".
Con todo ello, el juez cree que concurren suficientes indicios racionales de que los vehículos intervenidos constituyen instrumentos del delito y/o bienes procedentes de las ganancias del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales. Aprecia, además, estrategias reiteradas de ocultación patrimonial, uso de personas interpuestas y ausencia de justificación económica lícita.
De esta manera, el magistrado ve "plenamente justificada" tanto la adopción del decomiso preventivo como la autorización del uso policial provisional.
A la espera de la sentencia
Lo mismo ocurre respecto a la venta anticipada. Los vehículos a motor, indica el juez, constituyen bienes sujetos a una rápida y constante depreciación como consecuencia del mero transcurso del tiempo, la obsolescencia técnica y el deterioro derivado de la inactividad prolongada.
A ello ha de añadirse el coste económico significativo que supone su depósito y custodia, costes que se prolongan durante procedimientos de instrucción complejos y de larga duración como el de 'Spider'.
"La venta anticipada se revela como la medida más proporcionada e idónea para preservar el valor patrimonial de los bienes intervenidos y evitar un menoscabo innecesario tanto para el erario público como para los eventuales titulares afectados", apunta.
Esta decisión, asegura, no va en contra de los derechos de los acusados. El importe que se obtenga de esa venta anticipada quedará a disposición del juzgado, sin perjuicio de la gestión que corresponda efectuar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) durante la tramitación del procedimiento.
Si en sentencia firme se acordara el decomiso definitivo, los vehículos quedarán definitivamente integrados en el patrimonio público. Si no se acordara el decomiso en sentencia firme, la persona afectada por la medida recibirá el importe íntegro obtenido con la venta de los citados vehículos.
