Funcionarios de Justicia protestan con una 'globotà' a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EE
La Generalitat afronta otro conflicto laboral: tras profesores y médicos, los funcionarios de Justicia piden más sueldo
Los afectados, que los sindicatos cifran en más de 5.700 personas, anuncian demandas en los tribunales para que actualicen sus complementos.
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La Generalitat Valenciana suma un nuevo frente salarial en pleno pulso con los sindicatos por las condiciones laborales y retributivas del profesorado valenciano. Mientras la huelga indefinida en Educación continúa, y tras sumarse los médicos esta semana para exigir una jornada de 35 horas semanales, ahora son los funcionarios de Justicia los que denuncian un agravio respecto a otras autonomías y exigen actualizar sus sueldos.
La actual retribución de los funcionarios de Justicia, que permite a la Generalitat ahorrar 1,3 millones de euros anuales -según calcula el sindicato UGT-, afecta a más de 5.500 trabajadores de la Administración de la Justicia en la Comunitat Valenciana, entre personal de gestión procesal, tramitación, auxilio judicial, médicos forenses y personal de laboratorio.
El sueldo de todos ellos consta de tres conceptos: salario base, antigüedad y otros complementos. Entre ellos destaca el específico, cuya cuantía fijan las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y que remunera aspectos como la responsabilidad, la dificultad, la dedicación o la penosidad del puesto.
El perjuicio que denuncian sufrir, y que ahora llevarán a los tribunales, tiene dos derivadas. El primero, el pacto que alcanzó el Gobierno con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en 2023 por el que se incrementó en 195 euros mensuales el plus para este grupo.
Poco después, el ministro Félix Bolaños firmó un acuerdo con UGT y CSIF para el resto de cuerpos de Justicia, ligado a las leyes de eficiencia organizativa. Un acuerdo que contemplaba una subida progresiva del complemento específico durante 2024 y 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Estas mejoras, sin embargo, beneficiaron directamente al personal dependiente del Ministerio de Justicia. Pero no a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, como ocurre en la Comunitat Valenciana.
Por ello, cada territorio con competencias propias abrió negociaciones con los ejecutivos regionales para poder actualizar estas retribuciones: en Madrid, por ejemplo, se acordó una subida de 170 euros en 2024 en el cuerpo de gestión, en Canarias 103 euros o en Aragón 102 euros.
En el caso de Comunitat Valenciana existían compromisos previos a dicho acuerdo nacional. El Consell prometió actualizar este complemento en mayo de 2016 y diciembre de 2023 para equipararse a la media nacional.
Con estos mimbres, la subida no llegó a ejecutarse hasta julio de 2025 para los funcionarios de justicia valencianos. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció una inversión de 5 millones de euros para subirles este complemento.
El anuncio, beneficiaría a 5.774 empleados públicos de Justicia y, en palabras de Mazón, revertiría "la situación de injusticia existente desde hace años, ya que la última vez que vieron incrementado este concepto retributivo fue en 2016".
Llorca habla con un funcionario de Justicia afectado por la falta de actualización de las tablas salariales. EE
Pero pese a los aumentos, que oscilaron desde los 58 hasta los 65 euros al mes, permanecieron por debajo de la media nacional.
A modo de ejemplo, un funcionario del cuerpo de gestión procesal percibe un complemento de 741,09 euros, el penúltimo del ranking, solo por encima de Galicia. La media se sitúa en 941,96 euros, más de 200 euros más de lo que cobra un empleado valenciano.
Por encima de la media se encuentran País Vasco, Canarias, Madrid, Aragón, Asturias, Cataluña y Cantabria. De este modo, los sindicatos exigen que se equipare los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana a la media.
El 'trueque' por los acuerdos estatales
Pero también reclaman otra subida que no llegó a ejecutarse: los procedentes del acuerdo marco del Gobierno central con UGT y CCOO para la Administración del Siglo XXI y por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
Aquel pacto supuso una subida adicional del 0,5% ligada a la inflación acumulada del período 2022-2024 y una subida general del 2,5% para 2025, abonada por la Generalitat Valenciana en febrero de 2026.
Protesta en la puerta del Palau de la Generalitat de funcionarios de Justicia. EE
UGT denuncia que ninguna de estas dos subidas se aplicó al complemento específico del personal de Justicia de la Comunitat Valenciana, ni tampoco al complemento autonómico transitorio. Y exigieron al Consell que lo hiciera, dado que se trataba de retribuciones complementarias estructurales, fijas y periódicas.
La administración autonómica, sin embargo, justificó su exclusión en el aumento anunciado por Mazón. "Alegan que las nuevas cuantías aprobadas ya suponían una actualización retributiva propia", exponen los sindicatos.
En este sentido, subrayan que se trata de dos incrementos distintos: el ejecutado por Mazón es la adaptación a lo que realizó el Ministerio en 2023, mientras los dos acuerdos marco firmados entre el Estado y los sindicatos serían cosa aparte.
El hecho de que la Generalitat entienda que con el primero quedaría compensado (y saldado) el segundo, supone en la práctica que estos empleados públicos "hayan dejado de cobrar de media 253 euros al mes", según estima UGT.
El ahorro para las arcas autonómicas, teniendo en cuenta que a día de hoy hay más de 5.500 funcionarios de justicia valencianos, sería de 1,3 millones de euros anuales.
Tras reivindicarlo en numerosas ocasiones, ahora los sindicatos comenzarán a plantear demandas por cada uno de los empleados afectados. Al Consell se le suman nuevos frentes a apenas un año de las elecciones autonómicas.
