Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación en una imagen de archivo. Rober Solsona / EP
La Generalitat mantiene el pulso el primer día de huelga: espera que sean los sindicatos los que llamen para negociar
McEvoy invita a que sean "los sindicatos que abandonaron la mesa de negociación" los que reanuden las conversaciones y cifra en un 50,12% el seguimiento de la huelga.
Más información: El TSJCV avala que los servicios mínimos de la huelga docente cubran las clases de bachiller para garantizar la PAU
La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano no tiene intención de dar el primer paso para retomar las negociaciones con los sindicatos de docentes y frenar así la huelga indefinida de profesores que ha arrancado este lunes.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, aseguró este lunes a última hora de la tarde que "a lo mejor, deberían ser los sindicatos que el otro día se levantaron de la negociación" los que tomen la iniciativa de retomar las conversaciones.
Una clara alusión a STEPV, UGT y CCOO, quienes tras la propuesta de subida salarial de la Conselleria abandonaron la reunión. CSIF y ANPE continuaron debatiendo con la administración otras de las reivindicaciones como la carga burocrática que debe asumir el profesorado.
"No somos especialmente orgullosos o tozudos, si tenemos que dar el paso, lo daremos porque lo que queremos es seguir negociando", dijo el alto cargo.
Sin embargo, preguntado sobre si alguien de la Conselleria llamaría esta misma tarde para resolver el conflicto y evitar que los días de paro continúen sine die, aseguró que lo veía "poco probable, ya que mañana -por este martes- hay una huelga convocada".
"Lo que debe haber es un abandono de posiciones maximalistas", instó McEvoy de nuevo en alusión a las aspiraciones de las organizaciones sindicales.
En este punto conviene recordar que reivindican una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, lo que supondría una mejora salarial de aproximadamente 500 euros mensuales.
La oferta del departamento dirigido por Carmen Ortí contempla un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.
Billetes de 75 euros en la huelga. EFE/Biel Aliño
Con estos mimbres, el escenario de huelga indefinida continúa. Pues aunque la responsable del ramo, Carmen Ortí, aseguró el pasado viernes que su departamento estaba abierto a "dialogar" y volver a poner una "nueva propuesta de subida salarial" sobre la mesa, lo cierto es que a lo largo del fin de semana no se produjo ningún contacto.
Tampoco lo hubo este lunes, primera jornada del paro indefinido. Un día en el que 77.700 docentes de la escuela pública estaban llamados a secundar la huelga y que arrancó a media mañana con la celebración de cuatro manifestaciones en Valencia, Castellón, Alicante y Elche convocadas por STEPV, CCOO, UGT y CSIF.
De los trenes de Cercanías bajaban a primera hora cientos de personas con pancartas, silbatos, petos o banderas donde fijaban sus reivindicaciones. El recorrido se quedó corto para el nivel de afluencia, pues la cabecera de la marcha culminó el trayecto cuando algunos asistentes todavía no habían salido del inicio del recorrido.
En total, cerca de 40.000 personas asistieron a la cita, de las cuales la mitad se concentraron en la capital y cerraron la protesta en una plaza de la Virgen abarrotada con consignas tales como: "Infraestructures dignes i segures" (Infraestructuras dignas y seguras) u "Ortí, escolta, l’escola està revolta" (Ortí, escucha, la escuela está revuelta).
50,12% de seguimiento
Según el Gobierno valenciano, el paro fue respaldado este lunes aproximadamente por la mitad de los profesores: "El seguimiento de la huelga ha sido del 50,12%", expuso McEvoy a última hora de la tarde en Campanar, 32, sede de la Conselleria.
Plaza de la Virgen de Valencia. Biel Aliño / Efe
Un porcentaje que difiere significativamente del ofrecido por los sindicatos por la mañana, ya que lo situaron en torno al 88% con la aspiración de poder alcanzar el 95%.
Para defender la veracidad de las cifras oficiales ofrecidas por la Generalitat, el alto cargo subrayó que eran los centros los que a determinadas horas debían "ir remitiendo el seguimiento de la huelga realizado por la plantilla".
"Por lo tanto, no les podemos dar un dato aleatorio, ni inventado, porque precisamente esos profesores verán también mermados sus emolumentos en la parte proporcional", por lo que podría ser cotejado fácilmente a través de los presupuestos.
Asimismo, desde el departamento que dirige Ortí aseguraron que no hubo ningún centro educativo en el que hicieran huelga todos los profesores que no tuvieran asignados servicios mínimos.
En aras de demostrar el talante negociador de la Generalitat con los represenantes del profesorado, el número dos de Educación recordó que desde que arrancó el curso en septiembre el Gobierno valenciano ha mantenido al menos 29 reuniones con los sindicatos, "tal y como muestran las actas".
"En esas reuniones no hemos dejado de tratar ninguno de los temas que se han propuesto. Quizá en otros tiempos sí se rechazaban esas posibilidades y se les decía que no y ni siquiera se tocaban esos temas", dijo en referencia a las cinco ocasiones en las que Compromís y PSPV negaron las mejoras retributivas.
Manifestantes en defensa de la escuela pública. Biel Aliño / Efe
"El equipo de la Conselleria no ha rehuido ningún tema", agregó para acto seguido resaltar que este enfrentamiento "solo tiene una vía de solución y en un único foro: la mesa sectorial de negociación". Un foro que, por lo pronto, no tiene fecha en el calendario.
Los autos del TSJCV
En la otra orilla, y mientras la primera jornada de paro transcurría, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitió dos autos en los que avalaba los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga docente.
En ellos, los magistrados, si bien reconocían el derecho a huelga, también subrayaban que este encontraba "un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación".
En esa línea, destacaban especialmente los derechos e intereses de los alumnos de 2º de Bachillerato, que próximamente se van a enfrentarán a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU): "Un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales", exponían los autos.
La Sala constataba en ese punto "un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba".
Un fuerte espaldarazo a la Conselleria de Educación en el que fue, probablemente, el día más complejo del curso escolar.
