Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet. EE
La alcaldesa socialista de Quart de Poblet logró una de las viviendas protegidas que sorteaba en el pueblo Ferrobús
El equipo de Cristina Mora subraya que la compró en 2010 directamente a la promotora sin sorteo "cuando ni siquiera estaba afiliada al PSOE".
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La alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, logró una vivienda protegida en su municipio en 2010. La promotora elegía a los compradores por sorteo al haber más aspirantes que viviendas, si bien la dirigente la habría obtenido mediante una compra directa.
El equipo de Mora confirma a EL ESPAÑOL que compró junto a su pareja la vivienda protegida, modalidad que permite un ahorro significativo para compradores jóvenes que no exceden un determinado nivel de renta.
Subraya que fue una adquisición completamente legal a una promotora privada y supervisada por la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el PP. "El promotor vende a cualquiera que cumple con los requisitos, y quien supervisa es la conselleria", destaca.
Según ha podido contrastar este periódico, se trata de una vivienda con plaza de aparcamiento construida por la promotora Ferrobús en las antiguas áreas industriales de Faneca y Turégano, empresas que ocupaban espacios junto al río Turia ahora integrados en el casco urbano de Quart.
En base a la normativa vigente, Ferrobús realizaba sorteos entre los interesados para seleccionar a los compradores cuando éstos excedían el número de viviendas disponibles. Eran sorteos de una gran expectación, en los que los agraciados y descartados descubrían el resultado in situ, con éxtasis o decepción
Según confirman fuentes conocedoras del proceso, Ferrobús recurrió al salón de actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cedido por el consistorio a la promotora, para repartir viviendas del mencionado ámbito. Mora, sin embargo, afirma haberla adquirido "sin que mediara sorteo". "Como todos mis vecinos", apuntó en sus redes tras la publicación de esta noticia.
El entorno de la actual alcaldesa insiste a EL ESPAÑOL en que aquella fue una operación en la que nada tuvo que ver la administración local.
De hecho, subraya que la afiliación al PSPV-PSOE de Cristina Mora no se produjo hasta el mes de julio de 2011, semanas después de haber sido elegida como concejal por los socialistas.
"La compró en 2010 cuando ni siquiera estaba afiliada al PSOE", asevera. Entonces la alcaldesa era la socialista Carmen Martínez, quien unos meses después la designó como concejal al ser reelegida.
En efecto, fue justo unos meses antes de las elecciones de mayo de 2011 cuando se materializó la compraventa de la vivienda y el garaje, que fueron valorados entonces en algo más de 215.000 euros, según consta en el expediente público del inmueble en el Registro de la Propiedad.
La transacción, según esta documentación, se produjo en agosto de 2010.
"Antiestético"
"Es el piso en el que sigue viviendo y que sigue pagando", recalca el equipo de Cristina Mora. "Esta es una información filtrada para hacer daño. Ni siquiera es antiestético", asevera.
Lo ocurrido en el Residencial Les Naus de Alicante ha elevado el listón ético sobre la adquisición de viviendas protegidas por parte de políticos, funcionarios y allegados, ante la suspicacia de que hayan tenido información privilegiada o un trato preferente por parte de la promotora.
Más allá de los casos concretos en los que se investiga una posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias, las compraventas que han trascendido de personalidades políticas de relevancia parecen legales, y solo cuestionables desde el plano ético o estético.
La mujer de Luis Barcala, alcalde de Alicante del PP, fue señalada por la adquisición en 2006 de una vivienda protegida que tiene alquilada.
Él argumentó que esa era precisamente la tipología de la vivienda, que la adquisición exigía que se destinara al alquiler. También, como ahora arguye la alcaldesa socialista de Quart, que no hubo irregularidad alguna, que cumplía con todos los requisitos.
Otro dirigente, en este caso el exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (IVC), Xavi Navarro, nombrado a propuesta de Compromís, se defendió de igual modo cuando fue revelada la compraventa de su vivienda de protección pública.
Él argumentó que cumplía con el umbral de renta para poder adquirirla, porque su nombramiento se produjo en el mes de diciembre de ese año y apenas tuvo impacto su nuevo sueldo de alto cargo en la renta del ejercicio 2015, la que computó para analizar a los aspirantes.
