El director general de Transparencia, Jorge Bellver. PPCV
La imputación de Jorge Bellver por Azud, en manos de la Audiencia de Valencia: pide la nulidad que la Fiscalía rechaza
El director general de Transparencia defendió en su recurso que no podía ser investigado. Anticorrupción sostiene que sí y el juez se pronunciará otra vez.
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La imputación de Jorge Bellver en el caso Azud quedará próximamente en manos de la Audiencia de Valencia. El actual director general de Transparencia, además de exconcejal en el Ayuntamiento con Rita Barberá y exdiputado autonómico, recurrió el pasado marzo varias resoluciones del juzgado de Instrucción número 13 a la vez: el auto de 2019 que le tenía por investigado, la citación en calidad de imputado del pasado octubre y la providencia contraria a que pudiera recurrir esta última decisión.
En este escenario, lo lógico es que el juzgado se mantenga en la misma posición dado que mantuvo su declaración como investigado, por lo que será la Audiencia Provincial la que tenga que pronunciarse para decidir su futuro judicial. La Fiscalía, por su parte, defiende que no hay argumentos ni para la nulidad de la imputación ni para la prescripción de los presuntos delitos.
La imputación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).
Esta subtrama apunta a que el consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.
Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.
Además, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.
Nulidades
Bellver, quien negó en su recurso participación alguna en esta operación, pidió en su recurso que se declarara nulo el auto de 2019 que le tenía por investigado debido a que en ese momento estaba aforado. Al ser diputado hasta 2023, sostiene que la jueza titular carecía de competencia efectiva para investigarlo.
También considera nula la resolución de octubre de 2025 que le citaba en calidad de imputado, esta vez ya cuando había dejado de estar aforado. Ese auto del juez sustituto, afirmó, carecía de fundamentación alguna, no hacía "la más mínima referencia a cuáles eran los indicios" que lo justificaban tras ocho años de instrucción y se limitaba "a la remisión al escrito del Ministerio Fiscal". Si es nulo el auto de 2019, también lo sería todo lo que colgó de él, incluyendo esta providencia, vino a decir.
La petición de nulidad la extendió igualmente a la decisión del juzgado de inadmitir un recurso contra la citación como imputado. Entendía que vulneró el derecho de defensa.
El recurso incluyó una última alegación. En el escenario de que todas estas resoluciones del juzgado se consideraran válidas y a nivel indiciario se pudiera atribuir a Bellver participación en algún hecho de carácter ilícito, los hechos, comenta, se remontan a 2007. Motivo por el que estarían prescritos. Por todo ello, pidió el sobreseimiento de las actuaciones.
Anticorrupción ve hechos graves
La Fiscalía se ha pronunciado ahora para rechazar todas estas argumentaciones. Anticorrupción admite que cuando se dictó el auto de 2019 que le tenía por investigado "se desconocía" por parte de la jueza y del Ministerio Público que fuera diputado y, por tanto, estuviera aforado.
Cuando se tuvo conocimiento, explica la Fiscalía, se siguió la investigación por hechos que no solo afectaban a Bellver y se le ofreció la posibilidad de personarse. Y, ya en el momento en el que dejó de estar aforado, se le citó como imputado.
Anticorrupción niega igualmente que se esté vulnerando su derecho de defensa porque cuando fue citado tenía a su disposición las actuaciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
En cuanto a la prescripción, argumenta que no es así. Los autos impugnados por Bellver, señala, no solo apunta al delito de prevaricación, sino al de cohecho a funcionario público, malversación y fraude en la contratación. El plazo de prescripción, indica, no es de 10 años, sino de 15 por el delito más grave, que es el de cohecho de funcionario público.
La causa, apunta Anticorrupción, "ha ido avanzando en los hechos atribuidos a Jorge Bellver y a otras personas" a través de declaraciones a funcionarios públicos -tanto de su departamento como del servicio de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia- y a particulares.
A ello se le une, remarca, la documentación completa del expediente de la operación urbanística y sus anexos, documentación que se obtiene de una entrada y registro e información de servidores de una de las empresas tasadoras.
"Cuando se le cita a declarar en calidad de investigado por el conjunto de hechos objeto de investigación se realiza con la documentación completa obtenida del Ayuntamiento de Valencia y de otros particulares , ampliando la carga indiciaria respecto a unos graves hechos delictivos que le afectaban a él y a otros. Todo ello sabiendo Jorge Bellver de la investigación que se lleva a cabo porque fue personalmente notificado", subraya la Fiscalía.
