Catalá durante su visita a la oficina antiocupación en junio. EE
La ‘oficina antiokupa’ de Valencia abre 59 expedientes de apoyo a propietarios tras 1.134 denuncias ante la Policía
La oficina, que cumple su primer año, abre expediente cuando el caso requiere seguimiento o asesoramiento.
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La Oficina contra la okupación de Valencia cumple su primer año con un balance de 59 expedientes tramitados, según avanzaron a EL ESPAÑOL fuentes del Ayuntamiento.
Sin embargo, estos casos abiertos no son las únicas intervenciones que la Policía Local ha llevado a cabo desde mayo de 2025. En este último año, el cuerpo policial ha recibido un total de 1.134 demandas por okupación o inquiokupación, por altercados en estos inmuebles o por problemas de seguridad ciudadana relacionados.
Además, se han registrado 41 casos de defraudación del fluido eléctrico, la mitad de ellos por entradas ilegales y usurpaciones.
Según el último balance del cuerpo de seguridad, solo teniendo en cuenta los meses de 2026, se han efectuado un total de 313 actuaciones a partir de las llamadas telefónicas o los correos electrónicos dirigidos a la propia oficina, pero también al 092.
De todos estos casos, según fuentes municipales, la oficina que lucha contra la okupación únicamente genera expediente administrativo cuando el caso requiere de un seguimiento posterior o de asesoramiento.
La puesta en marcha de esta oficina fue una de las medidas que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, prometió durante la campaña electoral. Fue en marzo de 2025 cuando anunció la creación urgente, siguiendo el ejemplo de otras ciudades españolas gobernadas por el PP.
De esta manera, el nuevo departamento nació a imagen y semejanza del diseñado por Xavier García Albiol para Badalona, en Cataluña, comunidad que lidera el número de ocupaciones según los datos del Ministerio de Interior.
El objetivo de la oficina, según explicó la propia Catalá, es dar servicio a los vecinos de la ciudad que sean objeto de los delitos de usurpación y allanamiento de vivienda.
La oficina no partía de cero y continuaba el trabajo realizado por los agentes municipales. En junio, durante una visita a la sede, la primera edil aseguró que en el año 2023 había en la ciudad 474 puntos complejos con ocupaciones, cifra que se redujo en 2025 a los 84 focos.
Catalá señaló que muchas de estas propiedades ocupadas no pertenecen a grandes fondos o entidades bancarias, sino que son "de pequeños propietarios, personas mayores, autónomos o familias que han confiado sus ahorros a una segunda vivienda".
Cómo funciona
Integrada en la Policía Local, este servicio recibe, tramita, coordina y hace seguimiento de los casos denunciados.
La oficina municipal actúa en tres líneas: informar y orientar, prevenir y mediar y asistir y ayudar en los casos donde haya una necesidad real de vivienda. Estos casos más vulnerables son derivados a los servicios sociales municipales.
La ciudadanía que tenga un problema de ocupación puede ponerse en contacto con la oficina a través de la línea telefónica o presentando una instancia.
Una vez recibido el aviso o la comunicación inicial, el equipo policial contacta con los afectados, recaba sus datos y la documentación acreditativa de cada caso.
Cuando se dispone de la información necesaria y de un conocimiento preciso del supuesto de hecho, según fuentes del departamento, se procede a la apertura del expediente.
Después, se solicita un informe a la unidad policial territorial correspondiente con el objetivo de comprobar los hechos, averiguar las circunstancias e identificar una solución.
Esta oficina también mantiene contacto con otros servicios municipales que puedan intervenir sobre el inmueble afectado, con la finalidad de disponer de una información más completa y ampliar las posibles vías de actuación administrativa y operativa.
Oficina autonómica
Por otra parte, el Gobierno valenciano también puso en marcha su propia oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, accesible a través del número 012.
La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, anunció además la pasada semana una nueva línea de ayudas, por valor de 250.000 euros, destinada a proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal.
La vicepresidenta primera detalló que estas ayudas financiarán, por un lado, el asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y, por otro, la reparación de los posibles daños ocasionados en los inmuebles.
En la Comunidad Valenciana, según datos del Ministerio de Interior, se produjeron 1.805 denuncias por allanamiento o usurpación de vivienda. La valenciana es la tercera autonomía con más casos, solo por detrás de Cataluña y Andalucía.
